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Informe revela graves irregularidades y complicidad en propiedades utilizadas como centros de prostitución y producción de alcohol adulterado

En un informe detallado de 300 páginas que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Nación Paisa, se revelan preocupantes descubrimientos sobre irregularidades dentro de la SAE. Según el documento, propiedades bajo el control de la entidad no solo se usaban como burdeles sino también como sitios para la producción ilegal de alcohol adulterado, aparentemente con la complicidad de los líderes de la SAE y autoridades locales. Los hechos se registraron en Cali, donde inspectores de la Contraloría General de la Nación descubrieron lo ocurrido. El reporte resultó de una serie de quejas y culminó en una auditoría a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), identificando irregularidades fiscales, penales, disciplinarias y administrativas, algunas de las cuales incluyen:

  • 20 hallazgos fiscales que suman $28.056.865.126.
  • 4 hallazgos de posible repercusión penal.
  • 30 de alcance disciplinario presumible.
  • 2 recomendaciones para iniciar procedimientos administrativos sancionadores.
  • 1 hallazgo de otro tipo.

El reporte también menciona pérdidas significativas de bienes en custodia de la SAE, como relojes Rolex y la venta de caballos de paso a precios muy por debajo del mercado, así como la pérdida de 31 taxis. En varias ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, Palmira y Bogotá, se encontraron propiedades ocupadas irregularmente por años, con omisiones en la gestión de cobros de arrendamientos. El informe sugiere la existencia de prácticas corruptas como pagos de comisiones a funcionarios por la venta y arrendamiento de bienes incautados y destaca la incautación de lingotes de oro que resultaron ser metales pintados, lo que plantea dudas sobre su posible robo o falsificación. Además, señala la mala gestión en la recuperación de inmuebles y la falta de control sobre los bienes administrados por la SAE. Estos escandalosos hallazgos están siendo investigados por las autoridades competentes, quienes ahora enfocan su atención en los verdaderos beneficiarios de las propiedades incautadas a la mafia.

 

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