La Contraloría General de la República ha revelado que está manejando 522 procesos de responsabilidad fiscal en el sector salud, con un monto total que asciende a $11 billones. Además, ha emitido 111 imputaciones fiscales por $498.539 millones y ha dictado 41 fallos ejecutorios por $542.995 millones, lo que pone de manifiesto la magnitud de los problemas detectados en la gestión pública en este sector.
Entre los principales hallazgos de la Contraloría se encuentran serias irregularidades en el cumplimiento de los indicadores financieros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Estas incluyen el uso indebido de los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los fondos asignados a las EPS para la atención de los afiliados. A su vez, la Contraloría ha identificado un complejo rastreo de deudas entre distintos actores del sistema de salud.
Un tema particularmente preocupante es la construcción de hospitales financiados por el Ministerio de Salud, donde la Contraloría ha emitido 14 alertas. Estas alertas apuntan a fallas significativas en la planeación y ejecución de los proyectos hospitalarios en diversas regiones del país. De acuerdo con el informe, se evidencian graves irregularidades en la correcta utilización de los recursos públicos asignados para estas obras.
El organismo de control ha consolidado 871 hallazgos administrativos durante el 2024, de los cuales 182 tienen una incidencia fiscal que supera los $181.000 millones. Entre los hallazgos más graves, más de 14 EPS no cumplieron con los requisitos financieros establecidos por la ley, lo que incluye no haber constituido reservas técnicas adecuadas ni mantener los niveles adecuados de liquidez.
Una de las fiscalizaciones más relevantes de la Contraloría reveló que algunas EPS utilizaron más de $6 billones de la UPC para el pago de deudas viejas, algunas con más de 13 años de antigüedad, en lugar de destinar estos recursos a la prestación de los servicios de salud. Además, se encontraron pagos sin soporte a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por un total de $5 billones. Ante esto, la Contraloría ha abierto indagaciones preliminares para investigar el destino de estos recursos.
Con el fin de monitorear mejor el flujo de pagos, la Contraloría ha implementado un sistema de rastreo para seguir el movimiento de los pagos dentro del sistema de salud, desde la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta las EPS, IPS y prestadores de servicios. Este sistema busca garantizar que los fondos sean utilizados de manera correcta y evitar posibles desvíos.
Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general, ha subrayado que estas acciones no tienen un carácter subjetivo, sino que se basan en un enfoque técnico. Además, ha mantenido reuniones con los principales actores del sector salud para presentar los hallazgos y discutir las medidas necesarias para corregir las deficiencias encontradas.
La Contraloría sigue comprometida con la supervisión rigurosa de los recursos públicos, buscando asegurar que se utilicen adecuadamente para la mejora del sistema de salud en el país. Las irregularidades detectadas evidencian la necesidad urgente de una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos destinados a este sector clave para la sociedad.