El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a los interventores de las EPS no reunirse ni mantener ningún tipo de interlocución con el empresario de la salud Mario Urán. Advirtió que quien incumpla la instrucción será separado de su cargo, una medida que afecta a los funcionarios encargados de administrar entidades bajo control estatal.
La orden a los interventores de EPS
La directriz fue publicada en la cuenta de X del mandatario. De la Espriella la presentó como una «orden terminante» y extendió la prohibición a encuentros y conversaciones de cualquier tipo con Urán. En el mismo mensaje vinculó la medida con su propósito de combatir la corrupción y los negocios irregulares con medicamentos en el sistema de salud.
Los interventores son nombrados por la Superintendencia de Salud para administrar una EPS cuando el Estado toma su control por problemas financieros o de atención. La instrucción presidencial se dirige a todos ellos y fija una consecuencia inmediata para quien la desobedezca: la separación de sus funciones.
Urán, médico y empresario, ha ocupado cargos tanto en el sector público como en compañías privadas de salud. Fue subsecretario de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, trabajó en la farmacéutica Roche, dirigió la liquidada Caprecom y pasó por Lafrancol. Para 2024 se desempeñaba como asesor externo de Coosalud.
Los señalamientos sobre Urán
Su relación con otras EPS intervenidas quedó bajo examen en 2024. Ese año se conocieron correos en los que directivos de Emssanar, SOS y Asmet Salud compartían con Urán información financiera de esas entidades, incluidos datos sobre pagos a hospitales y presupuestos. Él trabajaba para Coosalud, no para las tres EPS que habían sido intervenidas.
La Superintendencia de Salud señaló entonces una presunta confabulación para direccionar contratos hacia las mismas instituciones prestadoras de servicios de salud desde las tres EPS. La entidad llevó el caso a la Fiscalía en octubre de 2024. Coosalud, por su parte, afirmó que no era responsable de actuaciones que su asesor hubiera podido realizar mediante el uso indebido y no autorizado de su correo institucional.
En 2025, la Fiscalía abrió una línea de investigación para establecer si Urán era socio oculto del Centro Oncológico del Caribe. La pesquisa se relacionaba con más de $59.000 millones que las EPS intervenidas le habrían girado a esa clínica entre noviembre de 2023 y 2024. La Procuraduría también publicó un informe sobre presuntos desvíos en Coosalud, Emssanar, SOS y Asmet Salud.
Urán ha negado, por medio de su abogado Andrés Garzón Roa, haber manejado recursos de las EPS. Su defensa rechazó el señalamiento de que hubiera direccionado pagos al Centro Oncológico del Caribe y sostuvo que una propuesta para incorporarlo como socio de esa clínica no se formalizó.
La prohibición deja vigente para todos los interventores la misma condición anunciada por De la Espriella: cualquier contacto con Mario Urán comprendido en la orden puede llevar a su retiro inmediato del cargo.
