por Konuco | Oct 10, 2025 | Destacadas, Judicial e Investigación
La Corte Constitucional estableció que los familiares de los líderes y defensores de derechos humanos amenazados en Colombia también deben ser destinatarios de medidas de protección por parte del Estado, al fallar una tutela a favor de una lideresa indígena a quien la Unidad Nacional de Protección (UNP) le redujo su esquema de seguridad de manera injustificada pese al asesinato de su esposo y a las constantes intimidaciones contra su núcleo familiar.
El pronunciamiento del alto tribunal (Sentencia T-335 de 2025) busca corregir las fallas en la valoración de riesgo que ponen en peligro no solo a los defensores, sino también a su entorno más cercano, en un contexto de violencia persistente contra esta población.
La Corte recordó que los líderes sociales son sujetos de especial protección constitucional y que su labor es fundamental para la democracia, advirtiendo sobre las alarmantes cifras de violencia, como los 1.557 asesinatos registrados por la Defensoría del Pueblo desde 2016 hasta abril de 2025.
Las fallas sistemáticas en la evaluación de riesgo
La decisión de la Corte se fundamentó en el caso de ‘Ana’, una mujer indígena, líder de su comunidad y miembro de la mesa de víctimas, quien ha sufrido desplazamientos forzados, hostigamientos y amenazas. A pesar del asesinato de su esposo en agosto de 2024, la UNP decidió modificar su esquema de protección, que inicialmente incluía un escolta y apoyo de transporte, para dejarla únicamente con un chaleco blindado y un medio de comunicación.
El tribunal identificó un patrón de deficiencias en el actuar de la UNP que vulneran el debido proceso y ponen en riesgo la vida de los protegidos. La Corte estableció que la entidad no puede basar sus decisiones en valoraciones “contradictorias y erradas” que desvirtúan el liderazgo de una persona, sobre todo cuando existen certificaciones oficiales que lo acreditan.
Asimismo, sentó como regla que la falta de avance en las investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación no puede ser utilizada como argumento para disminuir el nivel de riesgo de una persona amenazada. Según la Corte, esto equivale a trasladar a la víctima las consecuencias de la ineficacia del sistema judicial.
El fallo también fue enfático en que cualquier reducción de un esquema de seguridad debe fundarse en una “disminución relevante y probada del nivel de riesgo”, y no en cambios insustanciales o arbitrarios. La UNP está obligada a presentar una motivación técnica detallada que justifique por qué las nuevas medidas son idóneas y eficaces.
Finalmente, la Corte exigió la aplicación obligatoria de un enfoque diferencial en todos los análisis. Explicó que se deben considerar los riesgos específicos que enfrentan las personas por su género, pertenencia étnica u orientación sexual, ya que la combinación de estas condiciones puede aumentar su vulnerabilidad.
Más allá de amparar a la líder indígena, la Corte emitió órdenes de alcance general. Dejó sin efectos las resoluciones que redujeron la protección de ‘Ana’ y ordenó a la UNP reestablecer su esquema original de forma inmediata, además de realizar una nueva valoración completa en un plazo de cinco días. Dicho estudio deberá incluir un análisis del riesgo de su núcleo familiar, compuesto por su hijo, su hija embarazada y su nieto de dos años.
También se le ordenó a la Fiscalía General de la Nación impulsar, en un término de tres meses, las investigaciones por los delitos cometidos contra la defensora y su familia, como un mecanismo para garantizar el derecho a la justicia efectiva y combatir la impunidad.
La violencia en cifras
El fallo de la Corte Constitucional se produce en medio de un panorama de violencia sostenida contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Según cifras de la Defensoría del Pueblo citadas en la sentencia, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025 se confirmaron los asesinatos de 81 líderes y defensores en el país. La cifra acumulada de homicidios desde enero de 2016 asciende a 1.569 casos.
Otras organizaciones como Indepaz y Somos Defensores mantienen registros paralelos que, aunque presentan ligeras diferencias, coinciden en la alarmante tendencia. Indepaz reportó 173 asesinatos de líderes en 2024 y, para finales de septiembre de 2025, ya contabilizaba 150 casos, lo que representa un aumento del 19 % frente al mismo periodo del año anterior. Los liderazgos comunales e indígenas siguen siendo los más afectados.
