Bogotá, D. C., 25 de abril de 2024. El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, recibió la donación de 101 equipos biomédicos del gobierno de Japón, como parte de un proyecto de cooperación para promover la salud y el desarrollo sostenible en el país.
Los equipo tienen un valor de $7.954 millones de pesos y beneficiarán a 16 Entidades Sociales del Estado (ESE).
Se trata de equipos de última tecnología como monitores de signos vitales, desfibriladores y ecógrafos, que llegan a mejorar la capacidad de respuesta y el alcance de los servicios médicos en los departamentos de Guaviare, Córdoba, Sucre, Quindío, Caquetá, Guainía, Meta, Bolívar, Santander y Putumayo.
El proyecto incluye un componente de capacitación para que el personal de salud tenga un adecuado manejo de los equipos.
“Japón lleva mucho tiempo contribuyendo a la salud mundial, basándonos en que esto es el pilar fundamental para el bienestar de las personas. En Colombia llevamos más de 30 años apoyando la asistencia sanitaria en más de 28 departamentos», dijo el embajador de Japón en Colombia, Takasugi Masahiro.
Por su parte, el ministro de Salud indicó que esta donación, además de reforzar los lazos de cooperación entre ambas naciones, “nos permite seguir fortaleciendo la red pública hospitalaria y llevar mejor atención a la población».
En el acto de entrega participaron la Agencia de Cooperación Internacional (APC), el INVIMA y la Cancillería que, junto al Ministerio de Salud, se han articulado para sacar adelante este proyecto. También, estuvieron presentes gerentes de algunas Entidades Sociales del Estado (ESE) beneficiarias.
Hace un año Colombia recibió 7 equipos de Rayos X avaluados 3.5 millones de dólares como parte de la primera fase de este proyecto. Para el segundo semestre de este año se proyecta el fortalecimiento de la infraestructura del Instituto Nacional de Salud como etapa final.
Bogotá, 25 abril de 2024. La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) presentaron este miércoles el Clúster del Deporte y la Recreación, una iniciativa que busca hacer más atractiva a la capital y beneficiar a unas 5.000 empresas vinculadas al sector.
El clúster es una apuesta por el fortalecimiento de la economía del deporte y la promoción de la actividad física, donde se unen los empresarios, el gobierno, las entidades de apoyo y la academia, para generar sinergias, dijo a EFE el director del IDRD, Daniel García Cañón.
El ejecutivo añadió que con la iniciativa también busca «reconocer los obstáculos que tienen las empresas para alcanzar sus objetivos de negocios y visibilizar la oferta de programas y proyectos de las entidades territoriales de Bogotá-Región para buscar la superación de esas barreras».
Desde 2021, el IDRD comenzó a trabajar la idea del clúster lo que redundó en la vinculación de empresarios y con ello se logró identificar proyectos y necesidades del sector.
En esa dirección el clúster apoyará el fortalecimiento de las empresas y emprendimientos a los que brindará servicios especializados, al igual que promoverá sus negocios.
Se busca potenciar a empresas relacionadas con la enseñanza deportiva, la gestión de instalaciones deportivas, clubes deportivos y actividades de parques temáticos y de atracciones, actividades recreativas y de esparcimiento, entre otros.
«En la CCB trabajamos por generar articulación entre diversos actores y sectores que impulsan el desarrollo económico y empresarial de la región», aseguró a EFE el presidente de la CCB, Ovidio Claros.
«Lo que comenzó hoy no es otra cosa que un camino para crear oportunidades de colaboración e innovación, fortaleciendo así la economía popular y que en un futuro tengan la oportunidad de llegar al exterior», añadió.
Las empresas relacionadas con el sector del deporte y la recreación, según cifras de la CCB, participan con el 1,22 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital colombiana.
Es por eso que otro foco del clúster está en lograr la vinculación de emprendedores y a las pymes para que puedan presentar proyectos que potencien su productividad.
Este clúster se suma a las 16 iniciativas sectoriales que tiene la CCB desde 2012 para apoyar la competitividad de Bogotá y la región.
Para seguir creciendo
«Lo que queremos es aprovechar estos espacios de la Cámara de Comercio de Bogotá para poder crecer y que de una vez por todas el deporte y la recreación sean reconocidos como un sector que aporta a la economía de Bogotá y el país», aseguró a EFE Julián López, de la empresa Gol2Soul.
En el caso de su compañía, explicó, busca «jugar en la cancha un fútbol más humano, más sostenible y con más oportunidades», y recordó que en el sector hay problemas como los sobrecostos, el abuso e, incluso, la explotación.
«Queremos que el deporte se convierta en un catalizador social positivo, creando oportunidades y superando limitaciones tradicionales», concluyó.
Por su lado, Juan Pablo Cabrera, de la empresa Active Bodytech, remarcó que con el clúster los empresarios del sector, sin importar que tan grandes sean, pretenden que se construyan sinergías para que «el deporte y la recreación se vean como empresa».
