por Konuco | Feb 17, 2025 | Política, Región
La reciente intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en las oficinas de Naturgas, que agrupa a empresas del sector gasífero en Colombia, ha generado un fuerte rechazo en la oposición. Los congresistas denunciaron que, durante la inspección, se extrajo el teléfono móvil de la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, con un interés particular en los mensajes de texto entre ella y algunos parlamentarios opositores al gobierno de Gustavo Petro. Este hecho ha sido interpretado como un intento de obtener información privada y como una amenaza a la libertad de expresión.
Los representantes Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Juan Espinal, del Centro Democrático, fueron los encargados de hacer públicas las acusaciones. Según ellos, el procedimiento se desvió de su objetivo inicial al enfocarse en los chats entre Murgas y miembros de la oposición. Arbeláez expresó su preocupación por lo que considera una violación a la privacidad y una clara persecución por parte del gobierno, que, según ella, afecta no solo a la oposición, sino también a los medios de comunicación y las cortes.
Espinal anunció que llevarán la denuncia ante varias entidades, incluidas la Procuraduría General y la Fiscalía, además de organismos internacionales. Los congresistas consideran que lo ocurrido refleja un modelo de «expropiación» inspirado en el chavismo. En su opinión, el gobierno está utilizando la SIC como una herramienta para intimidar a los líderes gremiales y opositores. A su vez, cuestionaron la razón de ser de la inspección, ya que Naturgas no tiene injerencia en la regulación de las tarifas del gas natural.
Los argumentos de la SIC
Por otro lado, la superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de su entidad, asegurando que las visitas de inspección son parte de sus funciones de control. Rusinque explicó en una entrevista con Blu Radio que las investigaciones en curso responden a la necesidad de esclarecer posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del gas natural, y que todas las acciones realizadas están dentro del marco legal y constitucional. Negó cualquier influencia política en su decisión, reiterando que no hay intenciones de perseguir a la oposición.
La inspección de la SIC se dio en un contexto complicado para el gobierno, tras el anuncio de aumentos en las tarifas de gas natural en todo el país, lo que generó un rechazo generalizado. A pesar de la justificación oficial, la oposición sigue viendo en estos procedimientos un intento de silenciar a aquellos que critican al gobierno, y alertan sobre las posibles implicaciones políticas de este tipo de acciones.
por Konuco | Feb 14, 2025 | Política, Región
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que la decisión sobre la solicitud del presidente Gustavo Petro para que ‘Epa Colombia’, nombre de Daneidy Barrera Rojas, pueda salir de la cárcel bajo la ley de utilidad pública está en manos de los jueces, no del Gobierno. En una entrevista con La W, Buitrago destacó que el Ejecutivo no interviene en estos procesos judiciales y que, si se busca que la influencer sea beneficiada por esta ley, será necesario que lo soliciten directamente los interesados o su abogado.
“Es imposible hacerlo por vías diferentes a las que establece la ley. Si se quiere aplicar la ley de utilidad pública, eso solo lo decide un juez, el de conocimiento o el de ejecución de penas”, afirmó Buitrago, subrayando la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
El presidente Petro había manifestado su interés en gestionar ante el INPEC para que Barrera Rojas pudiera salir de prisión bajo esta ley, pero la ministra dejó claro que el Gobierno no tiene competencias para conceder ese beneficio. Según la ley, los requisitos básicos para acceder a este beneficio incluyen ser cabeza de hogar, haber cometido delitos como el hurto o el tráfico de estupefacientes, y haber actuado en condiciones de marginalidad, lo que, según el autor del proyecto, Rodrigo Lara, no cumpliría ‘Epa Colombia’.
Además, Buitrago señaló que el Código Penal establece una prohibición para conceder beneficios a personas condenadas por instigación a delinquir, como es el caso de Barrera Rojas, quien fue sentenciada por instigar actividades terroristas. La ministra citó el Artículo 68A del Código Penal, el cual impide otorgar sustituciones a quienes hayan cometido este tipo de delitos.
