El Consejo de Estado ordenó revisar la demanda que presentó EPM

El Consejo de Estado ordenó revisar la demanda que presentó EPM

La sanción ambiental llegó porque no contaban con la modificación que advertía los cambios que se hicieron a Hidroituango durante 2018 con la nueva construcción del túnel que se generó por cuenta de un taponamiento que dejó grandes daños en la infraestructura.

Un fallo del Consejo de Estado podría allanar el camino para que EPM se salve de pagar una millonaria multa por Hidroituango. El alto tribunal revocó el auto que rechazó una demanda de la empresa pública contra una sanción ambiental que le profirió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En la decisión, se ordena al Tribunal Administrativo de Antioquia examinar nuevamente si la acción jurídica cuenta con los argumentos necesarios para ser aceptada.

La demanda presentada por EPM buscaba tumbar la sanción ambiental de más de $5.500 millones que le impuso ANLA contra Hidroituango, una sociedad de la que hace parte EPM. La sanción, que data de enero de 2021, tiene que ver con el desarrollo de la construcción, el llenado y la operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, proceso en el que la sociedad habría incurrido en varias infracciones ambientales. Por esto, la Agencia los sancionó con alrededor de $5.500 millones.

A pesar de que la multa obedece a los daños ambientales que ocurrieron en la construcción de la hidroeléctrica, EPM aseguró que, a pesar de que modificaron el diseño de las obras, el impacto ambiental sería el mismo. “El Grupo Técnico Evaluador con base en la revisión del estudio del impacto ambiental (EIA) y la visita de campo, considera con relación a la construcción y operación del SAD, que no se presentarán impactos diferentes a los que ya fueron identificados, evaluados y valorados en el licenciamiento ambiental del Proyecto”, aseguraron en la demanda

Aida victoria condenada a 17 años de prisión

La hija de la exsenadora Aida Merlano fue condenada según el juzgado 20 de conocimiento de Bogotá.

El 1 de octubre de 2019 Aida Merlano se fugó mientras se encontraba en una cita odontológica, desde ese momento la Fiscalía comenzó una investigación para dar con los detalles del escape y de los responsables.

Según el fallo condenatorio, la encontraron culpable por los cargos que le había imputado la Fiscalía: uso de menores para la comisión de delitos y favorecimiento de fuga.

Según el código penal, por el uso de menores para la comisión de delitos pueden darle a una persona entre 10 y 20 años de cárcel. La ley, además, establece que en estos casos no se tiene en cuenta si el menor decidió colaborar con la actividad ilícita.

“El consentimiento dado por el menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”, explica la norma. También explica que si es un menor de 14 años podría aumentarse la pena, pero en el caso de Melano su hermano ya tenía 17 años.

Ahora bien, para el delito de favorecimiento de fuga el Código Penal contempla una pena de entre 80 y 140 meses de prisión. En otras palabras podría ser sentenciada a un periodo de entre seis años y medio, y once años y medio de cárcel.

Frente a este tema se pronunció en sus redes sociales con un video en el que expresó su tristeza

“En el fondo mi corazón, creo en la justicia”, Aida victoria que también es influencer y una estrella de las redes sociales, le contó a sus seguidores lo que dice la sentencia del juez 20 de conocimiento que la condena por haber participado en la fuga de su madre.

Como confirmó también su abogado Miguel Ángel del Río, se apelará la decisión. “Sí me condenaron hace unas horas. A diferencia de lo que la gente pueda pensar, que son cuatro años en donde no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que la Fiscalía está pidiendo es 17 años de prisión, sin acceso a casa por cárcel”, mencionó Aida Victoria en sus historias de instagram. 

El presidente Gustavo Petro llega a Buenaventura por enfrentamientos de Bandas Criminales

El presidente Gustavo Petro llega a Buenaventura por enfrentamientos de Bandas Criminales

En Cali se llevará a cabo el encuentro entre autoridades locales y del Valle con el Presidente Gustavo Petro.

El presidente Petro estará en las Instalaciones de la Segunda Brigada, ante presencia de autoridades locales, regionales y la cúpula militar. Después de este encuentro se reunirá con Leonardo Rentería, líder social de Buenaventura.

