22.000 productores, incluidos pueblos indígenas, adoptarán prácticas regenerativas en cinco países

22.000 productores, incluidos pueblos indígenas, adoptarán prácticas regenerativas en cinco países

Desde el próximo 1 hasta el 3 de julio Cali será el epicentro de las discusiones en torno a las economías regenerativas como mecanismo para transformar la agricultura y la ganadería en América Latina.

El encuentro se desarrollará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico en el Summit Regeneradores, un encuentro internacional que reunirá a más de 1.300 participantes.

El evento es impulsado por la iniciativa Paisajes Futuros de The Nature Conservancy (TNC), en colaboración con el Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental (UFZ), Nestlé y el respaldo del gobierno alemán a través de la Iniciativa Climática Internacional (IKI). Su objetivo es promover modelos de negocio que integren la regeneración territorial, la sostenibilidad y la inclusión social, generando valor económico, ambiental y social.

La iniciativa Paisajes Futuros busca transformar 3 millones de hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas convencionales en paisajes regenerativos en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, y se espera que alrededor de 22.000 productores, incluyendo mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, adopten prácticas regenerativas, beneficiando directamente a comunidades locales.

Por su parte, en el Summit Regeneradores se abordarán temas claves para el desarrollo de las economías regenerativas como nuevos modelos de negocio, cadenas de valor regenerativas en productos como cacao, caña de azúcar, aceite de palma, carne y leche; inversión con impacto, innovación financiera, fondos verdes, entre otros.

La agenda incluirá conferencias magistrales, paneles internacionales, un mercado regenerativo, ruedas de negocio, visitas a fincas y experiencias culturales. Además, se desarrollará una programación académica y otra práctica, con espacios para la juventud, la ciencia y el emprendimiento.

De Colprensa para Konuco.

Minería ilegal amenaza la Sierra Nevada

Minería ilegal amenaza la Sierra Nevada

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan una crisis por la expansión de la minería ilegal y los conflictos territoriales. Grupos armados buscan controlar los recursos naturales de la región, lo que ha provocado desplazamientos forzados y constantes amenazas a las comunidades originarias.

Líderes indígenas denunciaron que las actividades mineras ilegales están destruyendo ecosistemas sagrados y poniendo en riesgo su cultura, su autonomía y su propia supervivencia. Además, exigieron al Gobierno Nacional tomar acciones inmediatas para proteger sus territorios frente al avance descontrolado de estos actores ilegales.

La ONU pidió al Estado colombiano reforzar la seguridad en la zona e implementar estrategias de conservación que respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También recordó que estos territorios son vulnerables a la deforestación y al cambio climático, una situación que podría agravarse sin una intervención efectiva.

La comunidad internacional sigue con atención la situación, mientras las comunidades indígenas insisten en que se reconozca su papel como guardianes ancestrales del equilibrio ambiental de la Sierra Nevada.

El Gobierno y los campesinos asentados desde el pasado 12 de mayo en el entorno de la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, llegaron a un acuerdo este lunes, lo que permitirá el regreso a sus territorios, informó la Alcaldía de la capital y el Ministerio del Interior.

Los acuerdos pactados entre el Ejecutivo con los labriegos de comunidades de la Amazonía, la Orinoquía y el sur del país incluyó garantías de seguridad para el retorno a sus territorios y el compromiso de un diálogo con el Gobierno.

Como parte de los compromisos, en la ciudad se quedará una comisión que estará junto al Ministerio del Interior gestionado ante las otras carteras el cumplimiento de compromisos en materia de saneamiento básico, medio ambiente, fortalecimiento en el diálogo con las comunidades, respeto a sus derechos étnicos, entre otros compromisos.

«Celebramos no solo un acuerdo, sino una victoria del diálogo social. Agradecemos al Gobierno Nacional por su voluntad política, y a todas las entidades del Distrito que hicieron posible una respuesta coordinada y solidaria», manifestó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

Los campesinos estuvieron alrededor de dos semanas en la Plaza de Bolívar, en medio del temporal de lluvias que ha arreciado en la capital y mantenido una actitud de diálogo con el Gobierno y las Alcaldía, en busca de respuestas a sus reclamos.

«Es fundamental que sigan avanzando los diálogos con el Gobierno Nacional, porque esta vía de hecho ya llevaba bastante tiempo y estaba causando serias afectaciones. La ciudad capital ha hecho su parte. Es momento de que la Nación escuche, actúe y dialogue», reclamó Quintero.

