por Konuco | May 25, 2025 | Destacadas, Política
La Defensoría del Pueblo reveló que se llegó a un acuerdo entre la comunidad embera que intentó ocupar en los últimos días el Parque Nacional y las autoridades nacionales y del distrito, para reubicarlos en un lugar más adecuado.
A través de su cuenta en la red social X, la entidad celebró el acuerdo y señaló que ahora viene una fase de trabajo para la habilitación urgente de un espacio que reemplace la UPI Rioja, en donde están ubicados actualmente los indígenas de la comunidad.
«Hacemos un llamado al Gobierno Nacional –a cada una de las entidades que conforman el Sistema de Atención a Víctimas– para que, en el menor tiempo posible, aporten en el proceso de adecuación del albergue temporal», dijo la entidad, que también expresó su preocupación porque los cambios en la dirección de la Unidad para las Víctimas puedan afectar este proceso.
«Acompañamos a la comunidad Embera en su diálogo con las instituciones. Exhortamos al Gobierno nacional a cumplir sus compromisos. Esperamos que los nuevos cambios anunciados en @UnidadVictimas no generen nuevos traumatismos en el cumplimiento de los acuerdos», dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín, en su cuenta en la red social.
Desde hace varias semanas, la comunidad embera que se encuentra asentada en Bogotá ha intentado en varias ocasiones reocupar el parque, que por varios meses estuvo ocupando el año pasado y que quedó seriamente afectados después de meses de ocupación.
En el último intento, registrado hace unos días, las autoridades impidieron su ingreso al parque, pero los manifestantes, alrededor de 300 personas, se quedaron al lado del parque, en la carrera séptima con calle 40.
El distrito acusó a los líderes de la comunidad de instrumentalizar a los niños en su protesta.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 25, 2025 | Destacadas, Indígenas
El Jardín Botánico de Bogotá manifestó su preocupación por los impactos ambientales generados en la zona ocupada del Parque Nacional, donde presuntamente se estaría afectando gravemente un patrimonio natural fundamental para la ciudad.
Según informó la institución, recientemente se ha evidenciado el uso de árboles jóvenes como puntos de amarre para plásticos, para colgar ropa y como fuente de leña, la quema de fogatas en la base de pinos colombianos con más de 60 años, así como la remoción total de la capa superficial del suelo, poniendo en riesgo este ecosistema.
El Jardín Botánico destacó que en el Parque Nacional se encuentran especies con especial protección por tener algún grado de amenaza de extinción, como pinos colombianos, robles y cedros. Sin embargo, dichos árboles están siendo destruidos y descortezados por la población asentada.
Además, la institución alertó que se ha evidenciado el uso de menores de edad, quienes están siendo instrumentalizados para talar árboles, llevar leña de un lado a otro y romper ramas.
“Desde el Jardín Botánico de Bogotá rechazamos la destrucción de las coberturas vegetales que recuperamos recientemente con especies nativas para todos los bogotanos. Este parque representa un ecosistema vital para los servicios ambientales y la conectividad ecológica urbana”, concluyó el Jardín Botánico a través de un comunicado.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 24, 2025 | Destacadas, Nacional
Parteras y autoridades indígenas estarán desde ahora autorizadas para certificar nacimientos ocurridos en sus territorios.
Así lo aseguraron la Registraduría y el DANE, que aseguraron que esta decisión tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad de personas pertenecientes a grupos étnicos, salvaguardar los saberes ancestrales asociados a la partería afro del Pacífico y reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del país.
Estas medidas empezarán a regir en Nariño para las parteras y los parteros inscritos en la Asociación de Parteras La Cigüeña, y de las veredas y comunidades de los municipios de Tumaco, La Tola, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé y el Charco, quienes podrán certificar los nacimientos que atiendan utilizando el formato de notificación de nacimiento para personas y pertenecientes a grupos étnicos.
