Estado gana millonaria demanda ambiental y se protege a Caño Cristales

Estado gana millonaria demanda ambiental y se protege a Caño Cristales

Bogotá D.C., 10 abril de 2024. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Colombia y negó la demanda presentada por Hupecol, una importante empresa petrolera estadounidense, a la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le revocó la licencia ambiental.
La compañía pretendía que se declarara la nulidad del acto administrativo expedido por la ANLA, con el que se le impidió desarrollar un proyecto de hidrocarburos en el Bloque Serranía, en un área de especial importancia ecosistémica, ubicada en los municipios de La Macarena, en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, en una zona cercana a Caño Cristales.

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Sin embargo, en sentencia del 1° de febrero de 2024, que no fue recurrida por la parte demandante, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, argumentando que la zona en la que se realizaría el proyecto fue declarada de especial importancia ecosistémica y, por lo tanto, cualquier actividad de extracción de hidrocarburos la pondría en riesgo.
“Esta sentencia ratifica que las políticas del Gobierno en materia de protección ambiental y de desescalamiento gradual del modelo extractivista son el camino para enfrentar el cambio climático. Además, evidencia que los intereses económicos no están por encima de los derechos ambientales y de la vida”, afirmó Jhon Camargo, director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
“La decisión constituye un precedente favorable para el Estado en materia de protección y conservación del medio ambiente, en particular en este caso del Área de Manejo Especial La Macarena, así como la ratificación del fin preventivo de las licencias ambientales como mecanismo para la garantía del desarrollo sostenible. Además, se evita el pago de una condena de más de 100 mil millones de pesos que se reclamaban como perjuicios”, afirmó Rodrigo Negrete Montes, director general de la ANLA.
La defensa judicial se realizó de forma conjunta entre la ANLA, Cormacarena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Familias en Yarumal en acto de reparación reciben predios

Familias en Yarumal en acto de reparación reciben predios

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2024. Cuarenta y nueve familias campesinas de Yarumal (Antioquia) recibieron títulos de propiedad por 180 hectáreas. Cuarenta de ellas son víctimas del conflicto armado.

La acción se hizo efectiva en el Día Nacional de las Víctimas y marca un día histórico en la reparación y formalización de la tenencia de la tierra en este municipio, tras años de incertidumbre y desplazamiento forzado, gracias al trabajo de la Agencia Nacional de Tierras.

Miriam Echavarría Osorio, junto con su familia, es una de las beneficiarias de esta iniciativa. En los lotes cultivan ají, caña, cacao, café y otros alimentos, en la misma tierra que fue trabajada por su padre durante más de cuatro décadas y que se vio ensombrecida por la violencia paramilitar a principios del milenio.

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La historia de Miriam refleja la resiliencia y la esperanza de muchas familias en la región que han soportado los horrores de la guerra, pero se han mantenido firmes en su deseo de volver a sus raíces y reconstruir sus vidas.

El proceso de entrega de títulos simboliza un acto de justicia y abre un abanico de oportunidades para las familias beneficiadas, que ahora pueden acceder a mejoramientos de vivienda, créditos bancarios y proyectos productivos ofrecidos por el Estado. Este paso les brinda la seguridad jurídica necesaria para avanzar en el desarrollo agrícola y económico de la región.

Juan Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras, señaló que se trata de un avance significativo en la formalización de tierras y el acompañamiento del Estado en los programas nacionales de reforma agraria.

“Este gesto gubernamental reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con las víctimas del conflicto, asegurando que la seguridad jurídica de la tierra pertenece a los campesinos que han retornado y contribuyen al desarrollo del país», apuntó Harman.

La felicidad de doña Miriam y su familia refleja el sentimiento de muchas otras que hoy ven materializado el derecho a la tierra, un proceso que describe como rápido y gratuito, y que les motiva a trabajar con mayor entusiasmo en sus cultivos.

Este logro simboliza la restitución de un derecho fundamental y representa un paso adelante en la cicatrización de las heridas dejadas por décadas de conflicto en Colombia.

La gestión de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Antioquia de la Agencia Nacional de Tierras culminó en menos de siete meses.

$2,1 billones destinó Prosperidad Social en 2023 para las víctimas del conflicto

$2,1 billones destinó Prosperidad Social en 2023 para las víctimas del conflicto

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2024.“El año pasado destinamos más de 2,1 billones de pesos, de todo el presupuesto de transferencias monetarias, a la lucha contra el hambre y las privaciones de la población víctima del desplazamiento», informó Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, que Colombia conmemora este 9 de abril.