A corto plazo considera que su empresa puede crecer porque con las nuevas oportunidades que se tejan en estos espacios podrá ampliar la planta de personal que en estos momentos la componen 120 personas, 80 de ellos entrenadores de deportes.
La reforma pensional es necesaria para el país, pero golpea a la clase media y, además, se debe analizar su sostenibilidad fiscal. Así lo analizan dos docentes de Derecho de la Universidad de Medellín.
De acuerdo con David Mendieta, docente de la UdeMedellín, abogado, especialista en derecho constitucional, magíster en derecho y doctor en derecho constitucional, el artículo 46 de la Constitución establece un mandato en favor de las personas de la tercera edad y, entre otras cosas, establece el deber del Estado de asistirlas en su seguridad social.
“En este momento, Colombia tiene unos 7 millones de personas mayores de 60 años, de las cuales solo 2 millones están pensionadas. Como sociedad tendríamos que estar pensando qué está pasando o qué les va a pasar a estas personas que no alcanzaron a obtener una pensión y cómo estamos incumpliendo un mandato establecido en la Constitución”, explicó Mendieta, quien explicó que por esta razón es necesaria la reforma.
De la misma manera opinó Juan Esteban Atehortúa, docente de la Universidad de Medellín y actual asesor Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en donde actualmente cursa la reforma laboral y donde cursará la reforma pensional.
Explicó que la reforma es necesaria porque en la actualidad Colpensiones está subsidiando las pensiones más altas y esto ha venido violando el principio de solidaridad. Agregó que hay una situación sociodemográfica que es preocupante y se trata de que el esquema pensional es como un triángulo en donde se busca que haya muchos cotizantes y pocos pensionados.
“Y la realidad es que para 2050 va a estar invertido el triángulo: va a haber muchos pensionados y pocos cotizantes, la tasa de natalidad está mermando y estamos en un país con un alto grado de informalidad, entre más informalidad haya, menos cotizantes hay”, precisó.
La clase media
Atehortúa agregó que la reforma pensional va a castigar económicamente en el monto de la pensión a la clase media, debido a que la clase baja. que cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos, no se verá afectada por la reforma porque Colpensiones va a pensionar hasta 2,3 salarios. Entretanto, la clase alta cuando llegue a la edad de pensión ya tendría solucionada su situación económica.
“La clase media son personas que cotizan 3, 4, 5, 6 y 7 millones de pesos. Hoy, una persona que cotice 7 millones tiene una expectativa de pensión de 5 millones y con la reforma pensional se pensionará con un promedio de 3 millones de pesos o 3 millones 200 mil pesos. Sí es un castigo para la clase media”, afirmó.
Revisión de artículos
Para el abogado Juan Esteban Atehortúa es importante revisar el pilar semicontributivo, al cual pertenecen las personas que tengan entre 300 y menos de mil semanas y que no se van a pensionar. A esas personas se les pagará unas denominadas rentas vitalicias, que pueden oscilar entre 80 mil y 90 mil pesos mensuales.
“Mientras que, en el pilar solidario de pensiones, vamos a tener a los pobres del país que van a tener 223 mil o 230 mil pesos. Entonces yo veo muy negativo para los colombianos este mensaje: usted que nunca cotizó, que está en la línea extrema de pobreza, te doy un subsidio de 223 mil pesos, y usted que sí cotizó, que tiene 500 semanas o 400 semanas cotizadas, te voy a dar 80 – 70 mil pesos. Ese pilar hay que revisarlo”, dijo y agregó que también es necesario analizar los beneficios que hay para las mujeres debido al impacto fiscal que representaría.
¿Qué sigue con la reforma?
Según lo explicó el profesor David Mendieta González, para que avance la reforma pensional, la Cámara de Representantes tiene que aprobar este proyecto.
“Tiene dos meses, más o menos hasta el 20 de junio, para que en dos debates el proyecto sea aprobado. La verdad creo que es poco tiempo para una discusión tan importante y con un tema tan polémico a nivel nacional”, dijo.
Sin embargo, debido a la premura, Mendieta cree que el proyecto no avanzará.
“Creo que, a no ser que el Gobierno Nacional le meta todo el esfuerzo a este proyecto, difícilmente el proyecto sea aprobado”, concluyó.
El abogado de Olmedo López Martínez, José Moreno, desde EE.UU se reúne con su oficina aliada y pide medidas cautelares para su defendido en Colombia, en el sonado caso de los Carrotanques de La Guajira.
Si bien no pone en duda las aseveraciones recientes de las partes, reitera que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo concederá que es inocente y que él no firmó ningún documento, porque no estaba dentro de sus funciones contratar con ninguna persona jurídica o natural.
