Bogotá, D.C., 2 de abril de 2024. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a Latinoamérica a defender los derechos políticos y garantizarlos sin importar la ideología. “Acabar con la Convención Americana de Derechos Humanos nos lleva a toda América Latina a la barbarie”, dijo.
En la posesión de la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya, el mandatario manifestó que “lo que hay en el trasfondo es la necesidad de preservar el derecho político a elegir, a ser elegido, a participar en igualdad de condiciones con el Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es solamente al individuo Petro o a otro individuo cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad fundamental”.
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Reiteró que «el punto democrático es mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía, independientemente de que sus maneras de pensar o creer cambien siempre en el tiempo”.
El Presidente indicó que “el derecho a elegir no es solo individual. Es de la sociedad y hoy esta discusión (se evidencia) muy bien en los hechos de Venezuela a la señora María Corina (Machado) y otros previamente: se inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas”.
“A Leopoldo López lo inhabilitaron en Venezuela. Exactamente lo mismo que me querían inhabilitar a mí aquí”, enfatizó.
Durante su intervención, agregó que “pasa lo mismo aquí como una especie de doble moral; atacamos lo que hacen allá porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí se hace lo mismo, que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado y no solo para individuo, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela, últimamente, taparon las circunstancias con un fallo judicial”.
El mandatario explicó que una sanción administrativa, como la que otorga la Contraloría, la Procuraduría a través de procesos disciplinarios, “es exactamente lo mismo que la que se hace en Venezuela”.
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El Presidente puntalizó que “en Colombia se vulnera el derecho fundamental político, porque se permite que autoridades administrativas inhabiliten y quiten derechos políticos, contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana”.
En ese sentido, dijo que «si nosotros queremos y debemos criticar los hechos anticonvencionales que suceden en un país como Venezuela, habría que agregarle Perú, habría que agregarle Paraguay, habría que agregarle Honduras, habría que agregarle Guatemala en los últimos años. También tendríamos que agregar Colombia»
Anotó que se ha hecho un “uso extorsivo de los órganos de control locales de la política para oponerlas al uso de oponentes o detractores, o se ventila a través de la justicia penal, como se ha politizado la Fiscalía”.
Al referirse a su caso, dijo que el Consejo de Estado lo volvió doctrina, un hecho jurídico fundamental estructurante, que rescató el derecho político en el país.
“Yo quisiera que, ojalá, podamos restituir el derecho político en toda su plenitud y la discusión latinoamericana”, dijo al solicitar que se amplíe “a los derechos de la mujer, de la naturaleza, sociales, culturales, colectivos”.