Esta reunión extraordinaria fue convocada con urgencia luego de que el alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal pidiera al Gobierno Nacional buscar soluciones al recrudecimiento de los enfrentamientos entre bandas criminales, y en contra de la policía.

Los enfrentamientos se han venido registrando de noche y a plena luz del día en el barrio Juan XXIII con intensas balaceras. En este sector los ‘Chotas’ y los ‘Espartanos’ se disputan el control territorial de la zona continental e insular. Frente a estos hechos se han decretado medidas como la ley seca desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

 

Para reducir asesinatos más de 2.000 auxiliares de policía saldrían de zonas de conflicto

Para reducir asesinatos más de 2.000 auxiliares de policía saldrían de zonas de conflicto

Con la orden impartida por el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, más de 2.000 auxiliares de la Policía que se encuentran prestando servicio en zonas de conflicto, serán trasladados a territorios en donde no haya incidencia de hostigamiento o intervención de grupos al margen de la ley o delincuencia que puedan atentar contra su integridad.

Cabe resaltar que la decisión se tomó luego del ataque terrorista perpetuado este viernes en San Luís, en el Departamento del Huila, vía Palermo, dejando ocho uniformados asesinados y tan solo un sobreviviente.

«Con la orden del señor presidente vamos a mirar cuántos auxiliares deberían salir de estas zonas donde hay mayor riesgo para ellos. Más o menos son unos 2.000 auxiliares que tendríamos que revisar», indicó el director de la Policía, general Henry Sanabria.

De esta manera, el presidente Gustavo Petro indicó su rechazó por el atentado y aseguró ya se encuentra en desarrollo una estrategia militar para dar con el paradero de los responsables, así mismo manifestó que medida de retirar a los auxiliares de la Policía, es un recurso que busca reducir los asesinados, que, en su mayoría, son de jóvenes de entre 18 y 22 años, el cual ha sido blanco de los atentados terroristas en el país a lo largo de su historia.

No puede haber más auxiliares de policía en las zonas que denominamos de conflicto. Hay que cuidar a esa primera juventud de dieciocho a veinte años, que equivale más o menos lo mismo que el servicio militar obligatorio en el caso de las Fuerzas Armadas, por su nivel de experiencia, que es bajo, por su condición, que es básicamente la de cumplir un requisito de ley. Esos muchachos y muchachas no pueden estar en sitios de alto riesgo donde se necesita capacidad, mucha más experiencia y más años”, indicó el presidente.

Con la nueva reforma política de Petro, la Procuraduría desaparecería

Con la nueva reforma política de Petro, la Procuraduría desaparecería

Se conoció en las últimas horas el borrador del proyecto de Acto Legislativo de reforma política, la cual radicará el Ministerio del Interior ante el Congreso de la República, y que tiene como objetivo reformas considerables en la elección de congresistas, la institucionalidad electoral como en las facultades que tiene la Procuraduría, con el fin de destituir a los funcionarios elegidos por voto popular, un acto el cual ha sido cuestionado por la manera en que se ha estado ejerciendo al parecer, para estropear la carrera política de contradictores de los gobiernos anteriores.

En uno de los puntos del proyecto de reforma política se expone quitarle las facultades a la Procuraduría y dice que los electos solo podrán ser destituidos por una autoridad judicial, así queda establecido en el primer artículo: “Las limitaciones de los derechos políticos a los servidores públicos de elección popular solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente.”

Según el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que señala que una autoridad de carácter administrativo como la Procuraduría no puede afectar los derechos políticos de un funcionario elegido por voto popular.

De esta manera, se crearía una nueva figura que tendría la facultad para destituir funcionarios públicos, gobernantes, la cual decidirá, con previa acusación de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de la República, sobre las sanciones disciplinarias o fiscales de funcionarios elegidos popularmente cuando impliquen separación temporal o definitiva del cargo e inhabilidades generales y especiales. “Deberá garantizarse siempre la doble instancia y las garantías procesales que se tienen en el proceso penal colombiano”.

Por último, también en el proyecto se establece la autorización para que se avale el transfuguismo por una vez, es decir, que los congresistas puedan ser candidatos por un partido diferente al que los avaló sin que eso signifique que tengan que renunciar a su curul o incurrir en doble militancia