por Konuco | Feb 18, 2025 | Indígenas
El pasado 17 de febrero, en el resguardo indígena de Caldono, ubicado en el territorio Sa’th Tama Kiwe, se llevó a cabo una asamblea especial bajo la orientación de las autoridades espirituales del lugar. El encuentro, denominado «remediación, corrección y sanación con Uma Kiwe» (Madre Tierra), buscó reflexionar sobre los recientes eventos ocurridos en la comunidad.
La reunión se centró en sensibilizar a la comunidad sobre la relación con los seres mayores, quienes comparten el espacio del resguardo y son considerados cuidadores del territorio. La convocatoria se realizó debido al trágico suceso del asesinato de un puma en el resguardado de Caldono, un hecho que generó preocupación y motivó la toma de medidas de concientización y acción preventiva.
Llamado a la reflexión y acción
Las autoridades ancestrales de Uswal Çxhab, con base en sus usos y costumbres, destacaron la importancia de aplicar la jurisdicción propia para abordar el incidente. Durante la asamblea se determinó, con el acompañamiento espiritual de los Thê’sawe’sx, las siguientes acciones:
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Sanación: Las personas implicadas en el hecho realizarán pedagogías dentro de la comunidad para enseñar sobre el respeto y cuidado de la fauna y la flora.
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Fortalecimiento del cuidado ambiental: Se enfocarán en la protección y conservación del medio ambiente, principalmente en las zonas cercanas a las montañas.
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Educación ambiental: Se reforzará la pedagogía del amor y el cuidado, con el propósito de educar a las nuevas generaciones. Las escuelas y colegios serán los principales espacios para sembrar esta conciencia.
Presencia institucional
Durante la asamblea, también estuvo presente Celio Urresti Meza, Subdirector de Defensa del Patrimonio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Su participación destacó el compromiso interinstitucional en la protección del medio ambiente y la fauna local.
Esta acción comunitaria subraya la importancia de la colaboración y el respeto por la naturaleza, buscando no solo remediar el daño, sino también educar y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el entorno natural.
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por Konuco | Feb 17, 2025 | Política, Región
La reciente intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en las oficinas de Naturgas, que agrupa a empresas del sector gasífero en Colombia, ha generado un fuerte rechazo en la oposición. Los congresistas denunciaron que, durante la inspección, se extrajo el teléfono móvil de la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, con un interés particular en los mensajes de texto entre ella y algunos parlamentarios opositores al gobierno de Gustavo Petro. Este hecho ha sido interpretado como un intento de obtener información privada y como una amenaza a la libertad de expresión.
Los representantes Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Juan Espinal, del Centro Democrático, fueron los encargados de hacer públicas las acusaciones. Según ellos, el procedimiento se desvió de su objetivo inicial al enfocarse en los chats entre Murgas y miembros de la oposición. Arbeláez expresó su preocupación por lo que considera una violación a la privacidad y una clara persecución por parte del gobierno, que, según ella, afecta no solo a la oposición, sino también a los medios de comunicación y las cortes.
Espinal anunció que llevarán la denuncia ante varias entidades, incluidas la Procuraduría General y la Fiscalía, además de organismos internacionales. Los congresistas consideran que lo ocurrido refleja un modelo de «expropiación» inspirado en el chavismo. En su opinión, el gobierno está utilizando la SIC como una herramienta para intimidar a los líderes gremiales y opositores. A su vez, cuestionaron la razón de ser de la inspección, ya que Naturgas no tiene injerencia en la regulación de las tarifas del gas natural.
Los argumentos de la SIC
Por otro lado, la superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de su entidad, asegurando que las visitas de inspección son parte de sus funciones de control. Rusinque explicó en una entrevista con Blu Radio que las investigaciones en curso responden a la necesidad de esclarecer posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del gas natural, y que todas las acciones realizadas están dentro del marco legal y constitucional. Negó cualquier influencia política en su decisión, reiterando que no hay intenciones de perseguir a la oposición.
La inspección de la SIC se dio en un contexto complicado para el gobierno, tras el anuncio de aumentos en las tarifas de gas natural en todo el país, lo que generó un rechazo generalizado. A pesar de la justificación oficial, la oposición sigue viendo en estos procedimientos un intento de silenciar a aquellos que critican al gobierno, y alertan sobre las posibles implicaciones políticas de este tipo de acciones.
por Konuco | Feb 17, 2025 | Indígenas
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha emitido una alerta humanitaria tras una serie de ataques y amenazas que afectan a las comunidades indígenas del Cauca. Estos hechos, protagonizados por actores armados, ponen en peligro la vida y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en la región, quienes se enfrentan a la violencia y la persecución como parte de un intento de controlar el territorio.
