por Konuco | Feb 24, 2025 | Destacadas, Nacional
Tres años después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Cancillería confirmó este lunes que 64 connacionales han muerto en el conflicto.
Según la entidad, 57 de los cuerpos han sido repatriados, uno fue sepultado en Ucrania y seis más están en proceso de repatriación. Además, hay 122 colombianos reportados como desaparecidos en combate.
Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Colombia en Polonia tiene un registro de 186 casos de colombianos vinculados con el conflicto. «Debe tenerse en cuenta que esta cifra corresponde a los casos que han sido reportados o sobre los que ha sido solicitada la asistencia y se han validado con las autoridades ucranianas», indicó la Cancillería a El País.
Fuentes extraoficiales señalaron a ese diario que la mayoría de los colombianos involucrados en la guerra son exintegrantes de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, quienes fueron atraídos por ofertas de trabajo en redes sociales que prometían altos salarios.
El caso de Miguel Ángel Cárdenas
Miguel Ángel Cárdenas Montilla, de 33 años, salió de su casa en Candelaria, Valle del Cauca, el 16 de marzo de 2024, con la intención de viajar a Estados Unidos, según le dijo a su familia.
Sin embargo, su madre supo de él por última vez el 20 de julio de 2024, cuando aseguró que ingresaría al Ejército estadounidense. Tiempo después, un video difundido en redes sociales mostró a Miguel Ángel en poder del Ejército ruso.
«Mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas y pertenecí a la Brigada 59 del Ejército de Ucrania. Nos engañaron y nos dijeron que custodiaríamos un edificio, pero nos atacaron con drones y artillería del Ejército ruso. De los nueve que estábamos allí, todos fallecieron y yo decidí entregarme», afirmó en la grabación.
Su madre, Blanca Luz Mancilla, relató que su esposo sufrió un derrame cerebral tras conocer la situación y que desde entonces busca información sobre el paradero de su hijo.
Deportados desde Venezuela
Otro caso es el de Alexander Ante, un exmilitar colombiano que intentó regresar desde Ucrania a Popayán. Sin embargo, al hacer escala en Venezuela, fue detenido por las autoridades de ese país y deportado a Rusia.
«Se aburrieron después de unos meses y decidieron regresar, pero los capturaron en Venezuela y los entregaron a Rusia», relató Ana Carolina Ante, hermana de Alexander. La familia aseguró que han intentado comunicarse con él, pero no han recibido información clara sobre su situación.
Junto a Alexander también fue capturado Aarón Medina, otro colombiano deportado a Moscú, donde permanece retenido desde hace seis meses.
Colombianos en combate
Algunos colombianos que continúan en el conflicto reconocen que viajaron a Ucrania por razones económicas. Juan Manuel*, un exsoldado profesional de 41 años, explicó que los militares colombianos son altamente valorados en Ucrania por su experiencia en combate.
«El colombiano es muy apetecido como combatiente. Nos dan un mayor valor que a quienes han estado en las fuerzas armadas de otros países», afirmó. Según él, recibe cerca de 14 millones de pesos mensuales y espera regresar a Colombia con ahorros para iniciar un negocio.
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado a decenas de familias colombianas en la incertidumbre, mientras esperan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos o detenidos en el extranjero. Colprensa
Foto: Colprensa – Camila Díaz
por Konuco | Feb 24, 2025 | Destacadas, Nacional
Air-e intervenida dio a conocer que como parte de un plan para definir la cartera que puede ser realmente gestionada, identificó que $508.707 millones no pueden ser cobrados judicialmente por tener más de cinco (5) años de mora. Esto se conoce como prescripción de la obligación.
En total, se podrán beneficiar 203.979 usuarios distribuidos en 59 municipios, el 97,2% de ellos son residenciales de estratos 1, 2, 3 y sectores eléctricamente subnormales.
Este alivio significa una reducción de cerca del 10% del total de la cartera que registran todos los usuarios de Air-e.
El anuncio se dio por parte del agente especial de la compañía, Edwin Palma Egea, en el desarrollo de la audiencia pública ‘Air-e a la Calle’ con usuarios, líderes comunitarios, organizaciones sindicales y autoridades de Riohacha y La Guajira.
De acuerdo con el interventor, “esta medida representa para los beneficiarios una disminución del 25% de su cartera, la cual se podrá ver reflejada en los saldos que se indican en sus facturas de energía, en Riohacha se beneficiarán inicialmente más de 7 mil usuarios y en toda la Guajira serán 32 mil”.
Adicionalmente, Air-e ha definido un plan de financiación para incentivar la celebración de un acuerdo que permita pagar el saldo restante de la cartera en mora, por lo que se hace un llamado a los clientes para que acudan a los centros de atención de la compañía o a las jornadas de atención en los barrios, con el fin de normalizar su situación comercial y evitar suspensiones en el servicio.
Según Palma Egea, de los $508.707 millones de la cartera, $288.862 millones corresponden al departamento del Atlántico (57%), $125.718 millones a Magdalena (25%) y $94.127 millones a La Guajira (19%). Colprensa
Foto: Colprensa- Argemiro Piñeros
por Konuco | Feb 24, 2025 | Destacadas, Región
Seis integrantes activos del Ejército fueron imputados por la Fiscalía, por su presunta participación en la muerte de una persona y la retención ilegal y tortura de tres civiles, entre ellos la víctima.
