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La administración del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se encuentra bajo la lupa debido a la asignación de contratos por más de 1.4 billones de pesos sin licitación pública. Según una investigación de Nación Paisa, entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2024, se firmaron 680 contratos de manera directa, beneficiando a un selecto grupo de empresas y fundaciones.

Detalles de la investigación

La Unidad Investigativa de Nación Paisa obtuvo información a través de un derecho de petición a la Secretaría de Suministros y Servicios. Los datos revelan que estos contratos, adjudicados sin proceso de licitación, alcanzan una suma escandalosa que supera 30 veces el monto involucrado en el conocido caso de la UNGRD. Este hecho ha generado serios cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos y la posible existencia de favoritismos en la administración municipal.

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Críticas y repercusiones

Durante su campaña, Federico Gutiérrez prometió reducir la burocracia y promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, la realidad actual parece contradecir esas promesas, planteando dudas sobre la efectividad de su administración. La falta de licitación pública en la adjudicación de contratos ha levantado sospechas de irregularidades y corrupción, llamando la atención sobre la necesidad de mecanismos robustos de control y supervisión.

Beneficiarios y criterios de selección

La investigación destaca que numerosas fundaciones y organizaciones religiosas han sido favorecidas con estos contratos, lo que plantea preguntas sobre los criterios de selección utilizados. Si bien estas entidades deben operar sin ánimo de lucro, también necesitan autofinanciarse, lo que justifica la preocupación sobre los pagos y los posibles conflictos de interés.

Transparencia y control

La situación actual subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Los organismos de control están obligados a investigar posibles delitos contra la administración pública, como el interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho. La atención está ahora en la Alcaldía de Medellín y en las medidas que tomará para abrir las contrataciones y evitar futuras irregularidades.

 

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