La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador del Magdalena, al alcalde de El Banco y a los comandantes regionales de Policía y Ejército activar medidas efectivas para restablecer el derecho a la educación en la zona rural de ese municipio, donde las clases están suspendidas por amenazas del Clan del Golfo contra los docentes.
Según información de medios locales, los maestros han sido víctimas de extorsión desde el 6 de febrero, lo que los ha obligado a abandonar sus labores.
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La Procuraduría, a través de la Procuradora Regional, instó a las autoridades a implementar planes urgentes de vigilancia, prevención y protección a los docentes afectados, además de reforzar las labores de inteligencia y coordinación entre la fuerza pública para combatir este delito.
También exigió la activación inmediata del Comité de Docentes Amenazados.
La situación afecta especialmente a los docentes de la zona rural, quienes deben desplazarse por áreas con presencia de grupos armados. La crisis de seguridad en el Magdalena ha alcanzado niveles críticos, impactando directamente a la comunidad educativa.
Genaro Gutiérrez, presidente saliente del Sindicato de Educadores del Magdalena, denunció que los maestros están siendo obligados a pagar extorsiones para poder llegar a sus lugares de trabajo. «Hemos tenido que salir a las calles a defender la vida y exigir seguridad», afirmó.
Según el dirigente sindical, la violencia contra los docentes no es un fenómeno reciente en la región. En 2024, un maestro fue asesinado y las amenazas han sido constantes. «En enero de este año salimos a protestar y a denunciar la situación, pero seguimos sin respuestas efectivas», agregó.
Los educadores han solicitado la realización de consejos de seguridad extraordinarios y acciones concretas para garantizar su protección.
Sin embargo, hasta el momento, las reuniones con las autoridades no han generado soluciones satisfactorias.
«No podemos seguir trabajando con miedo, sin saber si al salir de nuestras casas podremos regresar», manifestaron.
Ante este panorama, la Procuraduría reiteró la necesidad de una respuesta inmediata para garantizar la seguridad de los maestros y permitir el restablecimiento de las clases en la región. Colprensa