por Konuco | May 14, 2025 | Destacadas, Indígenas
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que la capital del país lleva 45 días recibiendo comunidades de distintos lugares del país, situación que está afectando las capacidades operativas de la ciudad.
Según Quintero, esta situación ha implicado una fuerte presión sobre los equipos de distintas entidades que hacen acompañamiento permanente a cada una de las acciones que se presentan.
El Secretario de Gobierno reafirmó el respeto del distrito ante la manifestación social y la protesta pacífica, pero destacó que muchas de las manifestaciones que se han desarrollado han terminado en bloqueos y afectaciones sobre vías y sectores de la ciudad que en últimas hacen que un buen número de ciudadanos se vea afectado.
Sugerencias: Parteras e indígenas podrán certificar nacimientos en sus territorios con aval del DANE y la Registraduría
“Respetamos siempre la manifestación social y la protesta pacífica, pero muchas de éstas han implicado bloqueos y afectaciones sobre vías y sectores de la ciudad que en últimas hacen que un buen número de ciudadanos se vea afectado. Ante esto siempre el diálogo es la primera alternativa pero también es importante mantener el orden y el control de la ciudad”, puntualizó.
“Por instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, nuestra prioridad como Distrito siempre ha sido la protección de niñas y niños, así como la integridad de cada una de las personas involucradas, tanto las que se manifiestan como las que no lo hacen”, añadió Quintero.
El funcionario recordó que hoy se completan tres noches de la llegada de personas campesinas provenientes de distintas regiones en búsqueda de mesas de diálogo y concertaciones con el Gobierno. En ese sentido, extendió un llamado al Ejecutivo para que llegue a acuerdos que le permita a esta población regresar a sus territorios.
De Colprensa para Konuco
por Konuco | May 12, 2025 | Destacadas, Indígenas
Parteras y autoridades indígenas estarán desde ahora autorizadas para certificar nacimientos ocurridos en sus territorios.
Así lo aseguraron la Registraduría y el DANE, que aseguraron que esta decisión tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad de personas pertenecientes a grupos étnicos, salvaguardar los saberes ancestrales asociados a la partería afro del Pacífico y reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del país.
Estas medidas empezarán a regir en Nariño para las parteras y los parteros inscritos en la Asociación de Parteras La Cigüeña, y de las veredas y comunidades de los municipios de Tumaco, La Tola, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé y el Charco, quienes podrán certificar los nacimientos que atiendan utilizando el formato de notificación de nacimiento para personas y pertenecientes a grupos étnicos.
Así mismo, en Amazonas, la autorización fue otorgada a las autoridades indígenas de las comunidades adscritas al Consejo Indígena Territorio Mirití Amazonas (CITMA): Santa Isabel, Jariyé, Mamura, Bellavista, Puerto Libre, Wakaya, Puerto Guayabo, Puerto Nuevo, Oiyacá, Puerto Castaño, Villanueva, Quebrada Negra y Puerto Lago, habitadas por las etnias indígenas yukuna, matapi, tikuna, letuama, tanimuka, makuna cabillari y yauna.
Además, las autoridades indígenas de la Organización Indígena Wiwa Golkushe Tayrona, de los departamentos de Magdalena y La Guajira, podrán certificar los nacimientos que tengan lugar en la comunidad a través del mencionado formato.
“Mediante estas autorizaciones otorgadas por la Registraduría Nacional y el DANE, atendemos la necesidad de estas comunidades de contar con un mecanismo para certificar los hechos vitales que allí ocurren y eliminamos las barreras que se presentan para la inscripción de los nacimientos en el registro civil. De esta manera, estas poblaciones podrán acceder a sus derechos fundamentales y a los servicios sociales del Estado”, afirmó la directora nacional de Registro Civil, María Cristina Manzano.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 6, 2025 | Destacadas, Indígenas
La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate los 57 artículos del Proyecto de Ley 287 de 2023 que reglamenta la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el sistema de justicia ordinario colombiano sin votos en contra.
La iniciativa busca saldar una deuda de más de tres décadas con los pueblos indígenas del país al desarrollar el artículo 246 de la Constitución, que desde 1991 ordena establecer mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones.
