Gobierno anuncia medidas para mejorar las condiciones de los campesinos en el Catatumbo

Gobierno anuncia medidas para mejorar las condiciones de los campesinos en el Catatumbo

En el reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro presentó cinco medidas clave para mejorar la situación de los campesinos en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Estas acciones forman parte de un decreto que se implementa bajo el marco de la Conmoción Interior en la zona, con el objetivo de lograr resultados sostenibles a largo plazo para las familias campesinas.

La región del Catatumbo enfrenta una grave crisis humanitaria desde febrero, cuando grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las antiguas Farc, desataron un conflicto armado. Este conflicto ha generado desplazamientos masivos, homicidios, secuestros y confinamientos, lo que obligó al Gobierno a implementar medidas urgentes para mitigar la situación y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Las cinco medidas anunciadas por Petro incluyen un enfoque integral para apoyar a los campesinos y transformar la economía local. La primera medida más destacada es la erradicación de 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en la región. Esta acción se llevará a cabo a través de un programa de erradicación voluntaria, en el que se ofrecerán pagos económicos a los campesinos que sustituyan estos cultivos por alternativas lícitas. El presidente explicó que la erradicación busca trabajar de la mano con los campesinos para garantizar que la transición hacia cultivos legales sea exitosa y beneficiosa para las comunidades.

Petro subrayó que el objetivo es erradicar la mitad de las 55.000 hectáreas de coca cultivadas en la zona, sin generar conflicto con la población local. El presidente aseguró que el enfoque será de cooperación, buscando una alianza con el campesinado para promover el progreso y la paz en el Catatumbo.

Adicionalmente, el Gobierno proporcionará incentivos económicos a los campesinos que participen en este proceso. Recibirán pagos mensuales de 1.280.000 pesos (equivalente al 90% de un salario mínimo legal vigente) durante 12 meses. Esta ayuda busca apoyar a los campesinos mientras realizan la transición hacia cultivos legales y sostenibles, contribuyendo así a la reconstrucción de la región.

Estas medidas representan un paso significativo hacia la estabilización del Catatumbo, ofreciendo a los campesinos alternativas viables y apoyo económico en un contexto marcado por la violencia y la pobreza. El Gobierno espera que, con la implementación de estas acciones, se logre una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la región, promoviendo la paz y el desarrollo económico sostenible.

Comunidad Indígena San Andrés de Pisimbala condena la violencia sistemática en su territorio

Comunidad Indígena San Andrés de Pisimbala condena la violencia sistemática en su territorio

La comunidad Indígena San Andrés de Pisimbala expresó su más enérgico rechazo a los recientes actos de violencia que han azotado su territorio, dejando un saldo de cuatro asesinatos en tan solo una semana. Estos hechos han generado un profundo dolor entre los comuneros y sus familias, y han incrementado el riesgo para la seguridad y bienestar de la comunidad en general.

Los actos violentos que han afectado a esta comunidad incluyen el asesinato de dos comuneros el miércoles 26 de febrero de 2025, entre las 11:30 a.m. y 12:00 p.m., en la vía El Libertador, vereda El Hato. El sábado 1 de marzo de 2025, en horas de la mañana, un miembro de la comunidad fue asesinado en el sector Alto de la Cruz del Resguardó ancestral La Gaitana. Al día siguiente, el domingo 2 de marzo, otro comunero fue muerto a tiros en un establecimiento dentro del Resguardó San Andrés de Pisimbala, alrededor de las 7:00 p.m. En total, desde el inicio del posconflicto, 20 miembros de la comunidad han sido asesinados por grupos armados ilegales en este territorio.

La violencia persistente no solo ha afectado físicamente a los comuneros, sino que también ha tenido un impacto negativo en la armonía y estabilidad de la comunidad, desbordando los derechos humanos fundamentales. La comunidad hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas efectivas frente a los actos de violencia y garantice la protección de los pueblos indígenas. Asimismo, instan a la comunidad internacional a pronunciarse y tomar acciones para frenar esta violencia sistemática.

A pesar de la adversidad, la comunidad Indígena San Andrés de Pisimbala reafirma su compromiso con la construcción de una paz duradera para todos los pueblos indígenas de la región. Siguen trabajando por la defensa de sus derechos y por la preservación de su cultura, frente a los desafíos que imponen los grupos armados ilegales en su territorio.

Gobierno anuncia medidas para mejorar las condiciones de los campesinos en el Catatumbo

Gobierno planea erradicar 25.000 hectáreas de cultivos de coca en el Catatumbo

El Gobierno Nacional anunció que a través de uno de los decretos que se están implementado en el marco de la Conmoción Interior del Catatumbo, se buscará erradicar 25.000 hectáreas de coca en la región.

