La tensión entre el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y el Gobierno Nacional ha alcanzado un punto crítico. Los líderes del Cric, quienes representan a varias comunidades indígenas, han emitido un ultimátum al presidente Gustavo Petro, advirtiendo que, si no se firma un decreto previamente acordado, tomarán “vías de hecho” como medida de protesta. Esta movilización indígena, que ha reunido a unas 4.500 personas en Bogotá, se concentra en el parque El Renacimiento, donde los manifestantes han establecido un campamento en espera de la respuesta del Gobierno.
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El decreto en cuestión, conocido como ATEA (Autoridades Territoriales Económico Ambiental), forma parte de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones iniciadas el 22 de agosto en Bogotá. Sin embargo, a pesar de estar listo para la firma, ha habido retrasos, lo que ha generado preocupación entre las comunidades indígenas. Yesid Conda, consejero mayor del Cric, explicó que este documento es crucial para fortalecer la gobernabilidad territorial indígena y proteger sus tierras de proyectos mineros y otras actividades que podrían perjudicar el medio ambiente.
El Cric ha dejado claro que, si el Gobierno no formaliza el decreto, tomarán acciones directas como bloqueos de carreteras y otras formas de protesta conocidas como “vías de hecho”. Estas acciones, que incluyen bloqueos de infraestructura de transporte, son una táctica utilizada por las comunidades indígenas para presionar al Gobierno a atender sus demandas.
La situación ha captado la atención nacional, ya que estas comunidades indígenas han sido históricamente marginadas y buscan asegurar el cumplimiento de sus derechos y la protección de sus territorios. La tensión no solo afecta a los indígenas, sino también a los campesinos, quienes han expresado su preocupación por la posibilidad de quedar subordinados a las comunidades indígenas en algunas regiones. La Agenda Nacional Campesina ha pedido un diálogo intercultural para resolver las diferencias sin imposiciones.
La situación refleja la creciente presión sobre el Gobierno Petro para cumplir con los acuerdos alcanzados y evitar una escalada de las protestas que podría paralizar partes del país. Las comunidades indígenas están decididas a ser escuchadas y a proteger sus derechos a toda costa.