Se trata de una de las poblaciones más vulnerables, como lo muestra la última medición del DANE (2022), con una incidencia de pobreza mayor a la del resto de la población.

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Sin embargo, Bolívar recordó que, a partir del sistema de transferencias creado con el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, programas como Renta Ciudadana y Renta Joven comienzan a generar condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los hogares.

En 2023, los recursos invertidos por Prosperidad Social en transferencias monetarias para hogares víctima fueron ejecutados mayoritariamente por medio de Tránsito a Renta Ciudadana, que antecedió al programa Renta Ciudadana que se implementó este año. La entidad destinó el año anterior 1.529 millones de pesos para garantizar el apoyo a 707.122 hogares participantes.

Jóvenes en Acción (programa que evolucionó a Renta Joven, desde enero 2024) acompañó en 2023 a 34.891 estudiantes víctima de desplazamiento, con una inversión de 48.104 millones de pesos.

​Reparación integral a las víctimas en los territorios

Gustavo Bolívar informó que Prosperidad Social ajustó y puso en marcha acciones de los programas de inclusión productiva e inversiones en obras para aportar soluciones duraderas que permitan saldar la deuda con las poblaciones olvidadas, entre las cuales están las víctimas del conflicto.

De otro lado, Familias en su Tierra es un programa que la entidad implementa para la reparación integral de esta población. Es dirigido a hogares rurales víctimas de desplazamiento forzado que han retornado o han sido reubicados. En 2023, el programa vinculó a 158.074 de estos hogares.

El mundo está mirando si somos capaces de indemnizar a las víctimas«, afirmó el presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, durante la posesión de María Patricia Tobón,  directora de la Unidad para las Víctimas, otra de las entidades que forman parte del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación.

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Agregó entonces que: “para desatar el nudo gordiano hay que reparar integralmente a las víctimas de Colombia, las víctimas de la violencia, que han sido del Estado, que han sido de las guerrillas, que han sido de los grupos paramilitares, que son hoy, y desde hace algún tiempo para acá, víctimas del narcotráfico mismo, de sus formas cambiantes y transformadas de organización».

Colombia presentó avances significativos en la reparación a las víctimas del conflicto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado mes de febrero, con la indemnización más alta en la histor​ia de la política pública del país para esta población.

Fiscalía impacta patrimonio ilícito en Caquetá y Huila de red de narcotráfico

Fiscalía impacta patrimonio ilícito en Caquetá y Huila de red de narcotráfico

Bogotá D.C. 10 de abril de 2024. La Fiscalía General de la Nación identificó el patrimonio ilegal que habrían constituido cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una estructura narcotraficante señalada de transportar cocaína camuflada en vehículos de carga desde Huila y Caquetá hacia las denominadas plazas de vicio de la ciudad de Bogotá.

Fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 3.300 millones de pesos, que pertenecerían a integrantes de una misma familia

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En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 4 inmuebles urbanos y 2 rurales, y 15 vehículos que presuntamente fueron destinados para el acopio de las sustancias ilícitas y adquiridos con dineros producto del traslado de estupefacientes.

Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 3.300 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas por el CTI y el Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos (GRAI) en Florencia y Montañita (Caquetá), y Pitalito (Huila).

Los elementos de prueba indican que la organización impactada estaría conformada por la señora Milady Rojas Gutiérrez; los hermanos José Liovis, Álvaro Fabio y Jorge Eliecer Barragán Murcia; y Yecid Barragán Rojas.

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En el curso de la investigación, el señor José Liovis Barragán Murcia fue capturado en situación de flagrancia en enero del año 2021, en un retén militar ubicado entre Florencia y Morelia (Caquetá). Esta persona se movilizaba en un vehículo en el que iban ocultos 34 paquetes de clorhidrato de cocaína.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados con fines de extinción de dominio.

Análisis docentes de la UdeMedellín Gobierno de Fico y Andrés Julián

Análisis docentes de la UdeMedellín Gobierno de Fico y Andrés Julián

Federico Gutiérrez, como alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, como gobernador de Antioquia, ya ajustaron sus primeros 100 días de mandato. Para docentes analistas de la Universidad de Medellín, ambos mandatarios han traído confianza en la ciudadanía y en el sector productivo, pero aún enfrentan grandes retos en temas de seguridad.