La falta de una norma clara ha generado durante años conflictos interjurisdiccionales y vacíos normativos que han debido ser resueltos por la Corte Constitucional, a través de sentencias individuales, sin procesos de consulta previa.
La propuesta legislativa establece principios rectores para la coordinación como mujer, familia y generación, y reconoce la justicia propia de los pueblos indígenas, su autonomía y sus competencias, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y al bloque de constitucionalidad.
El proyecto fue construido de forma participativa con las organizaciones que integran la Mesa Permanente de Concertación, en un proceso liderado por el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y los representantes indígenas. Según el Gobierno, más de 5.000 personas participaron en la consulta previa, libre e informada que dio origen al articulado aprobado.
La viceministra de Promoción de la Justicia, Helen Ortiz Carvajal, explicó que la ley define competencias claras, incorpora herramientas como la mediación lingüística y garantiza una justicia intercultural “respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas”.
Tras su aprobación en la Comisión Primera, el proyecto pasará a segundo debate en la plenaria del Senado. Si logra su aprobación, deberá continuar su trámite en la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley de la República.
El Ministerio de Justicia señaló que este avance legislativo representa un paso firme hacia el fortalecimiento del pluralismo jurídico, el acceso a la justicia en los territorios y el reconocimiento de los sistemas propios de justicia indígena dentro del marco institucional colombiano.
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 5, 2025 | Destacadas, Indígenas
Amenazas, estigmatización, xenofobia y falta de recursos son las principales situaciones que enfrentan defensoras y defensores de personas en movilidad humana forzada en América Latina y el Caribe, reveló este miércoles un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
El estudio documentó las condiciones de quienes trabajan en defensa de los derechos de migrantes y refugiados en diez países de la región: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según CODHES, los obstáculos van desde agresiones directas hasta precariedad económica y ausencia de garantías legales.
“El rol de quienes defienden a personas migrantes y refugiadas es clave para mitigar las crisis migratorias del continente, pero cada vez se enfrentan a más riesgos”, explicó Marco Romero Silva, director de CODHES.
Añadió que es urgente que los Estados y la cooperación internacional reconozcan su papel y brinden garantías para el desarrollo de su labor.
En Colombia, cerca del 80% de las personas que defienden los derechos de la población migrante lo hacen sin recibir salario o con pagos muy bajos, lo que las obliga a complementar sus ingresos con empleos informales.
El país acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, lo que lo convierte en el principal receptor de migrantes y refugiados en la región.
Las amenazas provienen en muchos casos de grupos armados ilegales, que estigmatizan a defensores como “colaboradores de la guerrilla” o los agreden directamente, según el informe.
EL PANORAMA EN LA REGIÓN
En Venezuela, las personas defensoras enfrentan un entorno restrictivo y hostil. El informe documenta casos de criminalización mediante leyes que castigan el ejercicio de derechos, con cargos como “traición a la patria” o “terrorismo”.
A esto se suma la inflación, la falta de acceso a divisas y la escasez de financiamiento, que han llevado a la reducción o cierre de muchas organizaciones.
La cooperación internacional también ha disminuido en el país, dificultando aún más la labor de quienes intentan brindar apoyo a población migrante, refugiada o en tránsito.
En Nicaragua las amenazas a defensores incluyen vigilancia, hostigamiento legal, amenazas contra familiares y criminalización directa. Desde 2018, más de 5.000 organizaciones sociales han sido ilegalizadas y más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad.
El gobierno ha intensificado la represión, lo que ha obligado a miles de personas defensoras a salir al exilio, principalmente a Costa Rica. El informe advirtió que alrededor del 4 % de la población nicaragüense ha huido del país en los últimos seis años.
En Brasil, país que acoge a más de 568.000 venezolanos y migrantes de Haití, África y Asia, las personas defensoras carecen de apoyo institucional. El Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos no incluye una línea específica para defensores de personas en movilidad humana.
Las defensoras indígenas, especialmente del pueblo warao, sufren racismo, discriminación y exclusión de servicios básicos. La criminalización de su activismo también ha aumentado en regiones donde se han asentado comunidades indígenas migrantes.
