por Konuco | Feb 22, 2025 | Destacadas, Región
La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador del Magdalena, al alcalde de El Banco y a los comandantes regionales de Policía y Ejército activar medidas efectivas para restablecer el derecho a la educación en la zona rural de ese municipio, donde las clases están suspendidas por amenazas del Clan del Golfo contra los docentes.
Según información de medios locales, los maestros han sido víctimas de extorsión desde el 6 de febrero, lo que los ha obligado a abandonar sus labores.
La Procuraduría, a través de la Procuradora Regional, instó a las autoridades a implementar planes urgentes de vigilancia, prevención y protección a los docentes afectados, además de reforzar las labores de inteligencia y coordinación entre la fuerza pública para combatir este delito.
También exigió la activación inmediata del Comité de Docentes Amenazados.
La situación afecta especialmente a los docentes de la zona rural, quienes deben desplazarse por áreas con presencia de grupos armados. La crisis de seguridad en el Magdalena ha alcanzado niveles críticos, impactando directamente a la comunidad educativa.
Genaro Gutiérrez, presidente saliente del Sindicato de Educadores del Magdalena, denunció que los maestros están siendo obligados a pagar extorsiones para poder llegar a sus lugares de trabajo. «Hemos tenido que salir a las calles a defender la vida y exigir seguridad», afirmó.
Según el dirigente sindical, la violencia contra los docentes no es un fenómeno reciente en la región. En 2024, un maestro fue asesinado y las amenazas han sido constantes. «En enero de este año salimos a protestar y a denunciar la situación, pero seguimos sin respuestas efectivas», agregó.
Los educadores han solicitado la realización de consejos de seguridad extraordinarios y acciones concretas para garantizar su protección.
Sin embargo, hasta el momento, las reuniones con las autoridades no han generado soluciones satisfactorias.
«No podemos seguir trabajando con miedo, sin saber si al salir de nuestras casas podremos regresar», manifestaron.
Ante este panorama, la Procuraduría reiteró la necesidad de una respuesta inmediata para garantizar la seguridad de los maestros y permitir el restablecimiento de las clases en la región. Colprensa
por Konuco | Feb 21, 2025 | Destacadas, Región
La Procuraduría General de la Nación realizó una evaluación detallada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual ordena la atención especial a los niños Wayúu en La Guajira.
Durante la reunión, el ente de control expresó su preocupación por los avances lentos en los contratos para dar continuidad a los programas de primera infancia en los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao, urgiendo al ICBF a agilizar los procesos para garantizar la atención a por lo menos 102 mil niños indígenas.
Las directivas del ICBF presentaron un balance en el que destacaron que la cobertura de atención a las comunidades pasó de 2.576 niños en 2024 a 3 mil en lo corrido de 2025. Además, informaron que se ha ampliado la cobertura a 9.551 familias más.
Sin embargo, reconocieron que los procesos de contratación para implementar los programas de alimentación enfrentan retrasos debido a la complejidad de los procedimientos de selección. Estos incluyen la identificación de organizaciones de base indígenas con capacidad jurídica, financiera y técnica, así como la autorización de las comunidades para la prestación de los servicios.
A pesar de los desafíos, la Procuraduría destacó algunos avances significativos. De las 144 invitaciones a participar en los contratos, 90 ya han sido suscritos, lo que representa un 63 % de la convocatoria. Estos logros son resultado de las observaciones y recomendaciones hechas por el Ministerio Público en mesas de trabajo anteriores, que han permitido agilizar ciertos procesos y mejorar la ejecución de los programas.
Al cierre de la reunión, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Samuel Arrieta, instó a las directivas del ICBF a redoblar esfuerzos para garantizar la calidad en la prestación de los servicios del Programa de Primera Infancia.
