El pasado sábado 11 de enero, un hecho de violencia estremeció al resguardado San Lorenzo, en el municipio de Riosucio, Caldas, cuando un hombre indígena fue brutalmente agredido por negarse a revelar si tenía hijos.
Este acto de tortura, perpetrado por un grupo de siete hombres armados y uniformados, responde a las crecientes amenazas que enfrentan las comunidades indígenas de la región por parte de grupos armados ilegales, que buscan reclutar forzosamente a menores de edad.
Según el testimonio de la víctima, quien fue identificado como un habitante del resguardo, los agresores llegaron a su hogar y lo interrogaron, preguntándole específicamente si tenía hijos. Temiendo que sus hijos pudieran ser secuestrados y reclutados por estos grupos, el hombre se negó a responder. La negativa enfureció a los atacantes, quienes no dudaron en someterlo y torturarlo.
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Durante el ataque, los hombres amordazaron al indígena y lo empalaron, sometiéndolo a una agonía prolongada. Además, destrozaron los alimentos que el hombre tenía en su casa, una humillación adicional a la brutal agresión. Tras la golpiza, la víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Riosucio, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a un centro médico más especializado en Manizales.
La denuncia fue realizada por Andrés Felipe Lasso Ledesma, abogado y coordinador nacional de la ONG Colombia Visible, quien aseguró que el ataque forma parte de un patrón de hostigamiento y violencia que afecta a la población indígena de la zona. Según Lasso Ledesma, en diciembre del año pasado ya se había reportado la presencia de personas ajenas a los resguardos indígenas de Escoptera y Pirza, quienes intimidaron a los habitantes y provocaron desplazamientos forzados.
En respuesta a este caso, el personero de Riosucio, Daimer Moreno, confirmó el ataque y expresó su preocupación por la creciente presencia de grupos armados ilegales en la región. Como medida preventiva, se anunció un consejo de seguridad para este miércoles, en el cual se abordará específicamente este hecho violento.
A pesar de las denuncias, la Policía de Caldas ha afirmado que no se han detectado grupos armados en la zona, aunque se ha activado un protocolo de investigación para determinar la identidad de los agresores y prevenir futuras agresiones. Liliana Jiménez, comandante de la Policía de Caldas, indicó que se están tomando todas las medidas posibles para garantizar la seguridad en la región.
El caso también ha puesto en evidencia una preocupante falta de protección para los defensores de derechos humanos, ya que Lasso Ledesma reveló que, desde el 3 de enero, no ha recibido el acompañamiento de seguridad que había sido asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que lo ha dejado vulnerable a represalias por parte de los grupos criminales.
Este hecho pone de manifiesto la situación de riesgo que viven las comunidades indígenas en Colombia, que continúan siendo blanco de grupos armados ilegales en su lucha por el control territorial y el reclutamiento forzado de menores. La situación exige una respuesta urgente de las autoridades para garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales de estas poblaciones vulnerables.