La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una inspección disciplinaria en la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido al escándalo por el uso indebido de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes. El ente de control evaluará si se violaron los protocolos de los esquemas de protección y revisará los contratos celebrados con empresas tercerizadas para prestar servicios de seguridad.
El equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Lucila Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales para identificar las responsabilidades de los agentes de protección involucrados. Este procedimiento se desencadenó después de que en un retén militar, cerca de Bello, Antioquia, se detuviera una caravana que transportaba a disidentes de las FARC. En los vehículos se encontraron armas de fuego, municiones, dinero y otros elementos.
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«Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos», señaló Vidal Luque. Añadió que, aunque aparentemente el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no se descarta indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes.
La Directora Nacional advirtió que esta situación podría derivar en conductas disciplinarias relevantes que involucran a servidores del nivel directivo y otros. Anunció que se realizará una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello para continuar con la investigación.
Este caso ha generado una profunda preocupación sobre la integridad de los esquemas de protección y la transparencia en la contratación de servicios de seguridad, y se espera que las investigaciones de la Procuraduría arrojen claridad sobre las responsabilidades y posibles sanciones.