El Gobierno nacional ha anunciado un nuevo decreto que incrementa significativamente el precio del ACPM para los grandes consumidores de combustible, eliminando los subsidios que estas empresas recibían hasta ahora. Esta medida está dirigida a compañías que consumen más de 20.000 galones al mes y que cuentan con logística propia de abastecimiento.
A partir de ahora, estas empresas deberán pagar el precio de paridad internacional por el combustible, lo que significa que el costo por galón pasará de un promedio de 9.500 pesos a alrededor de 16.000 pesos. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, esta medida permitirá ahorrar aproximadamente 50.000 millones de pesos mensuales y unos 600.000 millones de pesos al año.
“El Gobierno avanzará decididamente en el cierre del diferencial del diésel en el corto plazo. Estas decisiones constituirán logros importantes en materia de equidad, incentivos para la transición energética y eficiencia del gasto fiscal”, afirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El subsidio al precio del diésel podría alcanzar los 12 billones de pesos este año, por lo que se busca reducir esta cifra considerablemente.
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A pesar de que el incremento no afectará inmediatamente a los consumidores en las estaciones de servicio, el plan del gobierno incluye futuros aumentos en estos precios. La eliminación del subsidio es parte de una estrategia más amplia para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPEC), el cual ha representado una carga significativa para las finanzas del Estado. En 2022, se pagaron 26 billones de pesos a Ecopetrol debido a este concepto.
Durante varios meses, se llevaron a cabo negociaciones entre el Gobierno y los transportadores de carga, pero no se logró un acuerdo. Los transportadores han manifestado su descontento y han anunciado posibles movilizaciones y protestas. El ministro Bonilla aclaró que este aumento no afectará a los sistemas de transporte masivo ni a las regiones aisladas que dependen del diésel, enfocándose principalmente en grandes compañías de los sectores petrolero y del carbón, así como en aquellas que operan grandes flotas de camiones.
Con esta medida, el Gobierno busca no solo equilibrar las finanzas públicas, sino también fomentar la transición hacia una economía más sostenible y eficiente, enfrentando los retos económicos y energéticos del país.