El programa Somos Defensores verificó la ocurrencia de 727 agresiones individuales dirigidas contra esta población durante 2024, que incluyen 404 amenazas, 157 asesinatos, 62 detenciones, 44 desplazamientos forzados y 24 secuestros.
Este contexto de riesgo se agrava para ciertos grupos, como los líderes indígenas y defensores ambientales. El informe anual de 2024 de la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que los asesinatos y atentados representaron el 41,9 % de las agresiones contra líderes ese año.
De Colprensa
por Konuco | Oct 10, 2025 | Destacadas, Nacional
Ecopetrol implementó un plan de acción para asegurar el suministro de gas natural durante el mantenimiento programado de la planta de regasificación de SPEC, que comenzó a las 0:00 del 10 de octubre y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del 14 de octubre.
La compañía dispuso de 71 GBTU diarios para garantizar la continuidad del servicio y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento energético. Para ello, adelantó el proceso comercial de asignación de gas proveniente de cinco de sus campos: Cusiana, Cupiagua, Cupiagua Sur, Floreña y Gibraltar. Como resultado, se firmaron 15 contratos con tres empresas privadas de generación térmica y demanda esencial.
Con esta medida, Ecopetrol aseguró el suministro de gas a las plantas térmicas que, en condiciones normales, dependen en gran parte del gas importado, garantizando así la generación de energía eléctrica sin interrupciones durante el mantenimiento.
El plan también incluye la reducción del consumo de gas en campos y refinerías propias, además de la conexión de pozos del Meta al sistema eléctrico nacional para optimizar el uso del recurso.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que la empresa está preparada para responder a los retos energéticos del país:
“Una vez más demostramos que Ecopetrol puede enfrentar condiciones extremas y garantizar la seguridad energética nacional. Adoptamos un plan de acción que asegura el suministro de gas y energía para todos los colombianos.”
De Colprensa
por Konuco | Oct 10, 2025 | Destacadas, Política
Las amenazas siguen rondando la actividad política de los candidatos presidenciales. En esta ocasión, el afectado es el excontralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien en la tarde de este jueves informó que, por motivos de seguridad, tuvo que suspender su gira por el Huila, debido a que recibió amenazas contra su vida.
Según Córdoba, “esta madrugada, informes de inteligencia nos advirtieron sobre un posible riesgo de atentado contra mí y mi equipo en el municipio de Pitalito, Huila, derivado de los recientes golpes propinados a estructuras criminales y de la presencia de bandas armadas en la zona”.
Ante el riesgo, señaló: “Por responsabilidad con nuestro equipo y con la ciudadanía, hemos decidido suspender toda la agenda prevista para los próximos tres días en el departamento del Huila. Agradecemos profundamente el esfuerzo de los cientos de voluntarios y colaboradores que durante semanas prepararon con entrega las actividades programadas.”
El aspirante presidencial aseveró que “nuestra campaña sigue adelante, sin miedo y con más fuerza que nunca. Ninguna amenaza podrá detener este proyecto que nació para defender a los colombianos, devolverles la seguridad y acabar con la robadera. Nos vemos muy pronto, huilenses.”
Esta semana se conoció que el también candidato, exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, recibió una corona fúnebre enviada a su padre, Óscar Tulio Lizcano. Incluso, cuestionó al alto gobierno por no haber recibido una llamada de apoyo de parte del Ejecutivo.
Las amenazas igualmente en esta campaña han marcado la actividad política, en particular el asesinato del precandidato uribista Miguel Uribe, quien en un acto público de campaña el 7 de junio sufrió un atentado que le causó la muerte tres meses después.
De Colprensa
por Konuco | Oct 7, 2025 | Destacadas, Política
Una especie de rifirrafe se ha presentado entre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente de la República, Gustavo Petro, debido a los diálogos de paz que el Gobierno nacional ha iniciado con las bandas criminales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, en los que inicialmente no se han tenido en cuenta a las autoridades distritales y departamentales.
Cono se sabe en días recientes, los líderes de ‘Los Pepes’, Digno Palomino, y de ‘Los Costeños’, alias ‘Castor’, anunciaron un cese de actividades delictivas hasta el 20 de enero de 2026, pero pasados unos días se presentó una masacre en el barrio Pinar del Río donde fueron asesinados tres hombres.
