por Konuco | Nov 5, 2026 | Política
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a los interventores de las EPS no reunirse ni mantener ningún tipo de interlocución con el empresario de la salud Mario Urán. Advirtió que quien incumpla la instrucción será separado de su cargo, una medida que afecta a los funcionarios encargados de administrar entidades bajo control estatal.
La orden a los interventores de EPS
La directriz fue publicada en la cuenta de X del mandatario. De la Espriella la presentó como una «orden terminante» y extendió la prohibición a encuentros y conversaciones de cualquier tipo con Urán. En el mismo mensaje vinculó la medida con su propósito de combatir la corrupción y los negocios irregulares con medicamentos en el sistema de salud.
Los interventores son nombrados por la Superintendencia de Salud para administrar una EPS cuando el Estado toma su control por problemas financieros o de atención. La instrucción presidencial se dirige a todos ellos y fija una consecuencia inmediata para quien la desobedezca: la separación de sus funciones.
Urán, médico y empresario, ha ocupado cargos tanto en el sector público como en compañías privadas de salud. Fue subsecretario de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, trabajó en la farmacéutica Roche, dirigió la liquidada Caprecom y pasó por Lafrancol. Para 2024 se desempeñaba como asesor externo de Coosalud.
Los señalamientos sobre Urán
Su relación con otras EPS intervenidas quedó bajo examen en 2024. Ese año se conocieron correos en los que directivos de Emssanar, SOS y Asmet Salud compartían con Urán información financiera de esas entidades, incluidos datos sobre pagos a hospitales y presupuestos. Él trabajaba para Coosalud, no para las tres EPS que habían sido intervenidas.
La Superintendencia de Salud señaló entonces una presunta confabulación para direccionar contratos hacia las mismas instituciones prestadoras de servicios de salud desde las tres EPS. La entidad llevó el caso a la Fiscalía en octubre de 2024. Coosalud, por su parte, afirmó que no era responsable de actuaciones que su asesor hubiera podido realizar mediante el uso indebido y no autorizado de su correo institucional.
En 2025, la Fiscalía abrió una línea de investigación para establecer si Urán era socio oculto del Centro Oncológico del Caribe. La pesquisa se relacionaba con más de $59.000 millones que las EPS intervenidas le habrían girado a esa clínica entre noviembre de 2023 y 2024. La Procuraduría también publicó un informe sobre presuntos desvíos en Coosalud, Emssanar, SOS y Asmet Salud.
Urán ha negado, por medio de su abogado Andrés Garzón Roa, haber manejado recursos de las EPS. Su defensa rechazó el señalamiento de que hubiera direccionado pagos al Centro Oncológico del Caribe y sostuvo que una propuesta para incorporarlo como socio de esa clínica no se formalizó.
La prohibición deja vigente para todos los interventores la misma condición anunciada por De la Espriella: cualquier contacto con Mario Urán comprendido en la orden puede llevar a su retiro inmediato del cargo.
por Konuco | Oct 20, 2026 | Nacional
El presidente Abelardo de la Espriella anunció una ofensiva contra el ELN y las disidencias de las Farc en Arauca después de denunciar que integrantes del ELN atravesaron una tractomula en la vía entre Tame y Arauca. La decisión incluye refuerzos a la fuerza pública y medidas para buscar la liberación de cinco personas secuestradas en el departamento.
Bloqueo y operaciones contra el ELN
El bloqueo ocurrió en Flor Amarillo, poco antes de la intervención del mandatario durante su visita a Arauca. De la Espriella afirmó que unidades del Ejército llegaron al lugar y habilitaron nuevamente el paso. Atribuyó la obstrucción al ELN y la citó al anunciar el refuerzo de las operaciones contra ese grupo y las disidencias.
La ofensiva anunciada contempla acciones militares y de inteligencia dirigidas contra cabecillas, estructuras, logística y fuentes de financiación. El presidente también ordenó reforzar los controles terrestres y fluviales en la frontera, junto con las operaciones de la fuerza pública. Planteó combatir la extorsión, el hurto y las actividades que proporcionan recursos a las organizaciones armadas.
Tras un consejo de seguridad con autoridades del departamento, De la Espriella advirtió que su Gobierno utilizará mecanismos nacionales e internacionales contra quienes, de acuerdo con las investigaciones, financien, protejan o faciliten las actividades de esos grupos. Mencionó entre los posibles implicados a políticos, empresarios y grupos de poder, sin señalar a personas o empresas concretas.
El mandatario pidió al Inpec el traslado de cabecillas detenidos en Arauca a cárceles de máxima seguridad fuera del departamento, conforme a la ley. Presentó esa medida como una forma de impedir que continúen actividades criminales desde los centros penitenciarios, en particular las relacionadas con la extorsión. El traslado forma parte de las instrucciones anunciadas, no de una operación ya ejecutada.
