La Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de los Pueblos Indígenas Juan Tama – Inzá, junto con las ocho autoridades representativas de la zona Tierradentro, ha denunciado públicamente los recientes hechos de violencia que afectan gravemente a las comunidades indígenas. La organización alerta sobre un aumento en los actos de exterminio físico, cultural y de gobernabilidad, poniendo en riesgo la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos originarios de la región.
El ataque, perpetrado por disidentes de las FARC, ocurrió en la vereda Quiguanás, específicamente en el punto conocido como Juntas. La Guardia Indígena de la Asociación Juan Tama, que realiza labores de control territorial, se encontró con un grupo armado ilegal durante su patrullaje. Esta situación generó una persecución por parte de la Guardia, a la que los disidentes respondieron con un tiroteo.
Durante el enfrentamiento, la Guardia Indígena fue acompañada por un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los miembros de la Guardia, apoyados por las fuerzas de seguridad, repelieron el ataque con la finalidad de proteger su integridad y la de la comunidad local. Este incidente, que duró alrededor de dos horas, afectó tanto a la Guardia como a los residentes de Santa Rosa de Capicisco.
Gracias a la valentía de la Guardia y la cooperación de la comunidad, se logró recuperar dos motocicletas y decomisar dos artefactos explosivos artesanales, junto con municiones. Estos elementos fueron entregados a la fuerza pública para su destrucción controlada. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los miembros de la Guardia ni los comuneros, gracias al trabajo coordinado.
Frente a este contexto, la comunidad indígena de Santa Rosa de Capicisco ha declarado una asamblea permanente, con el objetivo de hacer frente a la creciente ola de violencia que afecta a los territorios de la zona Tierradentro. Además, llaman a mantenerse firmes en la defensa de los derechos indígenas y a trabajar en unidad por la armonía territorial.
En un comunicado urgente, las autoridades indígenas hicieron un llamado a los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, incluyendo MAPP-OEA, la ONU y la CIDH, para que ejerzan presión sobre el Gobierno Nacional, Departamental y Local. Exigen que el Estado asuma su responsabilidad constitucional y proteja a los pueblos indígenas de la violencia y el despojo territorial.
La comunidad indígena reafirma su compromiso como defensora de la vida, de los derechos colectivos e individuales, y de la armonía territorial. Rechazan rotundamente cualquier acto que vulnere su autonomía y sus derechos fundamentales.