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Bogotá rechaza violencia sexual contra menores Emberá

Bogotá rechaza violencia sexual contra menores Emberá

La Administración Distrital de Bogotá ha expresado su enérgico rechazo ante los recientes casos de presunta violencia sexual contra menores de edad de la comunidad Emberá asentada en la ciudad. Entre el 27 y el 30 de junio, se han conocido cuatro casos de presunto abuso sexual a menores de esta comunidad indígena.

Según las autoridades, «desde el primer momento, diversas entidades del Distrito, como la Secretaría de Salud, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Integración Social y la Secretaría de Gobierno, han activado la ruta de atención integral para proteger y asistir a las menores afectadas». Este protocolo incluye atención médica, psicológica y legal para asegurar el bienestar y la seguridad de las víctimas.

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de su Unidad Especial de Infancia y Adolescencia, ha brindado el acompañamiento necesario y ha detenido a uno de los presuntos agresores, quien actualmente está en proceso de individualización y judicialización. Los familiares de las menores han presentado las denuncias correspondientes, permitiendo así que se inicie la respectiva investigación judicial.

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«Es prioridad para la Administración Distrital garantizar y promover los derechos de la niñez, las mujeres y las víctimas del conflicto armado del pueblo Emberá en Bogotá», afirmaron las autoridades. A través de las Secretarías de Seguridad, Mujer, Salud, Educación, Gobierno, Integración Social, Desarrollo Económico y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, el Distrito ha ofrecido de manera continua servicios de atención en salud y educación, atención a la niñez y primera infancia, y ayuda humanitaria a la comunidad Emberá en los casos que son de su competencia.

Desde la llegada de la comunidad Emberá a la ciudad, se han puesto a disposición todos los recursos necesarios para garantizar sus derechos, especialmente para atender, asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes en los asentamientos. Durante los últimos meses, se han llevado a cabo diálogos con líderes y entidades del Distrito y de Nación para buscar soluciones duraderas para la población Emberá, mediante el acompañamiento al retorno, la reubicación y la integración local de la comunidad.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que, en un ejercicio de corresponsabilidad, contribuya con el proceso de investigación que adelantarán las instituciones correspondientes. «Es deber de todos velar por la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando una vida libre de violencias», señalaron.

La Administración Distrital afirmó que «esta administración no tolera, ni tolerará, vulneraciones, agravios y violaciones contra niñas, niños y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección». Enviaron un mensaje enfático de rechazo y aseguraron tomar acciones contundentes en el marco de la justicia ordinaria. «Bogotá debe ser un territorio donde los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar sus proyectos de vida en paz, con seguridad y garantías de dignidad».

 

Indígenas de Antioquia anuncian minga en Medellín y Bogotá por incumplimientos de acuerdos

Indígenas de Antioquia anuncian minga en Medellín y Bogotá por incumplimientos de acuerdos

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) anunció el miércoles 19 de junio que varias comunidades y resguardos del departamento realizarán una minga a partir del 22 de julio. Esta protesta se debe a los incumplimientos de los acuerdos previos por parte de los gobiernos nacional y departamental. La manifestación, denominada «Minga Indígena por la Vida, la Paz y el Buen Vivir», comenzará con una concentración en Medellín el 22 de julio y luego se trasladará a Bogotá, donde se espera que lleguen el 24 de julio para que el presidente Gustavo Petro escuche sus demandas y tome medidas para cumplirlas.

En un comunicado, la OIA expresó: “Esta minga, de carácter departamental y nacional, se lleva a cabo en respuesta al histórico incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental de Antioquia. Denunciamos la falta de implementación de las políticas públicas acordadas, que son fundamentales para el bienestar y desarrollo de nuestras comunidades. Los compromisos adquiridos por el gobierno no se han materializado, dejando a nuestras comunidades en situación de vulnerabilidad y desprotección”.

