La Costa Caribe de Colombia enfrenta una grave crisis de alumbrado público, con un apagón inminente que podría dejar a los departamentos de Guajira, Magdalena y Atlántico en la oscuridad.
La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (ANAP) ha alertado sobre las consecuencias devastadoras de la decisión reciente de la interventoría de la Empresa AIRE de suspender el cobro por estos servicios vitales.
Una Decisión Cuestionable
Armando Gutiérrez, Director Ejecutivo de ANAP, ha criticado fuertemente la decisión del Agente Interventor, Ingeniero Carlos Diago, calificándola de «arbitraria e ilegal».
Esta medida se ha tomado sin realizar un análisis exhaustivo y contradice la Ley 1819 de 2016, que establece que el recaudo del impuesto de alumbrado público debe realizarse a través de las facturas de servicios públicos domiciliarios.
«La falta de acción del Gobierno para mitigar esta situación es alarmante. Los municipios se quedarán sin recursos para pagar la energía del alumbrado, lo que generará un colapso en los servicios», advirtió Gutiérrez.
Consecuencias para la Comunidad
La decisión de no cobrar por el alumbrado público no solo implica la posibilidad de un apagón, sino que también detendría las iniciativas de modernización, como la transición de luminarias de sodio a LED, que buscan reducir el consumo energético.
Esto afectará directamente la seguridad de los ciudadanos en una región donde la violencia y la delincuencia son preocupaciones constantes.
Gutiérrez hizo un llamado urgente al Agente Interventor para que reconsidere su postura. «Si no se actúa rápidamente, se romperá la continuidad del servicio y se abrirán caminos para acciones legales contra las entidades territoriales», agregó.
Lo que se puede venir
La inminente crisis de alumbrado público en la Costa Caribe subraya la necesidad de una gestión responsable y conforme a la ley de los servicios públicos.
La decisión del Agente Interventor no solo pone en riesgo la seguridad de millones de ciudadanos, sino que también puede acarrear serias consecuencias legales y financieras para las autoridades locales.
Es imperativo que se tomen medidas proactivas para evitar que esta situación se agrave.
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