La sentencia T-302 de 2017 fue emitida por la Corte Constitucional en respuesta a la crisis humanitaria que enfrentan los niños Wayúu en La Guajira, donde la desnutrición y la falta de acceso a servicios básicos han cobrado la vida de cientos de menores. La orden judicial exige al Estado colombiano implementar medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales de esta población, incluyendo alimentación, salud y educación. Colprensa
Foto: Colprensa – Sofía Toscano
por Konuco | Feb 21, 2025 | Destacadas, Nacional
El presidente, Gustavo Petro, culpabilizó hoy a la Corte Constitucional y a sectores opositores de la eliminación de subsidios a las tasas de interés del Icetex, lo que ha desatado preocupación entre los estudiantes que han acudido a ese tipo de préstamos.
Cientos de críticas se han escuchado debido a esta decisión del Icetex que afectaría a miles de estudiantes, quienes tienen créditos con esta entidad, en busca de cumplir sus estudios universitarios.
Ante esta situación, el Presidente señaló que el Alto Tribunal es el responsable de qué miles de jóvenes que estaban pagando sus créditos en Icetex tendrán cuotas mucho más altas.
“Fue la corte constitucional, en su sabiduría, aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés, que el Gobierno logró aprobar en el Congreso”, señaló Petro en X.
“Pregunto ¿por qué la derecha colombiana grita ahora porque no hay subsidios a la tasa de interés de créditos del Icetex cuando fue ella la que promovió su derrumbe en la Corte, y además desfinanció al Estado para que mi Gobierno no cumpliera su programa?”, cuestionó.
El Jefe de Estado señaló que producto de esta decisión “el gobierno se volcó de lleno a lograr gratuidad en la universidad pública. Ya hemos creado 130.000 nuevos cupos completamente gratuitos en todo el país”.
Según la información emitida desde el Icetex y que le está llegando a miles de jóvenes, los beneficios de la financiación educativa en este periodo de pago no tendrán subsidio a las tasas de interés, debido a la situación fiscal del país.
Esto significa que, por ejemplo, estudiantes que pagan cuotas al Icetex de $276.753, ahora pagarán más de $400.000, representando un aumento del más del 50%. Colprensa
por Konuco | Feb 20, 2025 | Destacadas, Nacional
En un 35% aumentó la deforestación en Colombia en 2024. Durante el año, fueron deforestadas un total de 107.000 hectáreas, frente a 79.256 hectáreas que fueron deforestadas en 2023
Así lo informó este jueves el Ministerio de Ambiente, al presentar un reporte de la deforestación en el país. A pesar del aumento en el número de hectáreas deforestadas, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió los resultados. Aseguró que esta es la segunda cifra más baja en materia de deforestación en el país, desde que se lleva este registro.
«Cuando vemos el acumulado de los tres años (de este gobierno), es una reducción acumulada hasta el año 2024, del 40%. El año más alto de deforestación que ha tenido el país, desde que tenemos récord, fue el 2017, con 219 mil hectáreas. Ahí estaba empezando el proceso de paz y las FARC estaba saliendo del territorio. Luego recibimos en el año 2021 174 mil hectareas. Y este Gobierno, a partir de un trabajo mancomunado con las comunidades y cambiando la política, logró una reducción a 123 mil hectareas, en 2022 y 79 mil en 2023, la cifra más baja de deforestación de los últimos 23 años», explicó la ministra.
Muhamad reconoció que la de 2024 no es una buena cifra, pero señaló que, teniendo en cuenta el contexto histórico, el registro del año pasado mantiene los buenos resultados que ha tenido la política del Gobierno Petro en esta materia.
«Desde el Ministerio de Ambiente hemos consolidado un modelo efectivo junto a las Contención en el país, cumpliendo y superando la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo», añadió Muhamad.
La ministra señaló que dentro de las estrategias del gobierno para combatir este fenómeno se identificaron 22 ‘nucleos de desarrollo forestal’, zonas que presentan altas cifras de deforestación, de las cuales cinco registraron incrementos, mientras que cuatro permanecieron en una tendencia similar a la registrada en el 2023.
Entre los principales puntos de deforestación identificados por el Ministerio están los Parques Nacionales Naturales Macarena y Tinigua (Meta).
