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Consejo Gremial y ANDI defienden transparencia electoral frente a señalamientos del presidente
El Consejo Gremial Nacional y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se manifestaron hoy en favor de la Registraduría Nacional, luego del mensaje cargado de dudas del presidente Gustavo Petro, frente a la legitimidad de las elecciones de 2026.
«El Consejo Gremial Nacional expresa su preocupación y rechazo ante las declaraciones realizadas por el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta oficial de la red X, en las que afirmó que desconfía de la transparencia de las elecciones del año 2026«, dijo el órgano que agrupa a varios sectores de la productividad nacional.
Añadió que el sistema electoral colombiano, que integran la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, posee «capacidades técnicas, operativas y constitucionales«, construidas a lo largo de años que les permiten «desarrollar procesos transparentes, observables y legítimos«, bajo el ojo escrutador de organismos internacionales de vigilancia electoral.
Los gremios aseguraron que «cualquier señalamiento sobre irregularidades debe estar sustentado en pruebas y canalizado por las vías institucionales competentes» y sostuvieron que los mensajes desde el Ejecutivo que ponen un manto de duda sobre el sistema electoral «pueden alimentar escenarios de polarización, deslegitimación institucional y desconocimiento de los resultados democráticos, afectando gravemente la estabilidad del Estado de Derecho«.
«Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026«, manifestó Petro la noche del martes desde su cuenta de X, lo que desató una serie de reclamos de sectores de oposición, que interpretaron su mensaje como un eventual llamado a suspender los comicios de Congreso y presidenciales.
Este miércoles, Petro dijo a través de esa misma red social que «hay momentos de máxima estupidez humana: Yo no quiero aplazar elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral«, afirmó.
Los cuestionamientos del mandatario apuntarían a la empresa Thomas Greg, que podría hacer parte de las compañías escogidas por la Registraduría para llevar a cabo las elecciones de 2026.
Frente a estos señalamientos, la ANDI se puso del lado de la Registraduría, a la que calificó como una institución «pilar fundamental de la democracia de nuestro país» y reclamó que la sociedad la respalde.
«Es de suma importancia que toda la sociedad rodee y respalde esta entidad y la capacidad que tiene de cumplir a cabalidad su papel como garante de la democracia y, por ende, del normal funcionamiento de toda la institucionalidad colombiana«, señaló la Asociación.
«La Registraduría representa uno de los mayores símbolos de la democracia, y corresponde a todos los demócratas respaldar su gestión. Es preciso destacar y fortalecer su desarrollo, su objetividad y es necesario proteger su posición como garante de las elecciones de nuestro país«, manifestó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
Contraloría revela millonarias pérdidas en la Universidad del Chocó
La Contraloría General de la República revisó las cuentas de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) y encontró que se perdieron casi $8.000 millones por errores en el manejo del dinero y en la administración de la institución.
Según la Contraloría, la universidad no hizo a tiempo los trámites necesarios para recuperar unos recursos que otras entidades públicas del Chocó habían recogido por concepto de la estampilla Pro UTCH. Esta estampilla es un dinero que deben entregar entidades como la Gobernación del Chocó, el Hospital San Francisco de Asís, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Alcaldía de Quibdó.
Entre los años 2018 y 2020, esas entidades reunieron más de $7.000 millones para la universidad, pero esta no actuó a tiempo para exigirlos. Como pasó mucho tiempo sin reclamar ese dinero, ya no se puede cobrar legalmente. Por eso, ese dinero se perdió y eso afectó las finanzas de la universidad.
La Contraloría también revisó algunos pagos que hizo la universidad en 2024 por servicios contratados. Detectó que en tres contratos (números 0004, 0006 y 0009) se pagó el valor total sin tener pruebas suficientes de que los servicios se cumplieron. Por eso, se presume que el Estado perdió $480 millones.
También se encontraron irregularidades con los viáticos, que son dineros que se entregan a los funcionarios para cubrir gastos cuando viajan por trabajo. La universidad no tiene soportes claros de cómo se gastaron los viáticos en 36 casos. Tampoco se hicieron descuentos de nómina o acuerdos de pago. Esto representa una pérdida de más de $380 millones.
Otro hallazgo es que la universidad pagó $11 millones por intereses, porque presentó tarde las declaraciones de retención en la fuente, que son pagos obligatorios al Estado. Esto pasó, según el órgano fiscal, por falta de organización en la entrega de documentos.
En total, la Contraloría encontró 21 hallazgos. Seis tienen posible daño al dinero público, 14 podrían tener consecuencias disciplinarias para funcionarios, cuatro podrían ir a la justicia penal, dos están en indagación preliminar y uno se envió a la Contaduría General de la Nación.
La Contraloría explicó que seguirá revisando que la universidad cumpla con las correcciones necesarias para que estos errores no se repitan y que el dinero público se maneje correctamente.
Foto: Colprensa – Álvaro Tavera
(Colprensa)