por Konuco | Sep 28, 2024 | Educación
Este domingo inicia el racionamiento de agua en Bogotá, con severas sanciones por mal uso del recurso
En respuesta a la creciente crisis de escasez de agua, Bogotá implementará a partir de este domingo un estricto esquema de racionamiento, que incluye multas que pueden alcanzar los $1.213.000 por desperdicio de agua, según anunció el alcalde Carlos Fernando Galán.
La capital colombiana enfrenta una de las crisis hídricas más significativas de su historia, lo que ha llevado a las autoridades a reactivar un sistema de racionamiento que se aplicará desde el 29 de septiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre. Este nuevo esquema de cortes diarios de agua, que durarán 24 horas, comenzará a las 8:00 de la mañana, buscando equilibrar la distribución del líquido entre los ciudadanos.
Las multas, establecidas en el artículo 100 de la Ley 1801 de 2016, sancionan el desperdicio del recurso hídrico. Los infractores se enfrentarán a sanciones de $694.000 por primera infracción y hasta $1.213.000 en caso de reincidencia. Estas medidas buscan fomentar un uso responsable del agua y desalentar prácticas como el lavado de vehículos y fachadas, que ahora están prohibidas a menos que se utilice agua de lluvia o reciclada.
El alcalde Galán destacó que la decisión responde a la creciente preocupación por la disponibilidad de agua en la ciudad, exacerbada por el fenómeno de El Niño, que ha reducido significativamente las lluvias en la región. La situación se ha vuelto crítica, afectando tanto a los hogares como a las actividades comerciales y agrícolas.
El decreto también prohíbe la captación de agua de fuentes hídricas sin la debida autorización, así como el vertido de contaminantes en cuerpos de agua. Las autoridades han indicado que se llevarán a cabo operativos de control para garantizar el cumplimiento de estas normas, con sanciones que no solo incluirán multas, sino también la posibilidad de acciones penales en casos de violaciones graves.
La comunidad ha reaccionado de manera diversa ante estas medidas. Mientras algunos ciudadanos apoyan la iniciativa como una forma necesaria de proteger el recurso hídrico, otros expresan su preocupación por el impacto que el racionamiento tendrá en su día a día, especialmente en un contexto donde muchas familias ya enfrentan dificultades económicas.
El racionamiento de agua en Bogotá, junto con las severas sanciones por su desperdicio, representa una respuesta urgente a la crisis hídrica que afecta a la ciudad. La colaboración ciudadana será fundamental para asegurar el éxito de estas medidas, ya que el futuro del abastecimiento de agua depende de un cambio en la cultura de consumo. La implementación efectiva de estas políticas no solo busca preservar un recurso vital, sino también garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a agua potable en un entorno sostenible. La tarea no es fácil, pero es esencial para la supervivencia de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.
por Konuco | Sep 28, 2024 | Destacadas, Política
El presidente Gustavo Petro impugna la investigación del CNE sobre su campaña electoral
El Consejo de Estado ha admitido la acción de tutela presentada por el presidente Gustavo Petro, quien defiende su derecho al debido proceso ante la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas violaciones a los topes de financiación de su campaña presidencial de 2022.
En un desarrollo significativo en el ámbito político y jurídico colombiano, el Consejo de Estado ha admitido la acción de tutela interpuesta por el presidente Gustavo Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil. Esta sala había dictaminado que el CNE tiene la autoridad para investigar al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, lo que Petro califica como un abuso de poder.
El presidente argumenta que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la única entidad competente para llevar a cabo una investigación en su contra, debido a su fuero especial como jefe de Estado. En su tutela, Petro sostiene que la decisión de la sala no solo vulnera su derecho al debido proceso, sino que también sobrepasa las funciones del CNE.
El Consejo de Estado, en su pronunciamiento del 6 de agosto de 2024, defendió la competencia del CNE para supervisar y sancionar irregularidades en el financiamiento de campañas. Este organismo tiene el mandato constitucional de controlar las actividades electorales, lo que incluye la capacidad de investigar y, en caso necesario, imponer sanciones administrativas.
