La sanción ambiental llegó porque no contaban con la modificación que advertía los cambios que se hicieron a Hidroituango durante 2018 con la nueva construcción del túnel que se generó por cuenta de un taponamiento que dejó grandes daños en la infraestructura.
Un fallo del Consejo de Estado podría allanar el camino para que EPM se salve de pagar una millonaria multa por Hidroituango. El alto tribunal revocó el auto que rechazó una demanda de la empresa pública contra una sanción ambiental que le profirió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En la decisión, se ordena al Tribunal Administrativo de Antioquia examinar nuevamente si la acción jurídica cuenta con los argumentos necesarios para ser aceptada.
La demanda presentada por EPM buscaba tumbar la sanción ambiental de más de $5.500 millones que le impuso ANLA contra Hidroituango, una sociedad de la que hace parte EPM. La sanción, que data de enero de 2021, tiene que ver con el desarrollo de la construcción, el llenado y la operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, proceso en el que la sociedad habría incurrido en varias infracciones ambientales. Por esto, la Agencia los sancionó con alrededor de $5.500 millones.
A pesar de que la multa obedece a los daños ambientales que ocurrieron en la construcción de la hidroeléctrica, EPM aseguró que, a pesar de que modificaron el diseño de las obras, el impacto ambiental sería el mismo. “El Grupo Técnico Evaluador con base en la revisión del estudio del impacto ambiental (EIA) y la visita de campo, considera con relación a la construcción y operación del SAD, que no se presentarán impactos diferentes a los que ya fueron identificados, evaluados y valorados en el licenciamiento ambiental del Proyecto”, aseguraron en la demanda