Así mismo, en Amazonas, la autorización fue otorgada a las autoridades indígenas de las comunidades adscritas al Consejo Indígena Territorio Mirití Amazonas (CITMA): Santa Isabel, Jariyé, Mamura, Bellavista, Puerto Libre, Wakaya, Puerto Guayabo, Puerto Nuevo, Oiyacá, Puerto Castaño, Villanueva, Quebrada Negra y Puerto Lago, habitadas por las etnias indígenas yukuna, matapi, tikuna, letuama, tanimuka, makuna cabillari y yauna.
Además, las autoridades indígenas de la Organización Indígena Wiwa Golkushe Tayrona, de los departamentos de Magdalena y La Guajira, podrán certificar los nacimientos que tengan lugar en la comunidad a través del mencionado formato.
“Mediante estas autorizaciones otorgadas por la Registraduría Nacional y el DANE, atendemos la necesidad de estas comunidades de contar con un mecanismo para certificar los hechos vitales que allí ocurren y eliminamos las barreras que se presentan para la inscripción de los nacimientos en el registro civil. De esta manera, estas poblaciones podrán acceder a sus derechos fundamentales y a los servicios sociales del Estado”, afirmó la directora nacional de Registro Civil, María Cristina Manzano.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 24, 2025 | Cultura y Entretenimiento, Destacadas
La serie documental que retrata la experiencia de víctimas del conflicto armado que participan en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzará a emitirse este miércoles en Canal Capital y busca mostrar cómo el proceso judicial ha contribuido a la reparación de los daños causados por los crímenes más graves cometidos durante la guerra.
Los dos primeros capítulos, titulados ‘Dabeiba: desenterrando la verdad’, presentan las historias de Efrén Úsuga y Esmera Altamirano, quienes emprendieron la búsqueda de sus familiares, víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas en el Urabá antioqueño.
Sus seres queridos fueron presentados ilegalmente como bajas en combate. Estos hechos son investigados por la JEP en el denominado Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
Como parte del proceso judicial, diez integrantes de la fuerza pública fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ocho de ellos aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad, por lo que fueron remitidos al Tribunal de Paz, que será el encargado de emitir la sentencia e imponer la sanción correspondiente. Hasta ahora, gracias a esta labor, se logró la identificación y entrega digna de 14 víctimas de desaparición forzada.
La serie, titulada ‘Sobrevivientes: historias de justicia restaurativa’, está compuesta por 13 episodios de media hora. Cada uno recoge testimonios de personas que han participado en audiencias de reconocimiento, reconstrucción de verdad y procesos de búsqueda.
Entre ellas están Doña Gloria y Érika, quienes hallaron los restos de un familiar tras dos décadas; don Héctor, víctima de dos secuestros, y Sebastián Arizmendi, hijo de uno de los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados por las extintas FARC.
También aparecen casos como el de María Isabel, quien ya no recoge cuerpos del río Cauca; Esneda, que conoció las circunstancias del asesinato de su sobrino; y Yadhi, joven indígena del centro del país, cuya madre murió sin saber el paradero de uno de sus hijos.
La serie es una producción original de la JEP y se emitirá por Canal Capital los miércoles 14 y 28 de mayo a la 1:00 pm. A partir de junio se presentará el último miércoles de cada mes, en ese mismo horario.
Foto y noticia: Colprensa
por Konuco | May 24, 2025 | Destacadas, Región
La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una alerta en las últimas horas sobre la grave situación de seguridad que enfrentan los habitantes del bajo Calima, en el distrito de Buenaventura.
La crisis de seguridad se estaría presentando por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, quien actúa en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
«Esto estaría generando una grave crisis que ha afectado a más de 4.000 personas en su mayoria pertenecientes al Consejo Comunitario de Bajo Calima y del pueblo indígena Wounan del Resguardo Santa Rosa de Guayacán», informó la defensora.
Ambas comunidades habían retornado en diciembre de 2023 y junio de 2024 a sus territorios luego de encontrarse desplazadas en Buenaventura.
“El conflicto ha generado al menos 40 confinamientos masivos, nuevos desplazamientos como el de 46 familias en Semana Santa, asesinatos selectivos, la siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual”, indicó Marín, recordando que estos hechos ya habían sido advertidos por la Alerta Temprana 039 de 2023.
Foto y noticia: Colprensa