Según la jefa de la cartera Ambiental, las dinámicas del conflicto armado han dificultado que el gobierno pueda intervenir en zonas que tienen una alta deforestación, como en algunos sectores del departamento del Meta.
En ese sentido uno de los grandes retos del gobierno para este 2025 será intervenir en las actividades de economía ilícita que realizan los grupos armados del país y que limitan la capacidad de reducir la deforestación a nivel nacional. Colprensa
Bogotá. Febrero 20 de 2025. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, ofrece una rueda de prensa tras presentar el balance de las cifras de deforestación en Colombia durante 2024. En su intervención, destacó las estrategias implementadas el año pasado, comparó los resultados con años anteriores y presentó las metas propuestas para el periodo actual. Foto: Colprensa – Cristian Bayona
por Konuco | Feb 19, 2025 | Cultura y Entretenimiento, Destacadas
Tras la muerte de Pablo Escobar, el poder del Cartel de Cali aumentó, llegando a controlar el 80% de la cocaína que desde Colombia se enviaba a Estados Unidos, todo esto al mano de su fundador Gilberto José Rodríguez Orejuela, también conocido como ‘El Ajedrecista’.
Capturado y extraditado a Estados Unidos, falleció cumpliendo su condena a 30 años el 31 de mayo de 2022, pero durante sus años de presidio escribió varias versiones de sus memorias, las cuales envió por partes a su hija, y la última versión, acaba de ser publicada bajo el título ‘Gilberto según Rodríguez Orejuela: Memorias secretas del jefe del cartel de Cali’.
En más de 450 páginas, presenta la versión de muchos de los hechos protagonizados o adjudicados al Cartel de Cali, así como episodios desconocidos de su vida personal y familiar, desde su infancia en su pueblo natal, Mariquita (Tolima), así como su vida en Popayán y su llegada a Cali para trabajar como mensajero de droguerias, junto a su historia, una de sus favoritas, de cómo llevó su primer cargamento de drogas hasta Nueva York, por carretera desde Panamá.
También esa fase en la que llevó una doble vida. Ante el mundo, era un próspero empresario e inversor, mientras que construía toda una empresa del crimen que se conocería como el Cartel de Cali, para luego librar una sangrienta batalla por el poder narco contra Pablo Escobar y su intervención en uno de los mayores escándalos en la historia de la política colombiana: el proceso 8.000.
Con autorización de Penguin Random House, Grupo Editorial que publica estas memorias, aquí algunos apartes claves de estas memorias.
PROCESO 8.000
En el libro, Gilberto afirmó que existió una reunión con el entonces precandidato Ernesto Samper Pizano, cuando era embajador en España, conocida en la prensa de esos años como ‘El pacto de recoletos’. Además, habla de un supuesto soborno ofrecido en ese momento.
“Miguel decidió enviar una persona de su entera confianza para que, junto con Alberto Giraldo y Eduardo Mestre, se reunieran con él, en mayo de 1993, en el icónico ‘café de los espejos’ de Madrid. La idea era darle a conocer nuestro deseo de apoyarlo en su aspiración presidencial. De paso, quisimos entregarle un aporte inicial de diez mil dólares para que iniciara su rol de precandidato, cosa que agradeció, pero no recibió. En todo caso se le ratificó que la gente de Cali quería patrocinar su campaña” (página 378).
El ofrecimiento de apoyo también se hizo, según Gilberto Rodríguez Orejuela, a la campaña de Andrés Pastrana. El contacto lo habría hecho su hermano Miguel a través del directivo de esa campaña Álvaro Pava pero, según el relato, no se habría concretado. “Miguel habló inicialmente, le ofreció quinientos millones de pesos, pero Álvaro Pava le dijo que era muy poco y que aspiraba a que se le diera la misma cantidad que le habían dado a Ernesto Samper” (página 379).
