La Unidad para las Víctimas, entidad encargada de la atención y reparación a víctimas del conflicto armado en Colombia, presentó su oferta institucional a las comunidades indígenas del departamento de Huila. En un encuentro celebrado en la sede del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) en la ciudad de Neiva, los representantes del gobierno indígena se apoyaron con la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para conocer las respuestas a sus solicitudes de atención.
Este encuentro fue el resultado de un compromiso adquirido por parte de la Unidad durante la minga indígena que tuvo lugar en Bogotá en abril de este año. En respuesta a este compromiso, se brindó información detallada sobre el número de miembros de las comunidades indígenas incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como las diferentes vías de acceso a los procesos de atención, asistencia, retornos, reubicaciones y reparación, tanto a nivel individual como colectivo.
Durante la reunión, los representantes de las comunidades indígenas tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas y recibir respuestas por parte de la Unidad para las Víctimas. Este diálogo abierto y transparente permitió aclarar las inquietudes relacionadas con los procesos de reparación integral, fortaleciendo así la confianza entre las comunidades indígenas y la entidad responsable de la atención a las víctimas.
La Unidad para las Víctimas reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades indígenas, reconociendo su condición de víctimas del conflicto armado y su derecho a una reparación integral. Asimismo, se resaltará la importancia de la participación activa de las comunidades en la construcción de las estrategias y acciones que se implementarán para garantizar su bienestar y superar las afectaciones sufridas.
Este encuentro representa un avance significativo en el proceso de atención y reparación a las víctimas indígenas en el departamento de Huila. La Unidad para las Víctimas continúa trabajando en estrecha colaboración con las comunidades indígenas y otras entidades del Estado para asegurar que sus derechos sean protegidos y sus necesidades atendidas de manera integral.