Sobre las críticas de que la solicitud del presidente podría violar la separación de poderes, Buitrago defendió el derecho de Petro a expresarse libremente. “Debemos respetar la libertad de expresión del presidente. Él tiene derecho a dar su opinión y manifestarse sobre estos temas”, explicó.
A pesar de las aclaraciones de la ministra, el futuro de ‘Epa Colombia’ sigue siendo incierto, ya que dependerá de lo que decidan los jueces, quienes evaluarán si cumple con los requisitos legales para recibir el beneficio de la ley de utilidad pública.
por Konuco | Feb 13, 2025 | Política, Región
Este jueves 13 de febrero comenzaron las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes para acelerar la discusión sobre la reforma a la salud, pero el inicio estuvo marcado por controversias y denuncias de irregularidades. La incertidumbre sobre si habría quorum retrasó el inicio de la sesión, que estaba convocada para las 4:00 p.m. pero arrancó casi una hora después.
La controversia surgió cuando algunos representantes cuestionaron la legalidad de los decretos que respaldan la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara y representante de la oposición por Cambio Radical, denunció que el decreto con el que se citó a las sesiones no cumplía con los requisitos legales. Según Garrido, el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Gustavo García Figueroa, no estaba publicado en el Diario Oficial al momento de la convocatoria, lo que violaría las normativas que rigen los actos administrativos.
Garrido presentó pruebas, como pantallazos, que mostraban que el nombramiento de García no aparecía en el Diario Oficial el 11 de febrero, pero sí el 12 de febrero, lo que la congresista calificó como un intento de manipulación del documento oficial. “Se configuraría falsedad en documento público y fraude procesal”, advirtió la representante. En respuesta, radicó una acción de nulidad contra los decretos y presentó una tutela para suspender la convocatoria mientras un juez decide sobre la legalidad del acto.
La denuncia de Garrido se sumó a la preocupación de otros congresistas, como Andrés Forero, del Centro Democrático, quien afirmó que el decreto para convocar a las sesiones extraordinarias era nulo porque quien firmó la convocatoria, el ministro Gustavo García, aún no estaba posesionado oficialmente en el cargo. Forero calificó la situación como una “usurpación de funciones” y añadió que las sesiones podrían estar viciadas desde su inicio.
Además, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, reconoció que el inicio de las sesiones debió haberse pospuesto hasta este miércoles 12 de febrero debido a los problemas con la publicación de los decretos. Salamanca, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, se vio obligado a convocar a las sesiones una vez que los decretos fueron corregidos y finalmente publicados.
El debate por la reforma a la salud comienza en un contexto de desconfianza y dudas legales que podrían marcar el curso de la discusión. Si las acciones legales de la oposición prosperan, podrían interrumpir el avance de esta controversial reforma que busca modificar profundamente el sistema de salud en Colombia.
por Konuco | Feb 12, 2025 | Política, Región
Este miércoles, durante una Sala Plena, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del presidente Gustavo Petro y otros involucrados en el caso que investiga la presunta violación de los topes electorales en su campaña presidencial de 2022. Con esta decisión, el proceso investigativo se reanuda y continúa su curso, lo que implica nuevos pasos para determinar la responsabilidad de los implicados.
El caso había quedado en suspenso mientras el CNE evaluaba si la solicitud de nulidad era procedente. En su argumentación, los abogados de Petro sostenían que, por cuestiones de competencia, el caso debería ser trasladado a la Comisión de Acusación de la Cámara. Sin embargo, la mayoría de los magistrados (seis) votaron en contra de la nulidad, mientras que tres magistrados, cercanos al Pacto Histórico, salvaron su voto: Altus Baquero (afín al Partido Liberal), Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.
