Bogotá, D. C., 15 de julio de 2024 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Superintendencia Financiera de Colombia un informe detallado sobre el seguimiento realizado a Colpensiones y otros actores del sistema, en relación con la implementación del nuevo modelo pensional en el país.
El propósito de esta solicitud es garantizar los derechos de los afiliados y pensionados. La Delegada de Asuntos del Trabajo de la Procuraduría pidió información específica sobre las acciones implementadas y el cronograma de actividades a cargo de la Superintendencia Financiera para evitar riesgos en la operatividad de la administradora de pensiones.
La Procuraduría ha expresado su preocupación señalando que, si no se llevan a cabo de inmediato las funciones de inspección, vigilancia y control, se podría poner en riesgo la viabilidad del sistema, los recursos y los derechos de los afiliados y pensionados de Colombia.
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En su comunicación, la Procuraduría destacó que “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta numerosas fallas tecnológicas, así como vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”.
Además, se ha señalado que a estos problemas se suma el traslado de 19 millones de afiliados que implica la nueva ley, por lo cual se solicitó a la Superintendencia Financiera adoptar todas las medidas necesarias, dentro de sus competencias, para que Colpensiones pueda asumir adecuadamente la administración en materia pensional.
Finalmente, el órgano de control reiteró que Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado. La entidad carece de la capacidad técnica, logística, administrativa y operativa para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025.
Foto: Jaime Acosta/ REUTERS