El aporte a la campaña Samper se concretó para la segunda vuelta, según el libro. “Les preguntamos cuánto requerían y nos hablaron de cinco mil millones de pesos. Se les hizo saber que era una cifra muy fuerte, que siempre habíamos apoyado políticos, pero no con cifras tan altas” (página 381).
Según Gilberto Rodríguez Orejuela, después de una reunión de la cúpula del cartel de Cali, decidieron entregar la suma que les pedían, pero pidieron un compromiso a cambio. “Desde allá [la campaña presidencial] mandaron una razón: lo que ofrecían era comprometerse en darnos una cárcel digna y un proceso ajustado a la ley; que más no podían, que comprendiéramos la situación del país frente al narcotráfico y la presión que ejercía el Gobierno de Estados Unidos, que era muy difícil” (página 381).
El dinero fue llevado de Cali a Bogotá en varios vuelos. “Coordinaron que la entrega del dinero para la campaña se hiciera en paquetes de regalos custodiados por la Aerocivil. Ese día se hicieron cinco viajes a Bogotá, recibidos por Eduardo Mestre y Santiago Medina, que eran las personas de mayor confianza para Samper, y ese fue el compromiso (página 382).
El proceso no fue a espaldas del candidato, según el autor. “Es aquí donde hago mi consideración sobre el dinero entregado y es que todos llenaron sus arcas y no todo fue para Samper, tampoco que fue a sus espaldas, pero todos comieron su tajada e inflaron los gastos de la campaña” (Página 384).
CONTRA OTROS CAPOS
Según Gilberto Rodríguez Orejuela, pagaron tres millones de dólares por el informante que entregó a Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’. “La plata se pagó, se entregó al informante la suma acordada de tres millones de dólares y el operativo costó otro dinero. Las felicitaciones le llegaron al general Maza, que directamente, a través de una llamada, se las dio a Miguel. Supimos que la muerte del Mexicano fue un golpe duro para Pablo, que se quedó sin un socio que tenía las mismas prácticas y que era su brazo armado”. (página 359).
También asegura que contrataron mercenarios ingleses para atentar contra Escobar pero que el asalto a Nápoles se frustró por un accidente del helicóptero en el que viajaba un comando fuertemente armado. “En uno de los helicópteros iban los dos mercenarios principales: McAleese y Tomkins. De ese comando también tomó parte, además de Salcedo y Del Vasto, Fritanga, un hombre de las entrañas de Chepe, y el Tigre, piloto, hijo de un general activo, un muchacho agradable, capaz, responsable, que se había preparado muy bien y que además venía de la escuela de su padre, aunque en esta misión no iba con su autorización. Cuando el escuadrón aéreo ya avanzaba, ocurrió lo inesperado. A medio camino hacia la Hacienda Nápoles el helicóptero de los mercenarios se estrelló en un lugar llamado Cuchilla del Silencio, en Antioquia….. Venían sobrecargados de explosivos y municiones que milagrosamente no se detonaron con la caída en medio de la selva”. (página 364).
Según las memorias, el cartel de Cali apoyó al Bloque de búsqueda con dinero y tecnología para interceptar las llamadas de Pablo Escobar, y se pagó una ‘recompensa’ a los oficiales que lideraron la operación en la que terminó muerto Escobar, baleado en un tejado. “Aguilar llamó a Miguel y le dijo: «Viva Colombia, ganamos». Y sí que ganaron: diez millones de dólares, porque habíamos acordado subir la recompensa para Aguilar y González” (página 368).
Niega que haya sido una disputa por rutas o negocios de la mafia. Asegura que se desencadenó por una vendetta entre dos lugartenientes de Escobar en la que terminó involucrado Hélmer Pacho Herrera. Pablo Escobar tomó partido y le pidió al cartel de Cali que entregaran a Herrera. Gilberto se negó y ahí inició la confrontación.
