La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, como presunto responsable de varias irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía. En marzo del 2015, el entonces mandatario acudió ante el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur para que la iniciativa fuera aprobada y cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías.
Ante esta instancia habría desconocido varios requisitos esenciales para lograr la autorización. Por ejemplo, la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento. El material de prueba da cuenta de que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones. Una con información falsa que pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él; y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto.
De esta manera, los funcionarios del OCAD fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía. Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la inconveniencia de continuar con la licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas. Lejos de atender cualquier advertencia, el entonces mandatario celebró el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, con el objeto de desarrollar soluciones energéticas híbridas para el abastecimiento de energía eléctrica en las comunidades indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu (Amazonas), y su contrato de interventoría 957 de 21 de septiembre de 2015, por un valor superior a 26.869 millones de pesos En las investigaciones se constató que las poblaciones a beneficiar ya tenían servicio de energía; además, una de ellas no era la misma que fue incluida en el proyecto inicial que presentó la Gobernación de Amazonas ante el OCAD para que fuera aprobado el uso de
regalías. De otra parte, se conoció que la finalidad prevista en el contrato de obra no se cumplió.