El CNE Actúa Tras Meses de Aplazamientos y Recusaciones
El pasado mes de octubre, tras un largo periodo de aplazamientos, recusaciones y una revisión exhaustiva del expediente, el CNE decidió abrir oficialmente la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. La sospecha principal es que la campaña de primera y segunda vuelta superó los topes de gastos establecidos por la ley electoral, lo que llevó a la autoridad electoral a iniciar un proceso formal.
Con la decisión tomada, comienza una fase clave del proceso: la práctica de pruebas. Según la ley, después de que los investigados presenten sus descargos, el CNE tendrá tres meses para recolectar pruebas. En algunos casos, esta etapa podría extenderse por otros dos meses. Posteriormente, se darán los alegatos finales y, tras ellos, el ponente del caso dispondrá de dos meses para emitir su fallo definitivo, lo que podría ocurrir a finales de junio de este año.
Un Caso Que Podría Largar Más Tiempo Si Se Apelan Decisiones
Si el CNE determinara que la campaña presidencial de Petro violó los topes de gastos, la defensa aún podría interponer una demanda ante el Consejo de Estado. Esta acción prolongaría aún más el proceso y permitiría que la discusión continúe en una instancia superior.
Los Números de la Investigación: Exceso de Gastos en la Campaña de Petro
La investigación sostiene que durante la primera vuelta electoral, la campaña del presidente Petro habría excedido el límite de gastos en aproximadamente $3.709 millones, mientras que en la segunda vuelta el exceso fue de $1.646 millones. En total, se sospecha que los topes fueron violados por un monto cercano a los $5.355 millones. Aunque en las declaraciones oficiales la campaña reportó gastos de transporte por $4.155 millones en la primera vuelta y $1.330 millones en la segunda, los investigadores concluyen que hubo gastos adicionales, especialmente por los servicios contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), lo que llevó a cuestionar la veracidad de los informes presentados.
Este caso sigue siendo uno de los más seguidos en la política colombiana y podría tener un impacto importante en la imagen del presidente Petro, dependiendo de cómo avance la investigación en el CNE.
por Konuco | Feb 11, 2025 | Política, Región
El inicio de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes, que se habían convocado para este martes 11 de febrero, se ha pospuesto hasta el miércoles 12. Este retraso ocurrió por un error administrativo relacionado con la publicación de los decretos oficiales.
El Gobierno Nacional había anunciado que el Congreso iniciaría el debate sobre la reforma a la salud este martes. Sin embargo, hoy se conoció que no se publicaron de manera adecuada los decretos que convocan a las sesiones extraordinarias ni el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Gustavo García Figueroa, quien reemplazó a Juan Fernando Cristo. Esta falta de formalidad en la publicación de los decretos obligó a posponer el inicio de las labores legislativas.
Las explicaciones
El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, explicó que el retraso se debe a temas técnicos relacionados con la publicidad de los nombramientos. “El decreto no fue publicado en los términos correctos, lo que afecta los trámites del Congreso”, comentó Salamanca. A pesar de la demora, aseguró que las sesiones comenzarán el miércoles, y que el Congreso se comprometerá a trabajar de manera conjunta con las bancadas para aprobar leyes útiles para el país.
Este retraso también ha generado controversia en el ámbito político. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, representante de la oposición, expresó su rechazo a las sesiones extraordinarias, argumentando que el proceso está viciado por errores formales. Garrido señaló que el decreto que convoca a las sesiones fue firmado por García Figueroa antes de que su nombramiento fuera formalmente publicado, lo que genera dudas sobre la validez del proceso.
El retraso pone en evidencia la polémica situación que vive el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la crisis ministerial tras las renuncias de varios ministros. Además, algunos sectores de oposición han criticado las sesiones extraordinarias, acusando al Gobierno de priorizar la reforma a la salud mientras el gabinete está en una situación de inestabilidad.
Con todo, las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el viernes 14 de febrero, con el objetivo de avanzar en la discusión de la reforma a la salud. Sin embargo, la oposición continuará vigilante sobre la legalidad del proceso y su impacto en la gobernabilidad del país.