Operaciones por cinco secuestrados
Otro frente de las decisiones es la situación de cinco personas secuestradas en Arauca, entre ellas dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. De la Espriella exigió al ELN su liberación inmediata y anunció instrucciones al Gaula para intensificar las operaciones de rescate.
El presidente descartó una negociación con el grupo armado en torno a estos secuestros y dijo que su Gobierno acompañará a las familias mientras avanzan las acciones para liberar a las víctimas. También advirtió que los responsables deberán responder ante la justicia.
Durante la visita, De la Espriella presentó cifras de seguridad para el departamento: afirmó que los homicidios disminuyeron 56,3 % entre el 7 de agosto y el 15 de octubre y que los ataques contra la fuerza pública bajaron 71 % en ese mismo periodo, en ambos casos frente al equivalente del año anterior. Esos datos fueron expuestos por el mandatario durante su intervención.
La ofensiva, los controles fronterizos y los traslados quedaron planteados como medidas del Gobierno. La instrucción inmediata al Gaula es intensificar la búsqueda de los cinco secuestrados, mientras las operaciones contra el ELN y las disidencias se refuerzan en Arauca.
por Konuco | Sep 8, 2026 | Destacadas, Indígenas
La Gobernación del Valle del Cauca y el Gobierno Nacional instalaron una mesa de trabajo para incluir en el Registro Único de Damnificados (Rufe) a habitantes rurales de comunidades afro e indígenas afectados por el sismo.
El encuentro reunió a representantes de pueblos indígenas, consejos comunitarios de Buenaventura y juntas de acción comunal con entidades departamentales y nacionales. La prioridad fue avanzar en la inscripción de población étnica rural que aún permanece en proceso de registro, como parte de las respuestas dirigidas a las comunidades afectadas.
Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca, indicó que la administración trabaja en un procedimiento para incorporar a las ruralidades del departamento. El objetivo es que los grupos étnicos puedan quedar registrados dentro del Rufe como población damnificada.
Durante la jornada se recogieron inquietudes de los consejos comunitarios de Buenaventura y de las juntas de acción comunal de la vía Alterna e Interna. La interlocución con las entidades nacionales busca facilitar la gestión de las necesidades planteadas en esos territorios.
Registro de damnificados étnicos
Jorge Ernesto Roa, viceministro para el Diálogo Social y Derechos Humanos, señaló que el siguiente paso será revisar los compromisos de todas las autoridades y sostener los canales de comunicación mediante mecanismos de diálogo social y garantía de derechos.
La mesa plantea una respuesta al sismo que considere las condiciones de las zonas rurales y las dinámicas propias de cada comunidad. Lenis afirmó que la Gobernación quedó articulada con el Gobierno Nacional para trabajar con las comunidades indígenas y negras del departamento.
En paralelo, la Gobernación anunció estrategias de reactivación para emprendimientos afectados por el terremoto del 10 de agosto. La administración reportó 15.645 unidades de negocios con afectaciones en los 42 municipios del Valle del Cauca y pérdidas económicas estimadas por $313 mil millones.
Entre las medidas previstas figuran $5.250 millones aportados por la Gobernación, a través de Infivalle y Fonder Valle, para una bolsa de créditos con Bancóldex y el Gobierno Nacional. También se contemplan recursos por $9.280 millones con participación de iNNpulsa para créditos condonables e insumos.
La primera etapa de esos apoyos busca alcanzar 1.800 unidades productivas en Buenaventura, Sevilla, La Unión, Zarzal, Roldanillo y Cartago. Allí se proyecta la entrega de créditos condonables de hasta $5 millones, junto con insumos y apoyo a la reactivación del sector gastronómico.
por Konuco | Sep 8, 2026 | Destacadas, Política
La senadora María Eugenia Lopera y el representante Diver Franco votaron para que el Partido Liberal actúe como bancada de gobierno, una definición acompañada por dos congresistas identificados como cercanos al exsenador Julián Bedoya Pulgarín.
Lopera afirmó en medios nacionales que la bancada buscará rodear al presidente en las iniciativas que considere buenas. También anticipó oposición frente a las propuestas que resulten inconvenientes.
Para la senadora, esa posición puede ejercerse desde la gobernabilidad. La decisión del liberalismo favorece al presidente en un momento en el que hay proyectos que requieren mayorías en el Congreso.
El escenario legislativo también estará marcado por el comportamiento que adopten el Centro Democrático y el Pacto Histórico en los próximos días.
Antes de las campañas al Congreso y a la Presidencia, Julián Bedoya Pulgarín había expresado que no se ubica en el centro, la derecha o la izquierda. Su planteamiento era trabajar con los gobiernos de turno para ayudar a las regiones.
El exsenador consideró que esa tarea no es posible desde la oposición. Con los votos de Lopera y Franco, dos integrantes vinculados a su sector acompañaron la definición liberal de actuar como bancada de gobierno.
