La Procuraduría General de la Nación realizó una evaluación detallada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual ordena la atención especial a los niños Wayúu en La Guajira.
Durante la reunión, el ente de control expresó su preocupación por los avances lentos en los contratos para dar continuidad a los programas de primera infancia en los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao, urgiendo al ICBF a agilizar los procesos para garantizar la atención a por lo menos 102 mil niños indígenas.
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Las directivas del ICBF presentaron un balance en el que destacaron que la cobertura de atención a las comunidades pasó de 2.576 niños en 2024 a 3 mil en lo corrido de 2025. Además, informaron que se ha ampliado la cobertura a 9.551 familias más.
Sin embargo, reconocieron que los procesos de contratación para implementar los programas de alimentación enfrentan retrasos debido a la complejidad de los procedimientos de selección. Estos incluyen la identificación de organizaciones de base indígenas con capacidad jurídica, financiera y técnica, así como la autorización de las comunidades para la prestación de los servicios.
A pesar de los desafíos, la Procuraduría destacó algunos avances significativos. De las 144 invitaciones a participar en los contratos, 90 ya han sido suscritos, lo que representa un 63 % de la convocatoria. Estos logros son resultado de las observaciones y recomendaciones hechas por el Ministerio Público en mesas de trabajo anteriores, que han permitido agilizar ciertos procesos y mejorar la ejecución de los programas.
Al cierre de la reunión, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Samuel Arrieta, instó a las directivas del ICBF a redoblar esfuerzos para garantizar la calidad en la prestación de los servicios del Programa de Primera Infancia.
La sentencia T-302 de 2017 fue emitida por la Corte Constitucional en respuesta a la crisis humanitaria que enfrentan los niños Wayúu en La Guajira, donde la desnutrición y la falta de acceso a servicios básicos han cobrado la vida de cientos de menores. La orden judicial exige al Estado colombiano implementar medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales de esta población, incluyendo alimentación, salud y educación. Colprensa
Foto: Colprensa – Sofía Toscano