ENCUENTRO CON LAS FARC
Después de la caída de Pablo Escobar, Gilberto gestionó una reunión con las Farc con el objetivo de tener una estrategia conjunta en contra de la extradición. El encuentro era con Manuel Marulanda Vélez pero finalmente se realizó con Raúl Reyes, con quién habló en un campamento. “—Nosotros los narcotraficantes estamos en la lista de Estados Unidos para pagar cárcel bajo su justicia y su control y le recuerdo, Raúl, ustedes no serán la excepción. Me respondió algo disgustado: —Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros luchamos por ideales” (Página 389). Y más adelante: “(…) Rematé diciéndole, a riesgo de no salir de la zona: —Ese calificativo de «narcoguerrilla» tiene sus verdades, es por eso por lo que sí creo que tenemos mucho en común y que el tema de la no extradición es de interés para ambos”. (Página 389).
CAMBIO DE VERSIÓN
La versión que da Rodríguez Orejuela coincide con la entregada por Salvatore Mancuso en la Justicia Especial de Paz, JEP, según la cual José Santacruz, supuestamente, cayó muerto a manos de Carlos Castaño y no por un operativo de las autoridades. “Hay una secuencia de varios hechos que está relacionada con la paranoia de Carlos Castaño. El primero fue el asesinato de José Santacruz, en marzo de 1996, menos de dos meses después de su fuga de la cárcel. Los aliados de Castaño creyeron que esa fuga iba a ser el motivo para reactivar la extradición de colombianos a Estados Unidos y no dudaron en hacerle la solicitud a Castaño, quien ejecutó el plan aunque Santacruz lo consideraba uno de sus mejores amigos. Castaño se valió de Doble Cero, uno de sus hombres de más confianza, para tenderle la celada. Lo citó en Medellín y cuando ingresaba a una casa en El Poblado se le abalanzaron por la espalda; dicen que les costó mucho trabajo doblegarlo. Después Castaño permitió que lo de José se presentara como un operativo de la fuerza pública”. (Página 392)
Rodríguez Orejuela le dedica varias páginas de su libro al tema de la extradición de 1986, que ocurrió después de que fuera capturado en Madrid, junto a Jorge Luis Ochoa. Se refiere a la versión del supuesto soborno pagado y narra sobre el proceso judicial, pues lo pedía en extradición tanto Colombia como Estados Unidos, lo que en su momento inició un largo debate al respecto. “La gestión se centró en evitar la extradición a Estados Unidos y, en cambio, conseguir que ese procedimiento se hiciera hacia Colombia. También era viable jurídicamente, según el análisis de los abogados, que fueran juzgados en España. Gilberto se enteró de que el caso llegó a conversaciones de alto nivel. Según le dijeron, García Márquez le tocó el tema a Felipe González durante un encuentro, pero el presidente del Gobierno lo eludió sin mucho preámbulo y cambió de tema. El escritor entendió que no quería hablar del asunto y no le insistió. García Márquez se lo hizo saber al amigo periodista, previamente contactado por Miguel, quien había viajado a España exclusivamente para esa gestión. Como no hubo resultados por esa vía, se acudió a otro amigo íntimo de Felipe González, que lo conocía desde cuando el PSOE era un partido clandestino. Ahora era alto consejero y este personaje, muy inteligente, era un socialista por convicción y ladrón por ambición. A dicho consejero presidencial se le expuso la situación y la idea de que Ochoa y Rodríguez fueran extraditados a Colombia y no a Estados Unidos, o que fueran juzgados en España. El intermediario, entre risa y también en serio, soltó una cifra en millones de dólares. Difícil de saber si hablaba en serio. Era imposible para Ochoa y Rodríguez llegar a un acuerdo, por dos dificultades a superar. La primera, la cantidad de dinero tan alta que pedía, que, aun teniéndola, era difícil de manejar en efectivo1 y, segundo, porque los abogados, tanto de Rodríguez como de Ochoa, les advirtieron a ambos, desde un principio: «Si nos enteramos de que en este proceso hay corrupción o un intento, a cualquier nivel, nos retiramos del caso»”. (páginas 75 y 76)
Colprensa.