Según las autoridades locales, los primeros incidentes ocurrieron el 11 de febrero en Caldono, donde la comunidad de Pueblo Nuevo, junto con la guardia indígena, fue atacada con disparos de armas de fuego de largo alcance mientras realizaban labores de control territorial. Este ataque se enmarca en una serie de agresiones que ya han comenzado a preocupar a las autoridades.
En Toribio, el 12 de febrero, las autoridades denunciaron nuevos actos de hostigamiento, incluida la estigmatización, asesinatos y el uso de símbolos organizativos indígenas para sembrar dudas y justificar actos violentos. Estas acciones se consideran una estrategia para despojar a las comunidades de su sistema de gobierno y control territorial. Frente a ello, las comunidades exigen el cese inmediato de los ataques.
Ese mismo día, en Morales, tres guardias indígenas fueron amenazados de muerte. Pese a los intentos de asesinato, la guardia indígena regional logró rescatar y evacuar a los afectados. Sin embargo, durante este proceso, fueron detenidos por miembros del grupo armado Jaime Martínez, quienes amenazaron al equipo de derechos humanos del CRIC.
El 14 de febrero, en el municipio de Suárez, la comunidad indígena del territorio de Cerro Tijeras alertó sobre los impactos negativos de la guerra y el narcotráfico. Además de los ataques armados, denunciaron la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales, incluyendo el reclutamiento forzado de menores de edad y la colocación de propaganda relacionada con la violencia en su territorio. Exigieron la devolución inmediata de los niños reclutados y el respeto a las normas territoriales.
Recientemente, en los municipios de Corinto y Toribio, la violencia dejó nuevas víctimas. El asesinato de un ciudadano ecuatoriano y del comunero indígena Nelson Eduardo Scuit, ocurridos el 15 de febrero, ha generado una creciente alarma. Estos hechos, sumados a los ataques previos, evidencian un patrón sistemático de exterminio físico, social, cultural y organizativo contra los pueblos indígenas del Cauca.
En 2024, el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC reportó 987 víctimas indígenas en la región, un claro indicio de la violencia que azota a estos pueblos. La denuncia de estos ataques revela una contradicción de los actores armados, que intentan ocultar la realidad de los hechos a través de sus comunicaciones.
Ante esta situación, el CRIC ha convocado a las comunidades indígenas a mantenerse unidas en defensa de la vida, el territorio y la justicia propia. El organismo también ha hecho un llamado al Estado colombiano y al gobierno nacional para que tomen medidas urgentes para proteger a las comunidades del Cauca, cumpliendo con las órdenes de tribunales nacionales e internacionales.
por Konuco | Feb 15, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
Dos integrantes de la red delincuencial AK-47, vinculada al grupo ilegal ‘Tren de Aragua’, aceptaron su responsabilidad en un ataque sicarial que dejó cuatro muertos en Cúcuta, el 27 de agosto de 2022. Un juez de conocimiento condenó a Ronell José Rangel Escobar y Richard Jonbran Rizo Cedeño a 21 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Ataque sicarial y condena
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que Rangel Escobar y Rizo Cedeño, junto a otros hombres armados, descendieron de un taxi en el barrio Pueblo Nuevo. Usando gorras y tapabocas, dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública, dejando un saldo trágico de cuatro víctimas mortales.
El juez avaló un preacuerdo entre los procesados y la Fiscalía, lo que les permitió acceder a una rebaja de pena. Sin embargo, la sentencia establece que deberán cumplir la condena en un centro carcelario en Colombia y, posteriormente, serán expulsados a Venezuela, su país de origen.
Otros delitos y operaciones criminales
Las pruebas recopiladas indican que los condenados participaron en otras actividades delictivas en Cúcuta, incluyendo extorsiones, hurtos y tráfico de estupefacientes. Su captura representa un golpe a la estructura delictiva del ‘Tren de Aragua’, que opera en la región fronteriza con Venezuela y ha sido señalada por múltiples hechos violentos.
