por Konuco | Jul 2, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia calificaron como un “acto infame” el hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el 4 de abril y fueron identificadas por sus familiares como líderes sociales y espirituales de la región.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, explicó que la noticia fue recibida “con mucho dolor” por parte de las comunidades y señaló que se trataba de personas “que hacían una labor de servicio a sus comunidades”.
El religioso aseguró que la masacre causa un profundo desconcierto entre los habitantes del Guaviare y subrayó la urgencia de exigir respeto por la vida, los liderazgos espirituales y sociales, así como la necesidad de fortalecer la construcción de una sociedad en la que la dignidad humana sea el centro.
Las organizaciones religiosas manifestaron su rechazo a este tipo de hechos y afirmaron que “representan una grave afectación a la vida social y la paz de la región”.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también rechazó el homicidio de los ocho líderes y urgió a las autoridades judiciales a avanzar con celeridad en las investigaciones para identificar, capturar y judicializar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos instó al Gobierno a implementar acciones contra los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en Guaviare y a garantizar la seguridad de la población civil, así como el acceso efectivo a derechos básicos como la justicia, la salud y la educación.
Según el Ministerio Público, los hechos constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y advirtió que no se pueden permitir este tipo de conductas, que ya han sido registradas también en regiones como Cauca y Norte de Santander.
La Fiscalía General de la Nación recuperó los cuerpos en una fosa común ubicada en Calamar, luego de que se activaran mecanismos de búsqueda urgente por la denuncia de sus familias. Según la investigación, las víctimas fueron citadas por integrantes del frente ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC, quienes sospechaban que colaboraban con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las citaciones ocurrieron entre el 4 y el 7 de abril, y tenían como propósito interrogar a las víctimas por la supuesta creación de una célula del ELN en la zona. De acuerdo con las pesquisas, las ocho personas fueron llevadas a un predio abandonado, donde fueron asesinadas por orden de un cabecilla cercano a alias Iván Mordisco.
Los cuerpos fueron identificados preliminarmente como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. La recuperación de los restos contó con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 11 del Ejército Nacional.
De Colprensa
por Konuco | Jul 2, 2025 | Destacadas, Nacional
El Ministerio de Educación informó que durante los recesos del 2025 más de 605.800 estudiantes son atendidos con canastas alimentarias en 110 municipios priorizados, pertenecientes a 21 Entidades Territoriales Certificadas (ETC).
El servicio de alimentación cuenta con una inversión destinada que supera los $79.250 millones, a través de una política diferencial orientada a combatir la inseguridad alimentaria en zonas rurales, étnicas y dispersas.
La iniciativa consiste en la entrega de canastas alimentarias familiares, diseñadas para aportar al menos el 25% de los requerimientos nutricionales diarios.
El Ministerio destacó que el Gobierno alcanzó un total acumulado de 2,55 millones de canastas entregadas entre 2022 y 2025, con una inversión superior a $253.759 millones. Para 2024 la inversión fue de $73 mil millones, mientras que este 2025 superó los $79 mil millones.
Entre las entidades territoriales que fueron destacadas para realizar la entrega de alimentación se encuentran el Chocó, con más de 106.000 estudiantes atendidos en 30 municipios con una inversión de $13.279 millones, y La Guajira, con más de 91.000 estudiantes en 12 municipios con $11.343 millones invertidos.
por Konuco | Jul 2, 2025 | Destacadas, Política
Tradicionalmente se ha hecho costumbre que en todas las legislaturas del Senado el trabajo en la Comisión Primera se resalta porque en la misma se aprueban leyes de alto interés para el gobierno nacional de turno, pero de manera particular no pasó así en el período de sesiones pasado.
La mesa directiva de esa comisión estuvo presidida por el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila y el senador opositor de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quienes son de posturas ideológicas diferentes y se pensó que no avanzarían en la discusión de proyectos, pero no fue así.
Ávila reportó que en total durante el año se radicaron 127 proyectos, 35 de ellos de Acto Legislativo y 92 proyectos de ley, de los cuales 3 de acto legislativo aprobados, 32 archivados y 3 leyes sancionadas.
Una de las leyes que terminó todo su trámite legislativo fue Ley 2447 del 13 de febrero de 2025, con la cual “elimina el matrimonio infantil, las uniones maritales de hecho y las uniones tempranas (MIUT) en las cuales uno o ambos de los contrayentes o compañeros permanentes sean personas menores de edad y se dictan otras disposiciones”.
Esa ley por sus autores se le llamó “Son niñas no esposas” y en concreto busca establecer el Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes, esto teniendo en cuenta que Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en uniones de niñas y adolescentes antes de los 15 años y el puesto 11 antes de los 18 años, mientras que en las niñas indígenas es de los más preocupantes pues un 33.8% de ellas son casadas antes de cumplir la mayoría de edad.
Con esa nueva legislación el país cumple con la obligación a la que se comprometido a través de los tratados internacionales suscritos como la Convención sobre los Derechos del Niño, logrando así la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Una ley más que se tramitó en la Comisión Primera y que cumplió sus otros tres debates, fue la Ley 2455 del 18 de abril de 2025, la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal, Ley Ángel. La misma definió un endurecimiento de las penas para quienes cometan actos de crueldad animal. Entre las disposiciones más destacadas, se encuentra el aumento de la pena privativa de la libertad para quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo sometan a abuso sexual.
En la ley se precisa que estos delitos dejarán de ser excarcelables porque son más de tres años, las multas económicas también se incrementarán de manera significativa, pasando de cinco salarios mínimos mensuales a un rango de 15 a 30 salarios mínimos en casos de lesiones graves, y de 30 a 60 salarios mínimos cuando el acto resulte en la muerte del animal.
Pasó además a ser ley (Ley 2443 del 27 de diciembre de 2024) la que da continuidad a la función pública de control fiscal al sistema general de regalías en el bienio 2025-2026, que permitirá endurecer las penas de prisión para los responsables del reclutamiento de menores en Colombia.
Es una ley para que los niños, niñas y adolescentes que están en medio del conflicto y que no solo tiene que ver con el reclutamiento para la subversión de los grupos armados al margen de la ley sino también con la comisión de distintos delitos a través de grupo o personas que utilizan menores de edad.
Se votó también el proyecto de Huérfanos por Feminicidio, que establece un sistema integral de protección para hijos, hijas y jóvenes entre los 18 y 25 años que han perdido a su madre o cuidadora legal, víctima del delito de feminicidio.
Con este proyecto, que se encuentra listo para sanción presidencial, Colombia da un paso histórico hacia la reparación y protección de una población olvidada: los huérfanos del feminicidio. La ley contempla medidas de atención integral para quienes, además de perder a su madre, quedan expuestos a la desprotección institucional y la pobreza.
El proyecto de ley con el cual se prorroga el Decreto Ley 893 de 2017, se promueve el fortalecimiento institucional de los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera de Senado.
La vigencia de estos programas termina en el 2027 y con esta iniciativa se busca que su duración llegue al 2037. Es decir, extenderlos por diez años más, para cumplir con los compromisos de priorizar a 170 municipios de bajas recursos y que más han sufrido los embates de la violencia, tal como quedó contemplado después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno las y Farc en 2016. Esta iniciativa, fue propuesta por los integrantes de las Curules de Paz del Congreso.
De Colprensa