Sin embargo, el presidente subraya que la naturaleza de la investigación del CNE y de la Comisión de Investigación y Acusación es diferente. Mientras que el primero se enfoca en aspectos administrativos y financieros, el segundo aborda posibles faltas penales y disciplinarias. Según el Consejo de Estado, el CNE no tiene la facultad de destituir a un presidente, ya que esa competencia es exclusiva del Congreso.
La situación se complica aún más por la reciente ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes han instado a formular cargos contra Petro y su exgerente de campaña, Ricardo Roa. Este escenario ha llevado al presidente a calificar dichas acciones como «arbitrariedades» que amenazan la estabilidad constitucional del país.
La admisión de la tutela por el Consejo de Estado marca un punto de inflexión en la controversia que envuelve a Gustavo Petro. A medida que el caso avanza, se plantean importantes interrogantes sobre la legalidad y la ética de las investigaciones electorales en Colombia. El resultado de esta disputa no solo afectará la imagen y el futuro político del presidente, sino que también podría establecer precedentes sobre las competencias y límites de las entidades encargadas de supervisar el sistema electoral del país. En un contexto de creciente polarización política, la protección de los derechos fundamentales y el respeto al debido proceso se vuelven más cruciales que nunca.
por Konuco | Sep 28, 2024 | Educación
El alcalde de Medellín revela que 10 personas están vinculadas a la violencia en el estadio Atanasio Girardot, que dejó 45 heridos.
En medio de la polémica tras la trifulca en el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que se han identificado a los responsables de los actos vandálicos y aseguró que enfrentarán cargos por intimidación, amenaza y tentativa de homicidio.
El 26 de septiembre de 2024, el estadio Atanasio Girardot fue escenario de una violenta confrontación entre hinchas de Atlético Nacional y Junior, que resultó en 45 personas heridas. En respuesta a estos desmanes, la Alcaldía de Medellín y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunciaron sanciones severas, que incluyen la prohibición de público en los próximos dos partidos y el cierre de la tribuna norte por cuatro fechas.
En una rueda de prensa, Federico Gutiérrez condenó la violencia y solicitó la colaboración ciudadana para identificar a los agresores. “Se identifican inicialmente 10 personas, pero esperamos que sean muchos más”, afirmó el mandatario. Gutiérrez instó a la comunidad a aportar pruebas que permitan la judicialización de los implicados.
El alcalde también mencionó la falta de seguridad en el estadio, señalando que se desplegarán 600 efectivos policiales en futuros encuentros para garantizar el orden y evitar el ingreso de armas. Además, Gutiérrez consideró “inaceptable” el comportamiento de ciertos hinchas, enfatizando que “la violencia en el fútbol es vandalismo, no deporte”.
Las autoridades locales están decididas a erradicar este tipo de comportamientos, y Gutiérrez subrayó que los actos de violencia no deben ser asociados con el espíritu del fútbol. «Es un absurdo que criminales se escuden detrás de ser hinchas para agredir», afirmó, asegurando que las imágenes de la pelea no reflejan la esencia del deporte.
por Konuco | Sep 27, 2024 | Destacadas, Política
Bogotá, Colombia. Viernes 27 de septiembre de 2024 – @NacionPaisa – De las grandes preguntas que existen es sobre la votación de los senadores por uno de los candidatos que hasta hace poco, era el secretario general de la corporación.
Según lo estipulado en la Ley 2003 artic 1 literal f), no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias: “Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos”.
Es decir, solo habría conflicto dé intereses cuando el candidato tuviese vínculo en segundo grado de consanguineidad , primero de afinidad , único civil, cónyuge o compañero permanente.
Ante la ley y ante la norma la comisión debe rechazar de plano posibles recusaciones que puedan presentarse puesto que no habría parentesco de Eljach en alguno de los grados con ningún parlamentario.
Al respecto el Prediente del colegio de abogados, Francisco Bernate, manifestó que independientemente de las demandas y de posibles recusaciones que no hay lugar se debe realizar la elección.
“El senado de la república está en la obligación de escoger el procurador general de la nación a partir de la terna que hoy está confeccionada. El que existan demandas, cuestionamientos en absoluto detiene o vicia el trámite” precisó.