De acuerdo con Pedro Piedrahita, jefe del programa de Ciencia Política de la UdeMedellín, lo más positivo en la gestión de Gutiérrez ha sido la confianza con el sector privado y la ciudadanía.

“Lo que se ha hecho en estos 100 días de gobierno es establecer esa confianza no solo de los ciudadanos hacia el alcalde Gutiérrez sino también de la alcaldía hacia los ciudadanos y esto se ha visto en obras y acciones muy sencillas como ver mantenimiento constante en las zonas verdes de la ciudad, operatividad de los organismos de seguridad, de los mismos agentes de movilidad, y esto ha permitido que la gente tenga satisfacción en estos días y esto se traduce en una confianza al gobierno”, explicó Piedrahita.

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Sin embargo, la seguridad es un gran reto para el mandatario del distrito, a pesar de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá haya reportado reducciones en algunos delitos.

“Ya tenemos la experiencia de su primer mandato que fue una estrategia marcada por captura por grandes jefes, tendríamos que esperar cuál va a ser la dirección de seguridad y lo que uno esperaría es que esta estrategia de seguridad se base en estudios y evidencia y que no estén enfocadas en temas de percepción que están asociados a estrategias de comunicación política”, agregó el docente.

Para el profesor Milton Andrés Rojas Betancur, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, hay que esperar que se materialice el Plan de Desarrollo de esta alcaldía para ver su norte. Sin embargo, consideró que la gestión en estos 100 días ha mostrado resultados en seguridad.

“Hay una reducción leve en ciertos indicadores de seguridad como hurto a motocicletas y a personas; hay más reducción, no muy significativa, en extorsión que es uno de los grandes temas de la agenda de seguridad en Medellín que le van a generar unos retos muy considerables a esta administración junto con el Gobierno Nacional”, afirmó Rojas.

De otro lado, ambos docentes coinciden en que seguirán los roces entre ‘Fico’ y el presidente Gustavo Petro, pues el mandatario de los medellinenses es firme en su camino a la oposición. “Claramente el alcalde Federico tiene una agenda de oposición al gobierno, eso es completamente natural en una democracia; sin embargo, hay que esperar cuando se apruebe el Plan de Desarrollo, cómo se van a generar las acciones del Plan de desarrollo Distrital con el departamento y también con el Plan de Desarrollo Nacional”, dijo Pedro Piedrahita.

Al respecto, Milton Andrés Rojas, dijo que: “la relación entre el gobierno local y el gobierno nacional, por las cualidades de los mandatarios, es tensa y seguramente no cambiará (…) eso va a generar algunos problemas en el lineamiento de políticas públicas especiales en paz total y políticas de seguridad y también dependiendo de lo que apruebe el Plan de Desarrollo si hay obras que requieran mucha financiación de la Nación y ahí puede haber algunas dificultades significativas”.

La gestión del gobernador de Antioquia

 El profesor Pedro Piedrahita explicó que la gestión del gobernador Andrés Julián Rendón se ha caracterizado por restablecer la confianza y sobre todo por crear una agenda de oposición al Gobierno Nacional basada en la autonomía fiscal del departamento de Antioquia.

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  “De ahí se entienden asuntos importantes que se vienen planteando como es la vaca para terminar el tema del Túnel del Toyo (además de las vías 4G), que más allá de si se cumple la recaudación de los dineros, en últimas es crear una agenda de oposición y sobre todo fortalecer ese malestar que hay en la ciudadanía en el departamento de Antioquia respecto a la gestión del Gobierno Nacional”, detalló el docente de ciencias políticas.

Agregó que el gobernador se destaca por su carisma que llega más a la ciudadanía que su antecesor, Aníbal Gaviria. Sin embargo, dijo que el mandatario departamental tiene grandes retos en materia de seguridad, sobre todo en las subregiones del Bajo Cauca y el Urabá antioqueño.

“Hay unas disputas por los territorios, en particular el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con el Eln, incluso con disidencias. Esto es un asunto grave porque también lo que está evidenciado es que el Estado colombiano nunca ha estado en ciertos territorios y esa sigue siendo una falla estructural en términos institucionales, no solo del departamento sino del país”, concluyó el docente quien dijo que hay que esperar para que el gobernador presente su estrategia de seguridad y que sea más allá de grandes anuncios.