Minería ilegal amenaza la Sierra Nevada

Minería ilegal amenaza la Sierra Nevada

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan una crisis por la expansión de la minería ilegal y los conflictos territoriales. Grupos armados buscan controlar los recursos naturales de la región, lo que ha provocado desplazamientos forzados y constantes amenazas a las comunidades originarias.

Líderes indígenas denunciaron que las actividades mineras ilegales están destruyendo ecosistemas sagrados y poniendo en riesgo su cultura, su autonomía y su propia supervivencia. Además, exigieron al Gobierno Nacional tomar acciones inmediatas para proteger sus territorios frente al avance descontrolado de estos actores ilegales.

La ONU pidió al Estado colombiano reforzar la seguridad en la zona e implementar estrategias de conservación que respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También recordó que estos territorios son vulnerables a la deforestación y al cambio climático, una situación que podría agravarse sin una intervención efectiva.

La comunidad internacional sigue con atención la situación, mientras las comunidades indígenas insisten en que se reconozca su papel como guardianes ancestrales del equilibrio ambiental de la Sierra Nevada.

ONU Derechos Humanos urge acciones para evitar la extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

ONU Derechos Humanos urge acciones para evitar la extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Santa Marta, mayo 20 de 2025. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el grave riesgo de extinción física y cultural que enfrentan los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: los Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Ennaka. Esta advertencia se produjo tras una visita de campo realizada los días 13 y 14 de mayo a la región.

“El riesgo es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, afirmó Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Campbell hizo un llamado urgente a los gobiernos nacional, departamental y local para que adopten medidas coordinadas y efectivas de protección, ante el alarmante aumento de la violencia y la presencia de grupos armados no estatales en los territorios indígenas.

Ataques sistemáticos y control social

La ONU ha documentado desde 2022 un preocupante incremento de la violencia en la Sierra Nevada, abarcando los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Esta violencia está ligada al control de rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas por parte de actores armados ilegales, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.

Según el informe, los grupos armados ejercen control social mediante restricciones a la movilidad, toques de queda, limitaciones a la reunión, e incluso presencia en encuentros comunitarios indígenas, afectando profundamente su autonomía, espiritualidad y sistemas de justicia propia.

Mujeres y niñas indígenas, en mayor vulnerabilidad

Uno de los puntos más sensibles abordados por la delegación de la ONU fue la situación de las mujeres y niñas indígenas, quienes enfrentan riesgos persistentes de violencia sexual, falta de acceso a la justicia, pobreza, barreras lingüísticas y ausencia de rutas de atención con enfoque étnico.

“Algunas mujeres describieron su acceso a los derechos humanos como si vivieran en el siglo X”, señaló Campbell, al destacar los testimonios recogidos durante la visita.

Las comunidades urgieron al Estado garantizar el acceso a educación, salud y empleo para las nuevas generaciones dentro de sus propios territorios.

Masacres, desplazamientos y asesinatos

Durante 2024 y lo corrido de 2025, la Oficina ha documentado múltiples violaciones de derechos humanos en la región, entre ellas:

  • Desplazamiento forzado de al menos 600 personas del Pueblo Wiwa.

  • Asesinato de líderes sociales como Wilfrido Segundo Izquierdo Torres (indígena arhuaco) y Manuel Moya, en el Magdalena.

  • Tres masacres en 2024 en Magdalena, con víctimas halladas desmembradas y con signos de tortura.

  • Reclutamiento forzado de jóvenes, incluidos indígenas, afrodescendientes y campesinos, utilizados incluso para el transporte de armamento.

  • Compra irregular de tierras para turismo, generando despojo territorial.

Los homicidios también se incrementaron de manera alarmante: en Santa Marta pasaron de 242 en 2022 a 311 en 2024; en Riohacha, de 47 a 113 en el mismo periodo.

Llamado a la justicia y al respeto de los derechos humanos

La ONU instó a avanzar en el cumplimiento de sentencias de restitución de tierras y en una participación efectiva de las víctimas en los mecanismos de justicia transicional, incluida la búsqueda de personas desaparecidas.

Además, reconoció los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación con la implementación del plan de priorización de casos, y destacó la participación de funcionarios indígenas en las investigaciones, lo cual fortalece la legitimidad de las instituciones en estos territorios.

La delegación también resaltó el programa Futuro Colombia, que busca mejorar la respuesta institucional frente a la violencia sexual y de género contra mujeres indígenas en la región.

Recomendaciones y compromiso de la ONU

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado reiteró su llamado a que el Estado colombiano adopte medidas urgentes y estructurales para proteger a las comunidades de la Sierra Nevada, y a que el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario sea una prioridad en los diálogos con actores armados.

“La tragedia que enfrentan estos pueblos aún puede ser contenida. El Estado colombiano debe actuar, y nuestra Oficina seguirá apoyando los esfuerzos de protección y justicia”, concluyó Scott Campbell.

Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con autoridades locales, entidades del sistema de justicia transicional, organizaciones de derechos humanos y representantes de los pueblos indígenas.