Al proceso también fue ligado un uniformado ya retirado del Ejército, como presuntos responsables de la muerte de uno de ellos, en hechos ocurridos en zona rural de Caucasia (Antioquia), entre el 20 y 21 de abril de 2023.
Se trata del teniente en retiro Jahyr Stephen García Echavés, el cabo tercero Oscar Iván Joven Zúñiga, el sargento segundo Diego Alejandro Castillo Castillo y los soldados profesionales Alfredo Julio Basilio, Juan Camilo Navarro Galindo, Juan Esteban Regino Corrales y José Rafael Morales Donado.
Según la Fiscalía, los militares habrían aprehendido sin orden judicial a los civiles en el corregimiento de Cuturú y luego trasladados a la base de patrulla móvil del Batallón Rifles del Ejército.
Allí los habrían sometido a tratos crueles y denigrantes, en medio de preguntas insistentes sobre la ubicación de una caleta con dinero que pertenecería a un grupo armado ilegal.
Los elementos materiales probatorios indicaron que uno de los retenidos murió por ahogamiento, porque al parecer “fue sumergido en un lago”; mientras que los otros dos quedaron en libertad luego de ser presentados ante un delegado de la Fiscalía, quien estableció que no había mérito para capturarlos y judicializarlos.
En ese sentido, los presuntos responsables de lo sucedido fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y tortura contra persona protegida.
Aunque los cargos no fueron aceptados, por disposición del juez de control de garantías, los uniformados activos deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro de reclusión militar; y el teniente en retiro García Echavés permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia. Colprensa
Foto: Colprensa – Fiscalía
por Konuco | Feb 24, 2025 | Destacadas, Región
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Eduardo José González Angulo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos de mitigación del riesgo en Mocoa (Putumayo), tras la avalancha ocurrida en 2017.
Según el Ministerio Público, las demoras en la contratación e implementación de las obras de mitigación en las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa, así como en la quebrada Taruca, podrían haber puesto en riesgo a las comunidades afectadas por la tragedia.
La Procuraduría indicó que los contratos de interventoría fueron firmados e iniciados mucho después de los contratos de obra, lo que habría generado retrasos significativos.
A abril de 2022, cinco años después del desastre, no se había contratado ni entregado ninguna obra de mitigación en la parte alta y media de las cuencas afectadas. La Procuraduría señaló que solo hasta el 31 de diciembre de 2021 la Alcaldía de Mocoa entregó una obra en la parte baja del río Sangoyaco.
Además, el ente disciplinario precisó que, desde el 25 de marzo de 2020, la UNGRD incorporó más de $185.000 millones al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) para la ejecución de 56 proyectos en la parte media y baja de los afluentes mencionados. Sin embargo, a inicios de 2022, ninguna de estas obras había sido finalizada.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial para evaluar el avance de los proyectos enmarcados en el Plan de Acción Específico (PAE) 2017 desde la vigencia 2020.
El análisis también busca determinar si a la fecha del dictamen, existen riesgos para las comunidades de la parte alta del río Mulato y las quebradas Taruca y Taruquita debido a las demoras en la ejecución de los contratos. Colprensa
Foto: Colprensa – Germán Arenas
por Konuco | Feb 22, 2025 | Destacadas, Nacional
En medio de la difícil situación que atraviesa el departamento del Chocó debido al paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entregó más de 128.000 unidades de bienestarina y 6.000 canastas alimentarias a niños y adolescentes afectados por el conflicto.
La subdirectora del ICBF, Adriana Velásquez, precisó que estas ayudas fueron distribuidas en las zonas más afectadas por la violencia.
Además de la entrega de alimentos, el ICBF activó 12 equipos móviles para ofrecer acompañamiento psicosocial y nutricional a los menores de edad que han sufrido los embates del conflicto armado.
En este contexto, la institución también evalúa la posibilidad de abrir un comedor infantil en el municipio de Nóvita, uno de los más golpeados por la violencia en la región.
Durante su visita, Velásquez aseguró que el objetivo es escuchar de primera mano a la comunidad y a sus representantes, y coordinar acciones adicionales en conjunto con las autoridades locales como parte de la respuesta social ante el paro armado.
“Estamos aquí para escuchar de primera mano a la comunidad y sus representantes y, junto con las autoridades, concertar acciones adicionales como parte de la respuesta social ante este paro armado”, señaló la funcionaria.
Consejo de seguridad en Chocó
El Gobierno anunció este sábado medidas para fortalecer la seguridad en el Chocó tras un Consejo Extraordinario de Seguridad en Quibdó.
Entre las acciones destacan el despliegue de 186 nuevos efectivos del Ejército Nacional y un pelotón adicional para garantizar la movilidad en la vía Quibdó-La Mansa, la asignación de un millón de dólares para desminado humanitario y la entrega de 17 botes para el control fluvial en los ríos Atrato, Baudó y San Juan.
El Ministerio del Interior confirmó que el refuerzo de tropa se integrará con dos pelotones ya desplegados en la región, con el objetivo de restablecer la movilidad y reducir los hechos de violencia en las carreteras del departamento.
Asimismo, trabajarán junto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y Energía, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial de Colombia para intensificar operativos contra la minería ilegal.
Además, se priorizará la firma del Pacto Territorial del Chocó, que busca viabilizar proyectos estratégicos para las cinco subregiones del departamento.
El próximo 26 de febrero se realizará una reunión interinstitucional entre los Ministerios del Interior, Defensa y Minas, junto con la Policía Nacional y la FAC, para definir nuevas estrategias de seguridad en el Chocó. Colprensa
