11.300 millones reciben víctimas de Bojayá y Vigía del Fuerte

11.300 millones reciben víctimas de Bojayá y Vigía del Fuerte

“Este es nuestro territorio; de aquí no nos vamos a ir”. Con ese coro, un grupo de seis cantaoras dio apertura a la histórica jornada de entrega de indemnizaciones judiciales que se realizó este miércoles 13 de diciembre en la iglesia de Bojayá, Chocó.

Allí, la Unidad para las Víctimas entregó 681 cartas de indemnización por un valor que supera los 11.300 millones de pesos a través del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Esta entrega representa la cifra más alta que han recibido las víctimas de Bojayá y Vigía del Fuerte por concepto de indemnización judicial.

Se trata entonces de “un momento histórico” como mencionó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, durante su intervención en el acto de entrega, al que también asistieron lideres y lideresas, artistas y comunidades étnicas que realizaron una armonización al inicio del evento.

“El día de hoy es muy importante para Bojayá porque estamos cumpliendo con una indemnización importante. Estos recursos que van a recibir esperamos que les sirvan para sus proyectos de vida”, aseguró la directora de la Unidad durante el evento, en el que aclaró que no solo se van a cumplir con las sentencias de carácter judicial, sino que se avanzará en el cumplimiento de las indemnizaciones administrativas.

“El otro año avanzaremos lo máximo posible con los recursos del Fondo de Reparación”, añadió Tobón Yagarí sobre las indemnizaciones que, si bien reconoció que “no resuelven el dolor y no van a devolver al ser querido”, es un apoyo para “fortalecer proyectos de vida”.

La entrega de indemnizaciones se hizo en cumplimiento de los fallos de la Ley de Justicia y Paz, pero también honrando los compromisos adquiridos como Gobierno del Cambio en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026”.

Al respecto, uno de los bojayaceños indemnizados, Kevin Mena Álvarez, precisó que a pesar de haber sido un proceso demorado, al final se ven los frutos: “Desde 2002 estoy esperando la indemnización. Ahora tengo unos proyectos de vida con los que trabajo, como un emprendimiento de mantenimiento y reparación de lavadoras y pienso invertir una parte de la indemnización en ese proyecto. También para construir mi vivienda propia. Tengo dos hijos y estoy pensando en emprender para sacar adelante a mi familia”.

Asimismo, Tobón Yagarí destacó que este proceso indemnizatorio se realizó por iniciativa de la Unidad, sin intermediarios y sin generarles a las víctimas pagos adicionales por este trámite, pues se tuvo conocimiento de tramitadores que estaban exigiendo a las víctimas parte de la indemnización recibida: “En esto que estamos entregando nadie intermedió por nadie. Es un deber del Estado. No puede ser que las víctimas esperen que el Estado les dé indemnización, para que otro venga y les quite”, aseguró la directora de la Unidad.

A las y los residentes de Bojayá, a quienes definió como una población resiliente, les pidió no perder la fe y la esperanza “porque las condiciones en los territorios van a cambiar”. Para esos procesos de construcción de paz, dijo la directora, será clave el papel de las víctimas.

“Esto no podríamos hacerlo sin las comunidades. Sin ellas no puede haber paz en este país. Hoy más que nunca, sin ustedes y sin su participación en lo que vamos a construir, no es posible construir la paz” expresó Tobón Yagarí antes de mencionar que este no será el único encuentro y que seguirá avanzando el cumplimiento de las demás sentencias.

Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.

Indígenas de Putumayo lideran emprendimiento de abono a partir de hoja de coca

Indígenas de Putumayo lideran emprendimiento de abono a partir de hoja de coca

Cuatro pueblos indígenas en Leguízamo, Putumayo, están liderando un emprendimiento innovador centrado en la producción de mambe y la transformación de los desechos de hoja de coca en abono orgánico para árboles de aguacate. Este proyecto está siendo impulsado por los pueblos indígenas siona, kichwa, murui muina y coreguaje, quienes consideran que la coca es una planta sagrada y una parte integral de sus tradiciones culturales y rituales.

Adriana Arciniegas, lideresa social indígena en Leguízamo, ha estado involucrada en este emprendimiento desde sus inicios, que se remontan a ocho años atrás. El enfoque principal de su producción es la transformación artesanal de la hoja de coca en mambe y abono orgánico.

El mambe, obtenido de las variedades de hoja de coca orejona y peruana, desempeña un papel fundamental en las reuniones y ceremonias de los pueblos originarios de la región, ya que simboliza la sabiduría y la espiritualidad. Además de ser utilizado localmente, esta sagrada sustancia se comparte con otros pueblos indígenas en diferentes regiones de Colombia, como Puerto Asís, Villagarzón, Orito y San Miguel, así como en Nariño, Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia.

Este emprendimiento no solo preserva las tradiciones culturales de estos pueblos indígenas, sino que también fomenta la sostenibilidad ambiental al reciclar los desechos de hoja de coca y convertirlos en valioso abono orgánico para el cultivo de árboles de aguacate. La iniciativa demuestra cómo la cultura, la tradición y la sostenibilidad pueden converger en un proyecto emprendedor que beneficia tanto a las comunidades indígenas como al medio ambiente.

