El decreto del 7 de agosto de 2026 es la fecha que el presidente electo Abelardo de la Espriella fijó para formalizar el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una coordinación anunciada con cinco alcaldías para enfrentar la criminalidad en grandes ciudades. La idea ya suma respaldos locales, pero también advertencias en el Legislativo sobre su alcance y las reglas con las que empezaría a operar.
Una mesa con cinco capitales y foco en extorsión, atracos y homicidios
De la Espriella dio a conocer el plan el 5 de julio de 2026. En su anuncio, planteó instalar una mesa de trabajo con mandatarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para coordinar esfuerzos entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales frente a la inseguridad urbana.
Según explicó, el bloque buscaría enfrentar estructuras delincuenciales y contener delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios. También dijo que llamará a los alcaldes para acordar medidas “efectivas y acordes con las necesidades” de las ciudades incluidas, como punto de partida de su arranque de gobierno.
El presidente electo vinculó su anuncio a un reporte de El Heraldo sobre extorsiones en el comercio de Soledad, Atlántico. En ese contexto, cuestionó al gobierno saliente de Gustavo Petro por una “presunta inacción en seguridad”, una afirmación enmarcada en su mensaje político de transición.
Galán y Asocapitales respaldan el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana
En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó la iniciativa como una “noticia muy importante” y afirmó que la ciudad está lista para un trabajo coordinado con el nivel nacional. En su pronunciamiento, sostuvo que el objetivo debe ser “desarticular las bandas delincuenciales” que operan en la capital.
Galán agregó que el Distrito requiere más apoyo del orden nacional para golpear esas organizaciones. Además, propuso redefinir la política criminal con un enfoque que, según dijo, debe endurecer penas y evitar beneficios que favorezcan la reincidencia, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen.
Por su parte, Asocapitales —entidad que preside Galán— reiteró su disposición a trabajar con el nuevo gobierno en proyectos de seguridad. Otros alcaldes también expresaron respaldo: Federico Gutiérrez (Medellín) habló de un viraje; Alejandro Eder (Cali) pidió coordinación “con autoridad”, y Alejandro Char (Barranquilla) dijo que la propuesta coincide con amenazas de extorsionistas a comerciantes.
El decreto del 7 de agosto de 2026 pone la lupa en facultades y controles del bloque
El anuncio llegó al Congreso con posiciones encontradas. El representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) respaldó la iniciativa y pidió priorizar la seguridad “por encima de cualquier consideración”, con un llamado a actuar contra extorsiones, atracos y homicidios.
En contraste, sectores alternativos y movimientos sociales expresaron reparos por el enfoque. Óscar Benavides, representante electo a la Cámara por las negritudes, comparó la propuesta con experiencias del pasado y advirtió: “Ayer las Convivir, hoy bloques de defensa para la seguridad urbana”.
Desde el Pacto Histórico, el senador Alejandro Ocampo planteó interrogantes y habló del riesgo de un “paramilitarismo 2.0”. Con el decreto anunciado para el 7 de agosto, el punto crítico del debate queda concentrado en qué facultades tendría el bloque y bajo qué reglas empezaría a operar desde el inicio del nuevo gobierno.