En Perú, donde hay más de 1,5 millones de venezolanos, se reportan más de 100 amenazas al año contra personas defensoras, especialmente en la región amazónica. La eliminación de la visa humanitaria y el endurecimiento de políticas migratorias han aumentado la exposición de migrantes a redes de trata, explotación y violencia.
El informe subrayó la especial vulnerabilidad de mujeres trans defensoras, quienes enfrentan discriminación institucional, exclusión de refugios y dificultades para acceder a servicios básicos.
En Ecuador la mayoría de personas defensoras también trabajan de manera voluntaria y sin recursos estables. Son comunes las amenazas, el hostigamiento en redes sociales y los ataques verbales por parte de ciudadanos y funcionarios públicos. En zonas de frontera, como Sucumbíos y Esmeraldas, los riesgos se incrementan por la presencia de grupos armados ilegales.
El sistema de protección estatal no incluye a este grupo de defensores como una población prioritaria, y los procesos de regularización migratoria siguen siendo lentos y restrictivos.
En Chile el fenómeno de la judicialización se ha incrementado, defensores han sido objeto de denuncias penales por brindar asistencia humanitaria a personas migrantes, particularmente en regiones fronterizas del norte.
Además, el discurso institucional ha contribuido a generar rechazo social hacia las personas migrantes, lo que ha derivado en ataques y amenazas contra quienes las apoyan. El informe advierte que en varias regiones del país se han cerrado albergues y centros de atención por falta de fondos.
En México, uno de los países con mayor flujo migratorio del continente, los defensores enfrentan violencia directa por parte del crimen organizado, así como omisión y negligencia del Estado. El informe recoge casos de personas defensoras asesinadas, hostigadas o desplazadas por proteger a migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.
Organizaciones como albergues, casas de paso y colectivos de búsqueda de desaparecidos también han sido blanco de amenazas y atentados. La falta de una política nacional de protección agrava la situación.
En Guatemala y Honduras los defensores de personas en movilidad son frecuentemente estigmatizados como promotores de la migración irregular o como “enemigos del Estado”. En ambos países, la falta de legislación específica para la protección de personas defensoras deja a muchas organizaciones en estado de vulnerabilidad.
El informe alertó sobre la falta de respuesta de las autoridades ante denuncias de amenazas o ataques, así como sobre la precariedad de las condiciones en las que trabajan las organizaciones humanitarias en las zonas rurales o fronterizas.
CODHES concluyó que la defensa de los derechos de personas en movilidad humana forzada en América…
De Colprensa para Konuco.
por Konuco | May 2, 2025 | Indígenas
Como la posibilidad para «cerrar brechas» sociales calificó hoy la ministra de Ambiente, Lena Estrada, el contenido de la consulta popular que esta tarde radicará en el Congreso el presidente, Gustavo Petro, con la que pretende convocar a los colombianos a la urnas y preguntarles si quieren o no una reforma al sistema actual de contratación laboral.
«Hoy nuestro Gobierno va a poner las preguntas de la consulta popular en el Congreso de la República. Es una consulta en la que se le hace la convocatoria a toda la población colombiana porque necesitamos mejores condiciones de trabajo, condiciones dignas para que podamos cerrar las brechas que tiene esta sociedad», precisó Estrada.
(Te puede interesar:Centro Democrático denuncia contratos millonarios con indígenas)
La Ministra es miembro de la comunidad indígena uitoto M+n+k del Amazonas y durante la jornada de conmemoración del Día del Trabajo marchó junto a la minga indígena, que viajó a Bogotá para hacer parte de la celebración.
“Esto es Colombia, la diversidad, la fuerza y también las reclamaciones por esas brechas que debemos de cerrar porque necesitamos tener igualdad y aunque se viva en la periferia, se viva en los territorios, allá hay otras complicaciones, otras dificultades que este Gobierno Nacional debe solucionar», advirtió.
Está previsto que Petro junto a varios de sus ministros y miembros de la bancada del Pacto Histórico radique esta tarde en el Senado la consulta popular que contiene 12 preguntas, que sería el cuestionario que deberán responder al menos 13 millones de personas para que se conviertan en factor de obligatoriedad legislativa por parte del Congreso.
(Colprensa)
