Corte Suprema de Brasil decide sobre reconocimiento de territorios indígenas bajo controversia
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha reanudado un juicio crucial que podría tener un impacto significativo en el reconocimiento de los territorios indígenas en el país. El juicio se centra en el llamado «Marco Temporal», una tesis jurídica que establece que solo los indígenas que ocupaban sus territorios antes del 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la actual Constitución, tienen derecho a reivindicar esas tierras.
Esta tesis ha sido criticada por desconocer los procesos históricos de violencia y desalojo que han afectado a las comunidades indígenas, incluso después de esa fecha. Dos jueces ya han votado a favor de los indígenas, rechazando el Marco Temporal, mientras que otro juez se ha alineado con la posición de los grupos rurales.
Se espera que el voto del ministro André Mendonça pueda inclinar la balanza a favor del Marco Temporal y establecer un plazo para la demarcación de tierras indígenas. La incertidumbre gira en torno al voto del ministro Cristiano Zanin, quien fue nominado a la Corte Suprema por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y ha emitido votos conservadores en casos anteriores.
La ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, se reunió con Zanin para solicitar su apoyo a favor de los derechos indígenas y en contra de la tesis ruralista.
La decisión que se tome la Corte en este juicio tendrá profundas implicaciones. Si se aprueba el Marco Temporal, se limitará la capacidad de los indígenas para demarcar territorios más recientes. En caso de que se rechace, se consolidaría el derecho indígena y se resolverían conflictos relacionados con la disputa de estas tierras.
Los indígenas Ngöbe-Buglé abrazan el turismo para salvaguardar su cultura
Las comunidades indígenas ngöbe-buglé del sur de Costa Rica han encontrado en el turismo una vía para exhibir y preservar su rica cultura. A través de rituales tradicionales que involucran humo y agua purificada, los visitantes son acogidos en las viviendas y bosques de estas comunidades, demostrando cómo están comenzando a aprovechar el turismo no solo como fuente de ingresos, sino también como una oportunidad para mantener vivas sus tradiciones.
Aproximadamente 3.200 indígenas ngöbe-buglé habitan en alrededor de 10 comunidades en el cantón de Coto Brus, en la provincia de Puntarenas, al sur de Costa Rica. Su enfoque en mantener sus costumbres y tradiciones abarca desde sus coloridas vestimentas, artesanías y comida, hasta sus cantos, bailes y lenguajes ngöbe y buglé.
El Colibrí, un Mensajero de Dios
Un elemento central en la historia de los ngöbe-buglé es el colibrí, el ave más pequeña del mundo que habita los bosques costarricenses. Según relatos, el colibrí fue enviado por Dios con una gota de agua en su pico, la cual al caer en la tierra dio origen a los bosques y a la vida misma.
Kira Bejarano, una líder comunitaria y docente en un centro educativo público en La Casona, forma parte de un emprendimiento familiar llamado «Ju Mölöchi» (La Casa del Colibrí). Esta iniciativa recibe a turistas y les ofrece una inmersión en la cultura local, transmitiendo conocimientos ancestrales y valores fundamentales de la comunidad.
Bejarano resalta la importancia de involucrar a los niños en este emprendimiento como forma de cultivar el aprecio por sus raíces culturales y promover la preservación del idioma y las tradiciones.
En palabras de Bejarano: «Queremos transmitir conocimientos culturales, conocimientos ancestrales que, como bien sabemos, se están perdiendo o se están menospreciando. Es un rescate cultural, de la armonía con la naturaleza, la preservación. Es darnos a conocer y que la cultura no sea tan mercantil sino para la vivencia.»
Esta iniciativa no solo proporciona experiencias enriquecedoras para los visitantes, sino que también contribuye a fortalecer la identidad cultural y la conexión con la naturaleza en las comunidades ngöbe-buglé.
Comunidad wayúu exige consulta previa al Gobierno Petro antes de implementar la reforma a la salud y cuestiona declaratoria de emergencia en la Guajira
La comunidad indígena wayúu, tras una extensa serie de asambleas en diversos municipios de La Guajira, en las que participaron más de 800 personas, ha elevado su voz en contra de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional a través de un decreto en ese departamento. Exigen al Presidente Gustavo Petro llevar a cabo un proceso de consulta previa antes de llevar a cabo cualquier implementación.
El plan de salud propuesto por el Estado ha sido rechazado por el pueblo wayúu, alegando que les forzaría a recibir atención en una red de salud pública no indígena en La Guajira, una región aquejada por la corrupción y desafiando su identidad. «El Gobierno del Presidente Gustavo Petro nos obliga a que seamos atendidos en una red pública de salud no indígena de La Guajira carcomida por la corrupción e invita a volver al pasado, en donde se nos atendía por caridad», declaró Jesualdo Fernández, Palabrero y hablante de la comunidad wayúu.
Fernández, líder de la autoridad indígena, manifestó la voluntad de dialogar para alcanzar un acuerdo. Criticó el decreto 1270 emitido el 31 de julio de 2023, que declara la emergencia económica, social y ecológica, argumentando que viola el derecho fundamental de consulta previa de sus comunidades y desmantela disposiciones del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI), contempladas en el decreto 1953 del 07 de octubre de 2014, el cual fue discutido entre los pueblos indígenas en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior.
En respuesta, la comunidad indígena wayúu ha acordado defender sus derechos a la salud mediante litigios estratégicos y el ejercicio pacífico de la protesta, apoyado por sus propias estructuras de salud que están en sintonía con los Territorios Indígenas. Fernández subrayó que el decreto gubernamental ha desmantelado de manera inmediata sus sistemas de salud propios, incluyendo la EPS Dusakawi EPSI y 23 IPS indígenas, que han estado en funcionamiento durante más de 26 años. Esto se considera una violación flagrante del decreto 1953 de 2014 y de los artículos 2, 4, 6, 7, 24 y 25 del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por último, la comunidad wayúu denuncia que la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira está mal estructurada, ya que excluye a varios municipios, principalmente en el centro y sur de la región, manifestando inequidades en la cobertura.