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William Pertuz Baltazar, representante legal de la OIA, destacó que esta protesta abarca tanto el ámbito departamental como nacional, y surge debido a años de incumplimientos por parte de sucesivos gobiernos. Entre las principales preocupaciones mencionadas por las comunidades indígenas se encuentran la desnutrición, la falta de vivienda digna, el acceso limitado a agua potable y la falta de disfrute del territorio, agravadas por el conflicto armado.

“Las promesas de paz siguen sin cumplirse. Nuestras comunidades continúan sufriendo las consecuencias del conflicto armado, enfrentando violencia, desplazamientos y amenazas. Exigimos la implementación efectiva de los acuerdos de paz y medidas concretas para proteger a nuestros pueblos”, afirmaron en el comunicado. También mencionaron la necesidad de acceso a la salud con enfoque diferencial étnico y medidas contra problemas como los feminicidios, el abandono y la pobreza.

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La OIA reafirmó su compromiso con una minga pacífica, buscando mejores condiciones y garantías en salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y disfrute libre de los territorios. “Reiteramos nuestra disposición abierta al diálogo con el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente de la República, Gustavo Petro. Esperamos que este diálogo sea una oportunidad para avanzar en la construcción de soluciones reales y efectivas que beneficien a nuestras comunidades”, concluyeron en la misiva.

Foto: Ernesto Guzmán/EFE

Decreto permitiría autonomía de pueblos indígenas

Decreto permitiría autonomía de pueblos indígenas

Solo falta la sanción presidencial para habilitar a las comunidades indígenas a gestionar su propio gobierno y administración

Bogotá, 14 de junio de 2024 – El presidente Gustavo Petro se prepara para firmar un decreto que permitirá a las comunidades indígenas de Colombia asumir su propio gobierno. Esta medida, anunciada por Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), busca que los pueblos indígenas gestionen sus territorios y establezcan sus propias autoridades, fortaleciendo sus derechos ancestrales.

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El decreto, en su fase final de aprobación, contempla la creación de sistemas de salud y modelos educativos basados en las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. López Maya explicó que esta acción responde a lo estipulado en la Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, que reconocen la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Durante un discurso en Ipiales, Nariño, López Maya afirmó: “Estamos en una mesa de diálogo permanente, especialmente con los indígenas del suroccidente colombiano. Antes de dos semanas tendremos el decreto que da el derecho para que los pueblos indígenas asuman su gobierno propio y sus propias autoridades, usos y costumbres”.

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Este decreto representa un avance significativo en la garantía de derechos para los pueblos indígenas y el movimiento social en general, permitiendo un desarrollo cultural acorde a sus tradiciones y necesidades históricamente desatendidas. La medida se espera que fortalezca la identidad y autonomía de las comunidades indígenas, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible.

Foto: Proyecto Madre Tierra

 

Familias Emberá Chamí buscan reubicación y reivindicación cultural en medio del desplazamiento

Familias Emberá Chamí buscan reubicación y reivindicación cultural en medio del desplazamiento

Comunidades Emberá Chamí buscan recuperar territorio y tradiciones en nuevo hogar tras desplazamiento forzado.

En medio de un contexto marcado por el desplazamiento forzado y la búsqueda de justicia, tres familias Emberá Chamí han iniciado un proceso de reubicación en el municipio de Calamar, Guaviare, en busca de un nuevo hogar donde puedan reconstruir sus vidas y preservar su identidad cultural.

Estas familias, que vivían en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, se vieron obligadas a abandonar sus hogares en julio de 2020 tras el asesinato de tres integrantes de su comunidad a manos de grupos armados ilegales. Gracias a un programa de protección a testigos liderado por la Fiscalía General de la Nación, fueron trasladadas a Calamar, donde han enfrentado diversos desafíos en su proceso de adaptación.