Indígenas se despiden de su isla antes de que desaparezca en el mar

Indígenas se despiden de su isla antes de que desaparezca en el mar

En el idílico archipiélago de Guna Yala, en el Caribe panameño, una comunidad indígena está tomando la dolorosa decisión de despedirse de su diminuta isla antes de que sea devorada por el implacable avance del mar. Cartí Sugdupu, una de las 365 islas que componen la comarca indígena de Guna Yala, se encuentra en grave peligro debido a su cercanía al nivel del mar, que está a solo 50 centímetros de altura. Los habitantes de esta isla se ven forzados a mudarse a tierra firme, donde esperan encontrar una vida mejor que les brinde condiciones dignas de vivienda y servicios básicos.

La vida en Cartí Sugdupu ha sido una lucha constante contra las adversidades. La población, que se dedica a la pesca, el turismo y la producción de alimentos como yuca y plátano en la zona continental, enfrenta el hacinamiento y la falta de agua potable y saneamiento. Más de mil personas viven en esta isla del tamaño de cinco campos de fútbol, donde las casas son regularmente inundadas por la subida del mar.

Magdalena Martínez, una profesora jubilada de 73 años, ha tomado la decisión de abandonar la casa familiar donde ha vivido toda su vida. Ella borda un tucán en una colorida mola, un textil tradicional de la cultura guna, mientras reflexiona sobre la situación. «Hemos notado que ha subido un poco más la marea», comenta. «Pensamos que nos vamos a hundir, sabemos que va a pasar, pero faltan muchos años, entonces pensamos en nuestros hijos, tenemos que buscar algo donde ellos puedan vivir tranquilos», agrega.

El gobierno panameño ha reconocido los problemas que enfrenta Cartí Sugdupu, que incluyen la subida del nivel del mar debido al calentamiento global y el hacinamiento. Durante más de una década, el gobierno y la comunidad han estado trabajando en un plan para trasladar a 300 familias a un terreno en tierra firme que pertenece a los guna. Este esfuerzo busca brindar a los habitantes de Cartí Sugdupu una oportunidad de vivir en un entorno más seguro y con mejores condiciones de vida, preservando al mismo tiempo su rica herencia cultural.

Comunidades indígenas bloquean la vía panamericana durante la visita de Gustavo Petro

Comunidades indígenas bloquean la vía panamericana durante la visita de Gustavo Petro

En el marco de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como del presidente de México, un grupo de comunidades indígenas ha tomado la decisión de bloquear ambos sentidos de la vía Panamericana, específicamente en el sector de La María, como medida de protesta. Estas comunidades se han autodeclarado en estado de emergencia social y humanitaria, demandando el reconocimiento de su derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda digna.

Bernarda Pabón, representante de la Minga Cali, ha informado al diario local El País que aproximadamente 3.000 familias se han visto afectadas por desalojos de sus territorios, lo que ha resultado en una grave vulneración de sus derechos. Entre los afectados se encuentran personas desplazadas a causa del conflicto armado y madres que encabezan sus hogares.

Pabón ha declarado con determinación: «Exigimos que el Gobierno de Gustavo Petro haga presencia aquí en la vía Panamericana porque no nos vamos a mover hasta que el Gobierno y el presidente o la vicepresidenta Francia Márquez vengan a dialogar”. Las comunidades indígenas buscan establecer un canal de comunicación directo con las autoridades para encontrar soluciones concretas a sus demandas, y esperan que este acto de protesta llame la atención sobre la urgencia de abordar estos problemas de manera efectiva y responsable.

Pueblos Sikuani y Piapoco recuperan 16.035 hectáreas de tierra en Meta y Vichada

Pueblos Sikuani y Piapoco recuperan 16.035 hectáreas de tierra en Meta y Vichada

Un histórico fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, ha restablecido los derechos territoriales de los pueblos indígenas Sikuani y Piapoco sobre un área total de 16.035 hectáreas y 250 metros cuadrados en los departamentos de Meta y Vichada, Colombia. Estas tierras recuperadas forman parte de un territorio ancestral conocido como Florida Kawananae, ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán, Meta, y Cumaribo, Vichada.

La Unidad de Restitución de Tierras, a través de un comunicado, destacó el esfuerzo y el trabajo realizado para demostrar que durante más de cuatro décadas, estas comunidades indígenas seminómadas sufrieron numerosas violaciones de sus derechos fundamentales. Además de la pérdida de sus tierras, también se vieron afectadas en términos de cultura, cosmogonía y tradiciones. Antes de esta decisión, los pueblos Sikuani y Piapoco parecían enfrentar un sombrío futuro, casi condenados al exterminio.

Según la investigación llevada a cabo por la Unidad de Restitución de Tierras, en 1968, el extinto INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) reservó la región conocida como Planas, ubicada en los departamentos de Meta y Vichada, como una zona exclusiva para la ocupación de las comunidades indígenas. Esta declaración dio origen a los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Sin embargo, este proceso excluyó a las comunidades Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae, y como resultado, una parte de su territorio fue formalizado para comunidades no indígenas entre los años 1984 y 2011.

La sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá finalmente reconoce la calidad de víctimas a la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Esto se debe a las múltiples situaciones, violaciones y afrentas que han sufrido, incluyendo el desplazamiento y el confinamiento, que se ha traducido en un abandono forzado de sus tierras, especialmente en el contexto del conflicto armado interno que ha afectado a Colombia.