La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por nueve años al exalcalde de Cartagena, William Dau, debido a irregularidades en la contratación de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en 2020. Estas irregularidades comprometen la ética y la legalidad en el manejo de recursos públicos.
El fallo determina que Dau no podrá ejercer cargos públicos durante este periodo, buscando garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. La decisión se basa en denuncias sobre la adquisición de 10,000 pruebas rápidas, las cuales presentaron inconsistencias en su contratación.
La Procuraduría encontró que la administración de Dau cometió faltas graves que justifican esta medida, orientada a prevenir actos de corrupción y promover una gestión pública responsable. Esta decisión también incluye al exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Álvaro José Fortich, quien estuvo involucrado en la firma del contrato con Ventas, Marketing y Distribución Ltda., una empresa que no tenía la capacidad para cumplir con el contrato, lo que llevó a su incumplimiento.
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El fallo destaca que, aunque la entidad no estaba obligada a realizar estudios previos, sí tenía la responsabilidad de proteger los intereses de la población beneficiaria de las pruebas COVID-19. Los kits adquiridos por $72,500 tenían precios significativamente mayores comparados con otros laboratorios acreditados, que ofrecían precios desde $21,500.
Además, la Procuraduría ratificó en segunda instancia la sanción contra Dau por llamar «nido de ratas» y «malandrines» a los directivos de la Universidad de Cartagena durante el proceso de selección del contralor distrital en 2020.
Esta sanción forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Procuraduría para asegurar que los funcionarios públicos en Colombia cumplan con los estándares éticos y legales en su gestión.