En medio de la controversia desatada por las recientes protestas en Socorro, Santander, donde se acusa al alcalde electo, Ángel Antonio Acevedo Martínez, de estar vinculado con actos vandálicos, las autoridades locales se reunieron en un Consejo de Seguridad el pasado 12 de diciembre, a las 10:13 a.m., para abordar la situación y buscar soluciones.
Durante la reunión, se dejó constancia de la presunta implicación de Acevedo y su equipo político en los disturbios que afectaron la propiedad pública y privada en la región. En el marco de la discusión, la Alcaldesa Municipal expresó su preocupación por la falta de claridad en la ruta a seguir y la posibilidad de que se recurra al uso de la fuerza. Además, denunció hostigamientos y amenazas recibidas a través de chats, algunos provenientes del grupo de empalme del alcalde electo, que manifestaban la intención de obstruir la entrada a la alcaldía.
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La reunión también contó con la intervención de la Defensoría del Pueblo, que ofreció su colaboración para implementar una ruta que permita abordar la situación de manera pacífica. El Secretario General y de Gobierno, Dr. Javier Cala, solicitó información para crear un chat donde las autoridades puedan coordinar acciones.
En medio de la tensión, la Alcaldesa Municipal hizo un llamado a la intervención de la policía, respaldada por los entes de control, para garantizar la seguridad y el orden público. Se resaltó la importancia de respetar las manifestaciones, pero se expresó la preocupación por posibles obstrucciones a la entrada de la alcaldía, lo cual podría afectar el normal funcionamiento de las instituciones.
Por su parte, La teniente coronel Jennifer Moreno informó que un líder de la comunidad expresó la voluntad de habilitar la vía en un solo sentido para descongestionar la situación, lo cual fue recibido como un paso positivo. Sin embargo, la Alcaldesa reiteró la necesidad de agotar todos los requerimientos legales y activar el Puesto de Mando Unificado (PMU) ante la falta de acuerdos.
En este contexto, la comunidad espera respuestas y soluciones a través de acciones coordinadas entre las autoridades locales y nacionales, mientras se profundizan las investigaciones sobre la presunta vinculación del alcalde electo con los disturbios.