El pueblo Bari, asentado en el Catatumbo, ha declarado Asamblea Permanente tras denunciar graves violaciones a los derechos humanos y colectivos en su territorio ancestral. Esta decisión fue tomada en la Asamblea General celebrada entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 2025 en la comunidad Ichirringdakayra, ubicada en el municipio de El Carmen, Norte de Santander.
Denuncias por violencia y desplazamiento
La organización indígena Natubaiyibari, que representa a 23 comunidades en cinco municipios de la región (Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen), ha reportado una preocupante situación de confinamiento, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad. Los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP han incrementado el riesgo para las comunidades, quienes ahora enfrentan la presencia de minas antipersonal, amenazas y bloqueos para ejercer sus actividades ancestrales.
Casos recientes incluyen el confinamiento de la comunidad Sakacdu en Teorama y el desplazamiento de habitantes de Irokobingkaira al resguardo de Catalaura, huyendo de los combates. Además, líderes indígenas han quedado atrapados en medio de los enfrentamientos en zonas como Filo Gringo, mientras enfrentan restricciones impuestas por grupos armados para participar en actividades esenciales.
Llamados urgentes al Gobierno y organismos internacionales
El pueblo Bari exige al Gobierno Nacional la implementación de medidas inmediatas para proteger su integridad y garantizar sus derechos. Entre las solicitudes se encuentran:
•Convocatoria a una Mesa de Interlocución entre Natubaiyibari y el Gobierno para avanzar en el Plan de Salvaguarda Bari.
•Implementación de medidas de protección colectiva e individual con enfoque diferencial por parte de la Unidad Nacional de Protección.
•Finalización de planes de reparación colectiva y restitución de tierras, según la Sentencia T-052 de 2017.
•Entrega de ayuda humanitaria a las 23 comunidades afectadas.
También han instado a organismos internacionales como la ONU, la ONIC y la Defensoría del Pueblo a intervenir para verificar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y proteger a la población indígena en medio del conflicto armado.
Riesgo para la vida y el territorio
El pueblo Bari subraya que cualquier agresión contra sus miembros o su territorio será responsabilidad del Gobierno Nacional y los actores armados ilegales. Además, reiteran su derecho a movilizarse libremente y aseguran que activarán mecanismos de defensa propios en caso de nuevos ataques.
Este panorama evidencia la crítica situación humanitaria en el Catatumbo y la necesidad de una respuesta inmediata para salvaguardar la vida y el territorio de las comunidades indígenas de la región.