La reciente decisión de la Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, de arrendar 19 camionetas eléctricas de lujo por un monto superior a los 21 mil millones de pesos ha desatado una fuerte controversia. La medida, considerada más costosa que la compra directa, ha generado críticas sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia del proceso.
La Alcaldía de Medellín ha iniciado un contrato para el arrendamiento de 19 camionetas eléctricas de lujo, en un proceso que ha comenzado a partir de finales de abril de 2024. Este acuerdo, valorado en más de 21 mil millones de pesos, busca proveer transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros a la ciudad. Sin embargo, el alto costo del arrendamiento, que supera ampliamente el valor de adquisición de los vehículos, ha generado inquietudes y cuestionamientos entre los ciudadanos y expertos en administración pública.
El contrato fue adjudicado a la Cooperativa de Transportadores Contratistas (COOMULTRANSCON), una empresa que, a pesar de no cumplir con uno de los requisitos financieros esenciales —un índice de liquidez mínimo de 2.5— recibió la concesión para proveer 30 camiones. COOMULTRANSCON solo presentó un índice de liquidez de 2.34, lo que ha sido criticado como una irregularidad en el proceso de adjudicación.
Esta situación ha planteado dudas sobre la transparencia y la coherencia en la gestión de los recursos de la Alcaldía. Federico Gutiérrez, conocido por su retórica sobre la prudencia fiscal y el buen uso de los fondos públicos, enfrenta ahora críticas por esta decisión. Los detractores argumentan que el arrendamiento es innecesariamente costoso y que la adjudicación a una empresa con deficiencias financieras plantea serias preguntas sobre el proceso de licitación.
En un contexto donde los ciudadanos de Medellín ya enfrentan una carga fiscal alta y la incertidumbre provocada por recientes avalúos catastrales, la elección de arrendar en lugar de comprar ha sido vista como una medida que podría agravar la percepción de mala gestión. Las críticas también se centran en la posible falta de transparencia en el proceso de adjudicación y el impacto financiero de esta decisión en el presupuesto de la ciudad.
La controversia sobre el arrendamiento de las camionetas de lujo plantea preguntas cruciales sobre la administración de los recursos públicos en Medellín. A medida que las críticas continúan, el alcalde Federico Gutiérrez deberá abordar las preocupaciones de los ciudadanos y justificar la elección de esta costosa modalidad de arrendamiento. La situación subraya la necesidad de una mayor transparencia y una gestión fiscal más rigurosa en la administración pública, mientras Medellín observa con atención el desenlace de esta polémica.