En los últimos días se ha venido presentando una controversia con respecto al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de la erradicación del uso de Glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito. Esta intención fue propuesta en su campaña presidencial y una vez posesionado se materializó. El presidente propone esto como una forma de evitar afectaciones y riesgos a los pobladores de las zonas.
Este anuncio generó diferentes reacciones en el país, entre la oposición se calificó esta decisión como un retroceso en la lucha contra las drogas que derivaría en un aumento de las hectáreas sembradas con coca y otros cultivos de uso ilícito, por otro lado organizaciones sociales y campesinas respaldaron la decisión. Esta polémica discusión hizo que el Presidente de la República aclarará que la suspensión de la fumigación aérea con glifosato no traduce en un aval para nuevos sembradíos. Por el contrario, el mandatario afirmó que la prioridad es cumplir con los compromisos adquiridos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
“Harán parte de los mecanismos PNIS en lugares de selvas y reservas los acuerdos para pagos mensuales por revitalizar la selva. Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa”, expresó el presidente Petro. También se refirió a la necesidad de “intensificar el diálogo entre el Estado y el campesinado productor de hoja de coca de Colombia, que es el más marginado geográficamente del país”, contemplando otras alternativas para la sustitución de estos cultivos.
Suspender la fumigacion aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca.
Hay que implementar de inmediato el PNIS , adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2022
Es importante destacar que el gobierno saliente del expresidente Iván Duque antes de abandonar la Casa de Nariño, y con el conocimiento de que el nuevo Gobierno no iba a usarlos firmó un contrato por $12.500 millones para comprar 263.000 litros de glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito. El contrato, realizado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, es el mayor gasto en glifosato en toda la historia de Colombia. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se refirió al contrato que calificó como “un detrimento”, teniendo en cuenta que “estas aspersiones están prohibidas y el gobierno no ha cumplido con las condiciones habilitantes”.