La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves una sentencia histórica en la que responsabiliza al Estado ecuatoriano por violar los derechos de los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, que viven en aislamiento voluntario en la región amazónica de Ecuador. Esta es la primera vez que el tribunal se pronuncia sobre los derechos específicos de los pueblos indígenas que han elegido vivir de manera aislada.
La Corte subrayó que el Estado ecuatoriano no ha protegido adecuadamente los derechos fundamentales de estas comunidades, tales como la propiedad colectiva, la libre determinación, el derecho a la vida, la salud, la alimentación y la vivienda. Además, el tribunal destacó que es vital proteger la decisión de estos pueblos de permanecer en aislamiento, asegurando que el respeto al principio de no contacto debe ser primordial en todas las acciones del Estado.
Violación de derechos y amenazas a la intangibilidad de la zona
En su análisis, la Corte IDH señaló que, aunque Ecuador creó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) en 1999 para proteger a estas comunidades, la delimitación de la zona no se completó hasta 2007. A pesar de este esfuerzo, la Corte encontró que existen numerosos pozos petroleros cercanos a la ZITT, lo que pone en peligro la vida y el bienestar de las comunidades. Estas actividades extractivas, en particular la explotación petrolera, son una de las principales amenazas para el aislamiento de los pueblos indígenas.
El tribunal también abordó tres incidentes violentos ocurridos en 2003, 2006 y 2013, en los cuales miembros de otros pueblos indígenas o de grupos externos atacaron a las comunidades en aislamiento. Uno de los ataques más graves incluyó el secuestro de dos niñas, quienes fueron separadas de sus familias y entregadas a otro grupo indígena en contacto inicial.
Medidas urgentes y reparación
Como parte de la sentencia, la Corte instó al Estado ecuatoriano a ampliar la ZITT y a garantizar una protección efectiva de la intangibilidad de la zona. También ordenó la creación de una comisión técnica para evaluar y mejorar las condiciones de la zona de aislamiento. Además, la Corte solicitó al gobierno ecuatoriano implementar las medidas acordadas en la consulta popular de 2023, que busca mantener el petróleo del Bloque 43 del Yasuní bajo tierra para proteger la biodiversidad de la región.
Reacciones y apoyo a la sentencia
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) celebró la decisión, calificándola como un «momento histórico» para los pueblos indígenas en aislamiento. A través de su cuenta en X, la organización expresó: “Una decisión clave para la defensa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Yasuní y la región”.
El colectivo Yasunidos, que ha luchado por la no explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, también respaldó la sentencia, destacando que refuerza su lucha en defensa de la región. “Esta es una victoria fundamental para los pueblos indígenas en aislamiento y una razón más para exigir el cumplimiento de la consulta por el Yasuní”, indicó el grupo.
Hasta el momento, la Presidencia de Ecuador no ha respondido oficialmente a la sentencia de la Corte Interamericana. La decisión de la Corte representa un paso significativo hacia la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador y un llamado a respetar su voluntad de vivir sin interferencias externas.