Foto: Colprensa

Pueblos indígenas podrán administrar catastro de sus territorios

Pueblos indígenas podrán administrar catastro de sus territorios

Los pueblos indígenas podrán operar el registro catastral de sus territorios y, por ende, levantar información sobre las propiedades que se encuentren dentro de ellos.

Así lo establece el Decreto 0462 de 2025, que busca que en el levantamiento de la información de estos territorios se tenga en cuenta un enfoque intercultural y de participación comunitaria.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la implementación de esta política contribuirá a avanzar en el cumplimiento de las metas de actualización catastral a nivel nacional.

El decreto establece mecanismos especiales para la gestión catastral en los territorios indígenas, la preservación del ordenamiento natural, la seguridad jurídica en los territorios y la protección de su integridad física y cultural de las comunidades.

«Este esfuerzo del gobierno nacional y las comunidades indígenas corresponde al cumplimiento efectivo del capítulo étnico de los acuerdos de paz. Con este Decreto, contribuimos a proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación, salvaguardar los derechos de los territorios indígenas y con ello promover la efectividad de los derechos económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad, costumbres, tradiciones, e instituciones”, señaló el director del IGAC, Gustavo Marulanda Morales

La entidad estima que a través de esta medida se actualizarán más de 33 millones de hectáreas que corresponden a territorios indígenas formalizados, lo que permitirá tener un censo real de las tierras y predios presentes en los resguardos y permitirá un avance significativo para el cumplimiento de la meta de la actualización catastral del país.

Foto y noticia: Colprensa

Denuncian que estarían utilizando niños embera para microtráfico

Denuncian que estarían utilizando niños embera para microtráfico

Autoridades de Bogotá denunciaron la presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes indígenas Emberá en actividades de microtráfico.

Así lo dio a conocer la Secretaría Distrital de Integración Social, al radicar la denuncia sobre estos hechos que se estarían presentando desde el asentamiento de La Rioja y el sector de San Bernardo, que ha estado en control de bandas criminales.

“El equipo de Ciudad Niñez, que acompaña a los niños en estas zonas de riesgo, pudo notar presuntos hechos que nos hicieron pensar en que posiblemente estaban utilizando a los niños en los eslabones de la cadena de microtráfico en esa zona”, indicó el secretario Roberto Angulo.

Tras la denuncia realizada en la Fiscalía, el secretario dio a conocer dos puntos principalmente de preocupación:

El primero tiene que ver con que se continúa “vulnerándolos derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas de la comunidad Emberá”.

Además, señala que estos hechos confirman sospechas que tenían las autoridades ante el presunto consumo de sustancias psicoactivas de los indígenas, incluidos los menores, que se encuentran en la comunidad de la Rioja.

Ante este panorama que califica como “muy preocupantes”, el secretario hizo un llamado al gobierno para que “acelere el retorno de esta población”, al conocerse estos hechos y las consecuencias que están llevando los niños, niñas y adolescentes indígenas.

Foto y noticia: Colprensa

Finagro lanza subsidio para el sector agropecuario dirigido a pequeños productores e indígenas

Finagro lanza subsidio para el sector agropecuario dirigido a pequeños productores e indígenas

El Ministerio de Agricultura habilitó a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) un presupuesto de $128.000 millones para la apertura de subsidios para la compra de pólizas de seguro agropecuario que mitiguen riesgos en las actividades productivas.

Según indicó el Ministerio, el seguro agropecuario es un instrumento que permite afrontar riesgos de variabilidad climática y se constituye como una herramienta financiera fundamental para la gestión de los riesgos de origen climático, biológico y antrópicos.

El 80% de los recursos estarán destinados a pequeños productores y pequeños de ingresos bajos, mientras que el 20% buscará beneficiar a productores medianos.

Los recursos buscan que los campesinos, campesinas y pequeños productores puedan adquirir una póliza de seguro subsidiada, la cual los protegerá de eventos adversos y garantizará la seguridad alimentaria.

“Con la apuesta del Gobierno del Cambio en materia de justicia económica avanzamos con la democratización del crédito para las familias productoras del campo que nunca habían tenido acceso a oferta financiera. En esta época de cambio climático, asegurar la producción aporta en la mitigación de riesgo y pérdida para quienes derivan su sustento de esta actividad”, destacó la ministra de Agricultura Martha Carvajalino.

El Ministerio espera que para el 2025 el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) entregará un subsidio a la prima de hasta 85% para los pequeños productores de ingresos bajos; 80% para un pequeño productor y un 30% para mediano productor.

Además, el Gobierno nacional reconocerá un subsidio adicional del 5% si son pequeños productores de ingresos bajos y clasifican como comunidades afrocolombianas NARP, jóvenes, mujeres, indígenas o si se encuentran en los núcleos de reforma agraria, entre otros.

“Desde el Gobierno Nacional seguimos fortaleciendo las herramientas para fomentar la gestión de riesgos agropecuarios. Con estos nuevos recursos del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), garantizamos que miles de productores puedan asegurar sus inversiones y enfrentar los riesgos climáticos como el fenómeno de El Niño y de La Niña, entre otros”, explicó Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro.

Foto y noticia: Colprensa