La capital brindó apoyo a los campesinos asentados en la Plaza de Bolívar, una manifestación que se sumó a la situación que se vive en la actualidad con un grupo indígenas perteneciente a los emberas, estacionados en los alrededores del Parque Nacional, quienes reclaman el cumplimiento de los acuerdo pactados el año pasado con el Gobierno, de cara a un retorno en condiciones dignidad a sus territorios.

ONU Derechos Humanos urge acciones para evitar la extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

ONU Derechos Humanos urge acciones para evitar la extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Santa Marta, mayo 20 de 2025. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el grave riesgo de extinción física y cultural que enfrentan los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: los Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Ennaka. Esta advertencia se produjo tras una visita de campo realizada los días 13 y 14 de mayo a la región.

“El riesgo es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, afirmó Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Campbell hizo un llamado urgente a los gobiernos nacional, departamental y local para que adopten medidas coordinadas y efectivas de protección, ante el alarmante aumento de la violencia y la presencia de grupos armados no estatales en los territorios indígenas.

Ataques sistemáticos y control social

La ONU ha documentado desde 2022 un preocupante incremento de la violencia en la Sierra Nevada, abarcando los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Esta violencia está ligada al control de rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas por parte de actores armados ilegales, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.

Según el informe, los grupos armados ejercen control social mediante restricciones a la movilidad, toques de queda, limitaciones a la reunión, e incluso presencia en encuentros comunitarios indígenas, afectando profundamente su autonomía, espiritualidad y sistemas de justicia propia.

Mujeres y niñas indígenas, en mayor vulnerabilidad

Uno de los puntos más sensibles abordados por la delegación de la ONU fue la situación de las mujeres y niñas indígenas, quienes enfrentan riesgos persistentes de violencia sexual, falta de acceso a la justicia, pobreza, barreras lingüísticas y ausencia de rutas de atención con enfoque étnico.

“Algunas mujeres describieron su acceso a los derechos humanos como si vivieran en el siglo X”, señaló Campbell, al destacar los testimonios recogidos durante la visita.

Las comunidades urgieron al Estado garantizar el acceso a educación, salud y empleo para las nuevas generaciones dentro de sus propios territorios.

Masacres, desplazamientos y asesinatos

Durante 2024 y lo corrido de 2025, la Oficina ha documentado múltiples violaciones de derechos humanos en la región, entre ellas:

  • Desplazamiento forzado de al menos 600 personas del Pueblo Wiwa.

  • Asesinato de líderes sociales como Wilfrido Segundo Izquierdo Torres (indígena arhuaco) y Manuel Moya, en el Magdalena.

  • Tres masacres en 2024 en Magdalena, con víctimas halladas desmembradas y con signos de tortura.

  • Reclutamiento forzado de jóvenes, incluidos indígenas, afrodescendientes y campesinos, utilizados incluso para el transporte de armamento.

  • Compra irregular de tierras para turismo, generando despojo territorial.

Los homicidios también se incrementaron de manera alarmante: en Santa Marta pasaron de 242 en 2022 a 311 en 2024; en Riohacha, de 47 a 113 en el mismo periodo.

Llamado a la justicia y al respeto de los derechos humanos

La ONU instó a avanzar en el cumplimiento de sentencias de restitución de tierras y en una participación efectiva de las víctimas en los mecanismos de justicia transicional, incluida la búsqueda de personas desaparecidas.

Además, reconoció los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación con la implementación del plan de priorización de casos, y destacó la participación de funcionarios indígenas en las investigaciones, lo cual fortalece la legitimidad de las instituciones en estos territorios.

La delegación también resaltó el programa Futuro Colombia, que busca mejorar la respuesta institucional frente a la violencia sexual y de género contra mujeres indígenas en la región.

Recomendaciones y compromiso de la ONU

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado reiteró su llamado a que el Estado colombiano adopte medidas urgentes y estructurales para proteger a las comunidades de la Sierra Nevada, y a que el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario sea una prioridad en los diálogos con actores armados.

“La tragedia que enfrentan estos pueblos aún puede ser contenida. El Estado colombiano debe actuar, y nuestra Oficina seguirá apoyando los esfuerzos de protección y justicia”, concluyó Scott Campbell.

Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con autoridades locales, entidades del sistema de justicia transicional, organizaciones de derechos humanos y representantes de los pueblos indígenas.

Foto: Colprensa