Este hecho, y que no lo hayan tenido en cuenta en los diálogos, no le gustaron al Alcalde Alejandro Char, por lo que ayer por la tarde cuando entrega un CAI en el conjunto residencial Puerta Dorada, donde expuso su punto de vista sobre estos diálogos de paz.
“Por supuesto, nos alegra la voluntad de diálogo, la voluntad de paz que hay y acompañaremos los procesos, lo acompañamos, pero mientras se metan con los barranquilleros, aquí estamos firmes, construyendo los espacios que le den la tranquilidad y que dejen dormir bien al barranquillero. El barranquillero tiene que dormir en paz”, dijo Char Cahljub.
Seguidamente apuntó: “todos queremos la paz. Yo quisiera que Colombia viviera en paz, pero hablamos de paz y ayer me mataron a 3 muchachos allá en Pinar del Río. Hablamos de paz y un local comercial donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo le pagamos a esas madres esa pérdida?”.
“Todos queremos la paz, pero primero está la ley y la institucionalidad. Eso está primero. Y mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, mientras acosen la seguridad y acaben con el sueño de los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad. Primero la seguridad”, enfatizó Alejandro Char.
El presidente Gustavo Petro respondió al alcalde Char
El presidente de la República Gustavo Petro ante este pronunciamiento de Char, le respondió en la red social de X, manifestando que el inicio de los diálogos ha permitido la disminución de los delitos en la ciudad.
“Qué seguridad va a haber, si las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla. Ahora sí empezamos a disminuir homicidios en la ciudad sin contar con la alcaldía”, escribió Gustavo Petro.
Y seguidamente se preguntó: “¿por qué empresas de seguridad de Barranquilla escoltaban grandes criminales que aprehendimos? Y ¿por qué tenían permiso oficial para portar armas? ¿Por qué las relaciones llegan hasta los juegos en línea que protegieron las comisiones económicas del Congreso y su presidente en el Senado?”.
Los cierto es que las cifras de criminalidad en el último mes bajaron en Barranquilla, pero el presidente Gustavo Petro considera que se debe al inicio de diálogos entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, el alcalde Alejandro Char dice que se debe a las inversiones que ha hecho en el material logístico para la fuerza pública que operan en el Distrito.
Durante el mes de septiembre hubo una reducción hasta del 87% en materia de extorsión y 55% en homicidios. “Porque ese equipo que hemos construido en estos últimos meses empieza a dar resultados. Producto del trabajo de equipo, comunidad, policía, alcaldía. Los resultados de septiembre fueron muy buenos. Por fin le rompimos el cuello a la extorsión. Los indicadores de crimen de asesinato bajaron un 56%, igual que los hurtos a comercio, a motocicletas, los hurtos a los hogares, no son suficientes. Por supuesto que no es suficiente”.
Los datos de septiembre
Recordemos que en septiembre se destacó por parte del Distrito una reducción de homicidios del 56%, extorsión del 87%, hurto a personas 34%, hurto a comercio 89%, hurto a residencias 46%, hurto de automotores 60% y actos sexuales 31%.
(Colprensa)
Foto: Colprensa – John Paz
por Konuco | Oct 7, 2025 | Destacadas, Región
En una operación sostenida contra el narcotráfico que fortalece el control territorial en la Amazonía colombiana, tropas del Batallón de Selva N.° 51, adscrito a la Brigada 22*} de la Cuarta División del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron un laboratorio clandestino para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda Lagos del Dorado, zona rural de Miraflores, Guaviare.
La estructura pertenecía al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) E1 Armando Ríos, disidencias de las FARC.
La acción, basada en labores de inteligencia militar, resultó en la destrucción de 1.800 galones de pasta base de coca en proceso, junto con insumos y equipos valorados en más de $500 millones: 250 kg de cemento gris, 150 kg de cal, 250 kg de soda cáustica, 250 kg de hoja de coca lista para picar, un motor diésel de 10 hp, dos tanques plásticos de 500 litros, una prensa manual, 120 galones de gasolina, 80 litros de ácido y 80 litros de amoniaco.
Todos los elementos fueron incinerados de manera controlada, y la información se puso en conocimiento de las autoridades competentes, adelantando los actos judiciales correspondientes.
