Durante una actuación especial de fiscalización realizada en el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $160 mil millones en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los hallazgos se centran en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI), que tiene como objetivo beneficiar a las comunidades campesinas y étnicas del país.
Irregularidades identificadas en la compra de tierras
La auditoría, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el periodo entre 2022 y abril de 2024. Los resultados de esta investigación incluyeron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 podrían tener implicaciones disciplinarias, y 6 tienen un posible alcance fiscal. También se solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, debido a la incongruencia en la información presentada por la ANT.
Una de las principales irregularidades detectadas es la compra de predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria. Algunos de los terrenos adquiridos están clasificados como clase VII, lo que los hace aptos solo para uso forestal, pero no para cultivos o ganadería. Más del 50% de la superficie de varios predios adquiridos presenta estas limitaciones, lo que viola la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de tierras con más del 20% de su área en suelos de clase VII y VIII. Además, algunos de estos predios tienen un 30% de humedales, lo que agrava aún más su viabilidad para el desarrollo de proyectos productivos.
Ocupaciones ilegales y retrasos en la entrega de tierras
Otro hallazgo significativo fue la ocupación ilegal de varios de los predios adquiridos. La falta de control adecuado por parte de la ANT permitió que estas tierras fueran invadidas, lo que generó un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones. La ausencia de diligencia para recibir materialmente las tierras adquiridas también afectó a las comunidades campesinas y étnicas que debían beneficiarse de ellas.
En cuanto a los retrasos en la entrega de los predios, se observó que solo el 18,5% de las tierras adquiridas al Fondo de Tierras han sido registradas y transferidas oficialmente. De los 205 predios, solo el 12,2% fueron entregados a las comunidades campesinas, el 5,3% a comunidades indígenas y solo el 1% a comunidades afrodescendientes. Este retraso ha afectado la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales, incumpliendo las metas establecidas en la Reforma Rural Integral.
Impacto en el desarrollo rural
La falta de celeridad en la entrega de tierras ha generado costos adicionales para la ANT debido al mantenimiento de tierras adquiridas pero no entregadas. Además, este atraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz. Se calcula que el retraso ha generado un detrimento de $110.322 millones en recursos públicos.
Estas irregularidades evidencian la necesidad urgente de mejorar la gestión en la adquisición y distribución de tierras dentro del marco de la Reforma Rural Integral para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera efectiva y beneficien a las comunidades más vulnerables.