Francisco Acosta, el hombre que asesinó a Yurley Cervantes en un bus del SITP en Bogotá, tenía un largo historial de violencia y delitos, incluyendo homicidios previos. A pesar de las alertas previas, el sistema no logró prevenir el trágico crimen.
El asesinato de Yurley Patricia Cervantes en un transporte público de Bogotá ha dejado al descubierto la preocupante historia criminal de su agresor, Francisco Acosta. El 12 de septiembre de 2024, Acosta, de 29 años, atacó a Cervantes en un bus del SITP, acabando con su vida frente a los horrorizados pasajeros y hiriendo gravemente a su tía.
A pesar de las medidas de protección que Cervantes había solicitado, y las denuncias previas contra Acosta, el agresor logró evadir la vigilancia y seguir con su patrón de violencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reveló que Acosta ya había estado involucrado en otros homicidios, pero el sistema de justicia no había actuado con la rapidez necesaria para evitar el trágico desenlace.
La investigación ha mostrado que Acosta tenía un historial de delitos que incluía violencia intrafamiliar y homicidios. A pesar de las denuncias de Cervantes sobre amenazas y ataques anteriores, las autoridades no formalizaron estas quejas a tiempo. Esto permitió que Acosta, conocido por su historial violento, se desplazara a Bogotá y cometiera el crimen.
El caso ha generado una gran conmoción en la ciudad, poniendo en cuestión la eficacia del sistema de protección para víctimas de violencia de género. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura de Acosta el 13 de septiembre, y aseguró que se haría justicia. Sin embargo, el incidente subraya la necesidad urgente de revisar y reforzar los protocolos para garantizar la protección efectiva de las víctimas.
El asesinato de Yurley Cervantes destaca fallas críticas en el sistema de justicia y protección para las víctimas de violencia. A pesar de las alertas previas y el historial criminal de Acosta, el sistema no logró prevenir el feminicidio. Es crucial que se realicen reformas para mejorar la respuesta a las denuncias de violencia de género y asegurar que los agresores enfrenten justicia. La comunidad y las autoridades deben trabajar juntas para fortalecer las medidas de protección y prevenir futuros crímenes.