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Sin embargo, a finales de mayo de 2024, la Unidad para las Víctimas acompañó a estas familias en unas jornadas de fortalecimiento comunitario y rearmonización cultural, con el objetivo de garantizar sus derechos de acuerdo con sus costumbres y aspiraciones. Durante estas jornadas, las familias expresaron su deseo de reubicarse en un terreno propio y fértil donde puedan cultivar alimentos esenciales para su dieta tradicional y medicinal, así como para generar ingresos que garanticen su soberanía alimentaria y bienestar.

Familias Emberá Chamí buscan reubicación

Familias Emberá Chamí buscan reubicación

El proceso de reubicación implica la constitución de estas familias como un nuevo cabildo Emberá en Calamar, con autoridades tradicionales reconocidas por el Ministerio del Interior. Además, se está trabajando en la identificación y adquisición de predios para llevar a cabo su proyecto colectivo con el apoyo de instituciones como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas.

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En palabras de María Noreley Nuriquraza, una de las integrantes de estas familias: «Queremos tener nuestro resguardo y un territorio para cultivar y poder sentirnos bien, cultivando lo que es plátano, las papas, el tomate».

Este proceso resalta la importancia del apoyo continuo de las instituciones nacionales y regionales en la búsqueda de soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado, así como la necesidad de promover la participación activa y la autonomía de las comunidades indígenas en la defensa de sus derechos y la construcción de su futuro.

 

Rematriación de semillas de maíz nativas para comunidad indígena kamëntsá del Putumayo

Rematriación de semillas de maíz nativas para comunidad indígena kamëntsá del Putumayo

Foto: MinAgricultura

En una ceremonia en el cabildo Kamëntsá, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, y el director de Agrosavia, Jorge Mario Díaz, encabezaron la devolución de semillas de diez variedades de maíz que la comunidad indígena del Alto Putumayo había perdido.

El regreso de estas variedades, cruciales para fortalecer los sistemas agroalimentarios locales, es parte de los esfuerzos de los Sistemas Territoriales de Innovación liderados por Agrosavia, que involucran a todos los actores rurales para mejorar las capacidades agrícolas.

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Durante los diálogos, los líderes comunitarios señalaron la pérdida de variedades ancestrales de maíz, que son de gran valor socioeconómico para los Kamëntsá. El Ministerio de Agricultura, junto con Agrosavia, descubrió que estas semillas estaban almacenadas en el banco de germoplasma La Selva en Rionegro, Antioquia.

“Confiamos mucho en ustedes, ya que desde aquí se garantizará la alimentación basada en el maíz. Sin maíz, ninguna población podría sobrevivir. Creemos firmemente que la agricultura comunitaria es la que alimentará a Colombia y al mundo con alimentos sanos y orgánicos, sin químicos, sin deforestación y cuidando los ríos,” declaró la ministra durante la entrega de las semillas.

Semillas nativas

Semillas nativas

Según los registros del banco de germoplasma La Selva, las especies nativas de Sibundoy habían sido conservadas durante unos cuarenta años.

Luego de identificar el material, se acordó con la comunidad la mejor forma de devolver las semillas. Se decidió obtener más semillas a partir de una siembra que comenzó en noviembre del año pasado y concluyó a principios de mayo de 2024. Durante este tiempo, expertos del Departamento de Semillas de Agrosavia supervisaron la plantación constantemente para asegurar la calidad de las semillas entregadas.

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El director de Agrosavia explicó que este proceso busca devolver los derechos de los pueblos indígenas a conservar su agrobiodiversidad, empoderándolos para mantener su identidad y recuperar la memoria relacionada con la biodiversidad agrícola del territorio. Este esfuerzo es parte del Sistema Nacional de Reforma Agraria, facilitando el intercambio de conocimientos con los pueblos originarios del país.

“El resultado de este proceso, denominado rematriación, son dos kilos de cada una de las diez variedades de maíz recuperadas. Estas semillas serán entregadas a guardianas de las semillas, quienes se encargarán de conservar y custodiar estos granos para asegurar su continuidad para las futuras generaciones,” destacó el Ministerio.