Por esta razón, anunció que su apoderado se va defender en juicio y no es cierto que aceptará un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación:
«En vista de las declaraciones que se han suscitado en diferentes medios de comunicación por parte de uno de los investigados, en donde ha expresado abiertamente que dirá la verdad la defensa del señor Olmedo López, como su abogado de confianza debe manifestar a la opinión pública que nos hemos reunido con nuestros aliados en Estados Unidos para analizar las acciones legales pertinentes que erradicamos ante la comunidad internacional, entre ellas una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana derechos humanos para que se garantice la presunción de inocencia el ejercicio del derecho de defensa en los procesos e investigaciones que se adelantan en contra de mi defendido así como su integridad y vida no solamente la de mi defendido sino también la de su familia toda vez que por noticias falsas información que se ha expuesto malintencionado está realizando un principio de oportunidad con la Fiscalía, lo cual es rotundamente falso, toda vez que por el momento mi defendido desea defenderse en juicio ya que considera que sus acciones fueron el marco de la legalidad y de acuerdo como lo establece el manual de contratación», aseveró el abogado y vocero autorizado de Olmedo López.
Líderes y voceros de los trabajadores de Celsia, del Grupo Argos, denuncian discriminación laboral, tercerización, bajos salarios para los empleados y problemas sociales. Enviaron un pliego de peticiones y anuncian huelga en caso de que las directivas no den una pronta respuesta.
En un foro realizado en Nación Paisa, los empleados expusieron abiertamente las problemáticas que vienen padeciendo, una por una, en medio de una posible huelga que se ve venir al no lograr un acuerdo y agotar la instancia del diálogo con la empresa.
Para Nelson Largacha, Presidente Subdirectiva Cali SINTRAELECOL, la situación laboral en Celsia en la actualidad representa un irrespeto a los trabajadores y estudian medidas contundentes:
“Tenemos la alternativa de que la Asamblea se vaya a un tribunal de arbitramiento, pero no encontramos la posibilidad de un acuerdo pronto que garantice paz laboral, pensamos que la huelga nos lleva a un camino más rápido”.
Largacha expuso en el Foro de trabajadores que es necesaria una responsabilidad solidaria que les permita tener mejores ingresos y no que haya constantes disminuciones en algunos de los puestos:
“Exigimos una responsabilidad solidaria con el Grupo Argos, dueño del 65% de Celsia, que el grupo empresarial tenga una responsabilidad solidaria con nosotros. Celsia es una empresa que ha creado una estructura que con el objetivo de disminuir los salarios ha creado una estructura que no permite que los salarios sean mejores, sino que por el contrario paga menos por cada puesto de trabajo”.
Largacha denuncia que la tercerización se ha vuelto paisaje en Celsia y deja por fuera a la mano de obra capacitada de poblaciones vulnerables como Buenaventura:
“Hablamos de formalización laboral, hoy le entrega a terceros actividades y no permite que en Buenaventura los trabajadores puedan mejorar sus condiciones sociales”, añadió.
En el pliego de peticiones enviado a Celsia manifiestan que están recogidos los intereses de los trabajadores y las peticiones que aseguran, la empresa está en condiciones de cumplir sin poner en riesgo la operación.
“Estamos proponiendo una formula diferente de aumento salarial en el pliego en crecimiento del trabajador, justicia social y responsabilidad solidaria. 46 artículos que recogen las necesidades de los últimos dos años”.
Por su parte, James Antonio Figueroa, Presidente Subdirectiva Dagua, añadió durante el foro que “el pliego de peticiones fundamentado, viable, sabemos que la empresa tiene los recursos para apoyarnos. Hemos encontrado la negativa absoluta por parte de la empresa, solo han respondido al 6% de las peticiones”.
Uno de los factores que más les preocupa, sehún James Figueroa, es lo que viene ocurriendo en Buenaventura: “Es una ciudad golpeada por el desempleo y la violencia, hay mucha tercerización. A los trabajadores se les estigmatiza de forma racial”.
Frente al tema, Jorge Osorio, Director Nacional SINTRAELECOL, añadió: “Queremos acabar con la tercerización, basta ya de la esclavización, no tenemos acceso a nada, basta de contratistas que vienen de otras partes a desplazar la mano de obra del Valle del Cauca”.
También, Daniel Palacio, Secretario de Energía Subdirectiva Cali de SINTRAELECOL, añadió: “No podemos permitir que Celsia esté pagando 500 millones de pesos a contratistas por cumplir un marco legal, pero no sean capaces de utilizar una población vulnerable en Buenaventura”.
Además, Fernando Salcedo, de la Subdirectiva del Tolima, aseguró que se requiere una igualdad salarial en todas las sedes: “Le hemos recogido a Celsia que nos ponga en las mismas condiciones de los compañeros de otros departamentos como el Valle y Antioquia. Ellos tienen unos ingresos bastante altos y es una miseria lo que nos están dando a nosotros”.
