La Gobernación del Valle del Cauca y el Gobierno Nacional instalaron una mesa de trabajo para incluir en el Registro Único de Damnificados (Rufe) a habitantes rurales de comunidades afro e indígenas afectados por el sismo.
El encuentro reunió a representantes de pueblos indígenas, consejos comunitarios de Buenaventura y juntas de acción comunal con entidades departamentales y nacionales. La prioridad fue avanzar en la inscripción de población étnica rural que aún permanece en proceso de registro, como parte de las respuestas dirigidas a las comunidades afectadas.
Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca, indicó que la administración trabaja en un procedimiento para incorporar a las ruralidades del departamento. El objetivo es que los grupos étnicos puedan quedar registrados dentro del Rufe como población damnificada.
Durante la jornada se recogieron inquietudes de los consejos comunitarios de Buenaventura y de las juntas de acción comunal de la vía Alterna e Interna. La interlocución con las entidades nacionales busca facilitar la gestión de las necesidades planteadas en esos territorios.
Registro de damnificados étnicos
Jorge Ernesto Roa, viceministro para el Diálogo Social y Derechos Humanos, señaló que el siguiente paso será revisar los compromisos de todas las autoridades y sostener los canales de comunicación mediante mecanismos de diálogo social y garantía de derechos.
La mesa plantea una respuesta al sismo que considere las condiciones de las zonas rurales y las dinámicas propias de cada comunidad. Lenis afirmó que la Gobernación quedó articulada con el Gobierno Nacional para trabajar con las comunidades indígenas y negras del departamento.
En paralelo, la Gobernación anunció estrategias de reactivación para emprendimientos afectados por el terremoto del 10 de agosto. La administración reportó 15.645 unidades de negocios con afectaciones en los 42 municipios del Valle del Cauca y pérdidas económicas estimadas por $313 mil millones.
Entre las medidas previstas figuran $5.250 millones aportados por la Gobernación, a través de Infivalle y Fonder Valle, para una bolsa de créditos con Bancóldex y el Gobierno Nacional. También se contemplan recursos por $9.280 millones con participación de iNNpulsa para créditos condonables e insumos.
La primera etapa de esos apoyos busca alcanzar 1.800 unidades productivas en Buenaventura, Sevilla, La Unión, Zarzal, Roldanillo y Cartago. Allí se proyecta la entrega de créditos condonables de hasta $5 millones, junto con insumos y apoyo a la reactivación del sector gastronómico.
