En una carta dirigida al Presidente de la República Gustavo Petro, el protagonista del denominado “Cartel de la Toga” se pronuncia desde una cárcel de Colombia para solicitar que los nacionales no sean extraditados.
Por medio de esta carta y de un audio que envió a través de sus abogados expone lo que fue su experiencia en las cárceles de Estados Unidos y en la manera que según él, el gobierno americano presiona a los implicados para que se declaren culpables antes de ir a juicio. Moreno Rivera ex fiscal anticorrupción fue acusado de recibir sobornos para favorecer a políticos. Actualmente actúa como testigo clave de la Fiscalía General de la Nación.
Moreno estuvo en las peores cárceles de Estados Unidos y desde allí compartió con el Cartel de Medellín y demás organizaciones criminales que han sido objeto de fuertes operativos en la lucha antidrogas que el gobierno libera hace varias décadas.
En la carta que le envió al presidente dice lo siguiente:
“En mi calidad de persona privada de la libertad, que fue extraditada y pagó pena de prisión en las peores cárceles de los Estados Unidos de América y en la actualidad testigo de la Fiscalía General de la Nación, en casos de corrupción, de la manera más respetuosa por este medio me dirijo a su despacho con el fin de efectuar una solicitud”.
Señala que los máximos responsables de este hecho siguen en libertad. También asegura que él sufrió las consecuencias de estar al interior de una cárcel estadounidense.
“Fui extraditado a los EEUU por actos de corrupción que se relacionaron con mi rol de ex funcionario público y miembro de una organización criminal conocida como “El Cartel de la Toga”, al ser el mensajero de esta organización, lastimosamente donde aún los máximos responsables siguen en libertad y se encuentran viviendo en otros países, al igual que los políticos que se beneficiaron de esta red” “Sufrí en carne propia, el pagar una tortuosa pena en los Estados Unidos, y viví el dolor de los colombianos condenados por otro país, allí vi realmente el abandono en el que se encuentran, frente a los derechos que tiene todo ser humano privado de la libertad aun siendo extraditable”.
Moreno asegura que en el sistema judicial norteamericano los colombianos sufren las peores consecuencias:
“En un sistema judicial que poco tiene que hacer un connacional frente a un jurado americano en un juicio donde el estigma de ser colombiano ya es suficiente para una condena, desconociendo principios y garantías legales, como el principio de especialidad, vi como campesinos y pescadores de distintas partes de Colombia que no sabían ni leer ni escribir fueron entregados en extradición, eran presentados como grandes capos de la mafia colombiana y así fueron condenados por el gobierno Americano, sin serlos realmente”. Señala Moreno en su carta.
De igual forma menciona que los verdaderos implicados reciben beneficios:
“Los verdaderos narcotraficantes considerados terroristas por la justicia Americana al entregar grandes sumas de dinero, información valiosa, recuperan de manera pronta su libertad o de forma inmediata con figuras como el asilo, en territorio norteamericano y no regresan a Colombia a enfrentar otros llamados de la justicia colombiana”.
Señala también que los tiempos en prisión son más largos al ser deportados:
“Donde pese a recuperar la libertad como extraditado por pena cumplida son abandonados en cárceles de migración 2 o más meses con el propósito de ser deportados, pagando aún así más tiempo dentro de las cárceles. Mientras, por otro lado, personas de otras nacionalidades tan solo duran una semana o menos”.
Afirma que este hecho dejó ser una lucha contra las drogas para convertirse en una lucha por dinero y números, donde al ser latinos no obtienen beneficios como los norteamericanos, ni oportunidades de resocialización:
“Dejó de ser una lucha contra las drogas, por el contrario es una lucha por dinero sólo les importa decomisar plata. Solo falta ahora que extraditen nacionales por el delito de inasistencia alimentaria y ni hablar que muchos de los extraditados son productos de entrampamientos, no son golpes reales a la criminalidad sino una estadística. Donde no existe para el privado de la libertad resocialización, ni beneficios, ni redención por trabajo o estudio por ser latinos como a diferencia del caso de los norteamericanos ya que ellos sí acceden a estos descuentos y rebajas de penas aun siendo condenados por los mismos delitos e incluso por los mismos hechos”.
Frente a lo siguiente Moreno presentó tres solicitudes:
- Suscribir un tratado que permita que los derechos de los privados de la libertad sean respetados como ocurre con cualquier otro ciudadano de otros países. En la actualidad no existe tratado de extradición, lo que ha permitido la violación de derechos humanos de forma sistemática.
- Revisar los tiempos de deportación de las personas que ya cumplieron sus penas en los Estados Unidos, ya que prácticamente se paga otra condena adicional en las cárceles de migración esperando una deportación tardía.
- Para las penas que no superen los 10 años se permita la aplicación del código de procedimiento penal en sus artículos 515 y 514, incluso a petición del Gobierno Nacional cuando las personas se encuentren cooperando con el mismo.
Frente al último punto el artículo 515 menciona lo siguiente:
“Ejecución en Colombia. Las sentencias penales proferidas por autoridades de otros países contra extranjeros o nacionales colombianos podrán ejecutarse en Colombia a petición formal de las respectivas autoridades extranjeras, formulada por la vía diplomática”.
y concluye su carta refiriéndose al lado humano y la reflexión que le ha suscitado estar privado de la libertad:
“En este camino he aprendido el valor y el lujo del tiempo, he aprendido los conceptos básicos de la existencia humana como la gratitud, la compasión, perdón, el honor, la moral, también a reírme de mí con el compromiso de ser mejor. A la espera de que las voces de nosotros lo privados de la libertad, sean tenida en cuenta y tengan una oportuna respuesta”.
Escucha los audios aquí:
Parte 1:
Parte 2
Audio completo aquí:
Es de precisar que para que un colombiano sea extraditado solo se necesita la orden de un oficial o investigador. Hecho que no contrasta con la realidad colombiana en la que se debe hacer un proceso de acusación para mirar la viabilidad.
El tratado de extradición no fue aprobado por el gobierno colombiano y no hay suelo jurídico que les permita hacer un acuerdo con base en las dos naciones.