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La reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación ha generado una gran polémica y un profundo malestar en diversos sectores de la sociedad colombiana. La suspensión de órdenes de captura, tal como se dispone en la Resolución 0282, ahora también se extiende a situaciones de flagrancia. Esta medida, emitida en la noche del pasado martes mediante la directriz 0069, ordena la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, argumentando que, en virtud de esa decisión, no puede ser capturado.

El polémico documento, firmado por la Fiscal General Luz Adriana Camargo el 23 de julio, establece que las órdenes de captura contra Echavarría Escobar han estado suspendidas desde el 4 de julio. A pesar de que Echavarría fue detenido con armamento y dinero en efectivo, la resolución se mantiene vigente, lo que ha suscitado críticas por permitir la libertad de un individuo involucrado en actividades ilícitas. La directriz señala que la suspensión de las órdenes de captura se otorga por cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha de expedición de la resolución, un plazo que aún no ha concluido. Además, se especifica que esta suspensión se extiende incluso a situaciones de flagrancia, ordenando así la libertad inmediata de Echavarría Escobar.

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Esta decisión ha sido fuertemente cuestionada por varios sectores políticos y sociales. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, criticó duramente la medida, argumentando que no se pueden otorgar salvoconductos para cometer delitos. «Los criminales del EMC fueron capturados en flagrancia con armas y dinero. Petro nos lleva por un pésimo camino, pero de este mal momento vamos a salir», afirmó Uribe Turbay.

La congresista Paloma Valencia también expresó su indignación, señalando que alias Firu, otro disidente que operaba en Antioquia en camionetas blindadas de la UNP, fue liberado a pesar de tener órdenes de captura vigentes. Valencia destacó que alias Firu no estaba en la lista de criminales con órdenes de captura suspendidas y calificó la situación como una clara irregularidad en los procedimientos judiciales.

«Es momento de preguntarnos si el gobierno Petro está combatiendo los grupos ilegales o haciéndoles la vida fácil. Es muy grave lo ocurrido en Antioquia, donde una caravana de siete camionetas, presuntamente inscritas en la UNP, fue detenida. En ella encontraron a «Firu», uno de los cabecillas más buscados de las disidencias de las FARC. ¿Por qué viajan en camionetas financiadas con el presupuesto nacional?, señaló la senadora.

Ante esta controversia, desde el Congreso no se descarta citar a la Fiscal General para que explique los motivos que la llevaron a firmar esta directriz y ordenar la libertad de estos peligrosos disidentes. También se solicitará una respuesta inmediata al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, para que aclare su posición sobre estas liberaciones y las medidas que se están tomando al respecto.

 

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