Según mencionó el Presidente Gustavo Petro, durante la segunda edición del consejo de ministros televisado, el decreto en cuestión busca realizar ‘pagos por erradicación voluntaria de cultivos’, medida que permitirá a los campesinos recibir remuneración económica por abandonar las economías ilícitas.

La erradicación de 25.000 hectáreas se llevará a cabo durante la vigencia de la Conmoción interior.

El primer mandatario destacó que el decreto buscará trabajar conjuntamente con el campesinado colombiano con el objetivo de brindar garantías a sus necesidades en el marco de las transición de cultivos.

“Esa violencia es porque básicamente hay 55 mil hectáreas sembradas de Coca, nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan con decretos de conmoción interior. No vamos a hacer una guerra con el campèsinado del Catatumbo, sino buscar una alianza, para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila”, destacó Gustavo Petro durante el consejo de ministros

Por su parte, la directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, explicó que el pago por erradicación de cultivos será de 1,280.000 pesos, correspondiente al 90% de un salario mínimo legal vigente durante un periodo de 12 meses, recursos que buscarán garantizar la subsistencia del campesino durante la transición de cultivos.

Según Miranda, el decreto también establece medidas para además de erradicar los cultivos ilícitos, conseguir una sustitución de toda la economía ilícita, lo que incluye la transformación para agregar valor a los productos, asegurar la logística de transporte y la comercialización asegurada

“En estos territorios la gente no ha conocido durante los últimos años el Estado, hasta ahora la población del Catatumbo está conociendo cuales son las entidades de Gobierno, y también la economía siempre se ha basado en los cultivos de uso ilícito”, señaló Miranda.

“De modo que mientras se consolida una economía legal, es necesario a estos campesinos entregarles un sustento que sustituya los ingresos de la economía ilícita, y que logre sustentar su subsistencia durante el momento que va a durar el establecimiento y los primeros rendimientos de los cultivos lícitos”, añadió la directora del programa.

Para conseguir esta erradicación de cultivos en el marco de la Conmoción Interior el Gobierno invertirá en total 362 mil millones de pesos, de los cuales 152 mil millones van a ir a pagos por erradicación y 278 mil millones al establecimiento de nuevos proyectos productivos. El resto será invertido en el programa tradicional de sustitución de cultivos.

Miranda destacó que a pocos días de anunciar el decreto el Gobierno ya cuenta con aproximadamente 3.000 hectáreas de hoja de coca que van a entrar en el proceso de pagos por erradicaciones y se espera comenzar el giro de recursos la próxima semana.

El último reporte de Naciones Unidas reveló que para el año pasado Norte de Santander contaba con 43 mil hectáreas de hojas de coca, y los informes de la Policía Nacional aseguran que en la actualidad la cifra sería cerca de 53 mil hectáreas. El 52% de hectáreas se encuentra en el municipio de Tibú, territorio en el que el Gobierno enfocará sus esfuerzos. Colprensa

Foto: Colprensa – Cristian Bayona

MinAmbiente abre consulta pública sobre ordenamiento ambiental de la Sabana

MinAmbiente abre consulta pública sobre ordenamiento ambiental de la Sabana

El Ministerio de Ambiente abrió una consulta pública sobre el proyecto que busca establecer lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá.

Según el ministerio, este proyecto destaca la importancia de proteger cinco áreas de especial importancia ambiental en la sabana de Bogotá, zonas de recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales.

Frente a la importancia de este proyecto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que permitirá armonizar el desarrollo con la conservación de la biodiversidad de la región y ordenar el territorio alrededor del agua.

“La Sabana de Bogotá es una región de importancia ecológica para el país, por eso con estos lineamientos de ordenamiento ambiental buscamos conservar ecosistemas que están degradados, proteger los espacios del agua como límites ecológicos para un buen ordenamiento territorial, y asegurar la destinación agropecuaria y forestal del suelo rural de la Sabana”, afirmó la ministra Susana Muhamad.

“Esta resolución es producto de la necesidad de reglamentar el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, para que podamos transitar hacia una Sabana donde su desarrollo territorial se armonice con los espacios del ciclo del agua, y donde seamos menos vulnerables al cambio climático”, añadió Muhamad.

Las medidas de ordenamiento aplicarían para Bogotá, 35 municipios de Cundinamarca y 4 del Meta, lo que permitiría beneficiar a más de 10 millones de habitantes.

Entre las principales características bajo las cuales busca trabajar el proyecto se encuentran lineamientos para la protección del recurso suelo frente al crecimiento urbano, medidas de cuidado para áreas urbanas y mineras, la reducción de la vulnerabilidad hídrica, entre otras.

Los actores interesados tendrán hasta el próximo 14 de marzo para aportar sus comentarios, observaciones y propuestas a través de la página oficial del Ministerio de Ambiente. Colprensa

Foto: Colprensa – Cristian Bayona