La comunidad indígena wayúu, tras una extensa serie de asambleas en diversos municipios de La Guajira, en las que participaron más de 800 personas, ha elevado su voz en contra de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional a través de un decreto en ese departamento. Exigen al Presidente Gustavo Petro llevar a cabo un proceso de consulta previa antes de llevar a cabo cualquier implementación.
El plan de salud propuesto por el Estado ha sido rechazado por el pueblo wayúu, alegando que les forzaría a recibir atención en una red de salud pública no indígena en La Guajira, una región aquejada por la corrupción y desafiando su identidad. «El Gobierno del Presidente Gustavo Petro nos obliga a que seamos atendidos en una red pública de salud no indígena de La Guajira carcomida por la corrupción e invita a volver al pasado, en donde se nos atendía por caridad», declaró Jesualdo Fernández, Palabrero y hablante de la comunidad wayúu.
Fernández, líder de la autoridad indígena, manifestó la voluntad de dialogar para alcanzar un acuerdo. Criticó el decreto 1270 emitido el 31 de julio de 2023, que declara la emergencia económica, social y ecológica, argumentando que viola el derecho fundamental de consulta previa de sus comunidades y desmantela disposiciones del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI), contempladas en el decreto 1953 del 07 de octubre de 2014, el cual fue discutido entre los pueblos indígenas en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior.
En respuesta, la comunidad indígena wayúu ha acordado defender sus derechos a la salud mediante litigios estratégicos y el ejercicio pacífico de la protesta, apoyado por sus propias estructuras de salud que están en sintonía con los Territorios Indígenas. Fernández subrayó que el decreto gubernamental ha desmantelado de manera inmediata sus sistemas de salud propios, incluyendo la EPS Dusakawi EPSI y 23 IPS indígenas, que han estado en funcionamiento durante más de 26 años. Esto se considera una violación flagrante del decreto 1953 de 2014 y de los artículos 2, 4, 6, 7, 24 y 25 del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por último, la comunidad wayúu denuncia que la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira está mal estructurada, ya que excluye a varios municipios, principalmente en el centro y sur de la región, manifestando inequidades en la cobertura.
